Para la última semana de agosto está prevista la sentencia en el juicio oral conocido como Orletti III y IV, en el que se juzgan los crímenes cometidos por los ex policías federales Ricardo Nerone, Oscar Gutiérrez y Aldo Ferrer, y por el ex agente de inteligencia César Alejandro Enciso, en perjuicio de los uruguayos Gerardo Gatti, José Luis Rodríguez Rodríguez, Roger Julien y Victoria Grisonas, y los argentinos Manuela Santucho, Cristina Navajas, Gustavo Gaya, Ana María del Carmen Pérez y Estela María Moya. Todos los crímenes fueron cometidos entre mayo y noviembre de 1976 en el centro clandestino Automotores Orletti, por donde pasaron la mayoría de los uruguayos desaparecidos en Argentina y que fuera el nido de la Operación Cóndor, el plan de extermino de opositores pergeñado por las dictaduras sudamericanas en los años setenta.
La particularidad de este juicio oral, iniciado el 4 de octubre pasado, radica en que la fiscalía y la querella lograron no sólo ratificar la existencia del GT5 (Grupo de Tareas 5) –conformado por policías federales bajo el mando del titular de contrainteligencia de la ex SIDE, el coronel Juan Ramón Nieto Moreno–, sino demostrar minuciosamente que su misión era la detención de extranjeros en Buenos Aires en colaboración con el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal argentina.
El primer juicio Orletti tuvo sentencia el 31 de marzo de 2011. Entonces fueron condenados, Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Eduardo Ruffo. El 27 de mayo de 2016 el tribunal oral 1 dictó la sentencia por el Plan Cóndor, que incluyó lo que se conoció como segundo tramo de la causa Orletti, y por el que fueron condenados el argentino Miguel Furci y el militar uruguayo Manuel Cordero.
Pablo Ouviña, fiscal general que ya participó del juicio oral por el operativo Cóndor, y su adjunta, María Mercedes Moguilansky, explicaron a Brecha las nuevas pistas arrojadas en esta investigación judicial.
—¿Qué novedades registraron en los casos de Gatti y Julien Grisonas, teniendo en cuenta los juicios anteriores de Orletti en 2011 y Cóndor 2016?
Pablo Ouviña —En cada juicio se analiza nuevamente la prueba porque nos sirve que determinados hechos ya fueron probados. Pero siempre se reactualiza la prueba. Fue importante probar, en relación al secuestro de Gatti, dónde fue llevado primero antes de Orletti. Lo trasladaron a Coordinación Federal, al mismo edificio donde probamos que en años anteriores había funcionado un centro clandestino de detención.
María Mercedes Moguilansky —Hubo un elemento que estaba presente en el juicio anterior, pero que en éste lo estudiamos mejor porque trabajamos justamente sobre la actuación del Departamento de Asuntos Extranjeros. Se trata de un documento de la Policía Federal en el que el jefe de Asuntos Extranjeros, coronel Juan Nieto Moreno, pide una felicitación para su personal. Como dice que por razones de seguridad no puede detallar de qué operativo se trata, hace un racconto de las tareas de inteligencia. Da cuenta que operaron sobre varias organizaciones. En el juicio pudimos reconstruir cuáles fueron esas víctimas y demostrar que el Departamento de Asuntos Extranjeros intervino en la primera y en la segunda oleada represiva contra el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). En el marco de la primera oleada, uno de los primeros secuestros fue el de Gatti y el de Pilar Nores. Demostramos que ellos primero fueron llevados al Departamento de Asuntos Extranjeros, y que el modo en que llegan a ellos es el mismo de otros operativos de detenciones llevados a cabo entre 1974 y 1975 contra otras organizaciones de exiliados políticos. Lo hicieron a través de la intervención de las casillas postales, para obtener información útil que les permitiera perseguir agrupaciones y desarrollar tareas de investigación. Nos dimos cuenta de que en el caso de Gatti habían usado esa modalidad. Así, Asuntos Extranjeros se vincula con el GT5 y con Orletti.
P O —A nosotros nos resulta relevante probar sistematicidad. Siempre tratamos de bucear en los antecedentes de los imputados y, en el caso de Nerone y Gutiérrez, además de su pertenencia al Departamento de Asuntos Extranjeros y luego al GT5, tratamos de indagar a qué actividades se dedicaban antes. Vimos que estaban familiarizados con esta modalidad sistemática de secuestros, interrogatorios y torturas previamente al golpe de Estado. Ellos no participaban por casualidad en estos procedimientos, sino que estaban habituados, por eso los llaman y los integran al GT5. Antes del operativo en casa de los Julien Grisonas, demostramos su participación en 190 detenciones.
—¿Qué casos anteriores configuran una cronología sobre los uruguayos?
M M M —Arrancamos desde mediados de junio de 1974, en lo relativo a organizaciones extranjeras en general.
El 2 de junio de 1974 se realiza un operativo en la calle México, en la capital.
Es uno de los antecedentes, en general, de la Policía Federal y en particular, de lo ocurrido con ciudadanos uruguayos. Detienen a más de cien personas y a todas se las ficha. Con eso ya tenían individualizado quiénes son y lo van a utilizar después. La información fue a Uruguay y se usó después en las persecuciones. Pero eso no es Plan Cóndor. Es coordinación represiva. El Cóndor nace en Chile en noviembre de 1975.
—¿Este es el primer juicio en el que aparecen tantos testimonios sobre Coordinación Federal?
P O —Sí. El antecedente fue el juicio por la Masacre de Fátima, donde fueron dinamitados 20 cuerpos de secuestrados en la localidad de Pilar. La mayoría de ellos habían pasado por el centro clandestino de detención que funcionó en Coordinación Federal y la sentencia se dictó en 2008.
Este de Orletti es el primer juicio en el que se trabaja sobre el Departamento de Asuntos Extranjeros que funcionó en Coordinación Federal. Hay dos causas ligadas a este caso que todavía están en etapa de instrucción en la justicia federal. Nosotros trajimos el testimonio de 18 personas respecto de hechos que no venían a juicio, pero que a nosotros nos sirvió para probar que hubo una sistematicidad en los procedimientos.
M M M —Trajimos víctimas de Asuntos Extranjeros que no estaban vinculadas con este juicio. La utilidad era dar cuenta de la sistematicidad de los procedimientos de los acusados y aprovechar esta situación para resguardar pruebas en juicios futuros.
P O —Eso ya lo habíamos hecho en el caso del juicio Cóndor. Demostramos un circuito represivo entre los centros clandestinos, el Pozo de Quilmes y el Pozo de Banfield, porque era muy concreto: personas detenidas en Banfield eran llevadas a Quilmes, y ahí pudimos comprobar la presencia de militares uruguayos.
M M M —Lo que sí quedó claro es que hubo varios uruguayos del PVP secuestrados en los primeros días de junio que pasaron primero por Coordinación Federal, y ahí sí pudimos empezar a investigar para ver si hay una relación previa entre Asuntos Extranjeros y Automotores Orletti.
—¿Está probado para ustedes que la caída de Roger Julien termina por desmantelar al PVP en Argentina?
P O —No. En el juicio Cóndor establecimos a grandes rasgos cuál era la estructura del PVP, quiénes eran los responsables de los cuatro sectores de ese partido y qué había pasado con ellos. Lo último en caer fue el sector militar del PVP, porque se había aislado ante la seguidilla de caídas de otros integrantes de la organización, entre junio y julio de 1976, un período que termina con el primer vuelo de Orletti a Montevideo. La segunda oleada represiva ya está dirigida a lo poco que quedaba del PVP, es decir, el sector militar. Por la compartimentación que tenían, habían quedado descolgados del resto; no sabían dónde estaban o apenas se conocían.
M M M —Había objetivos muy puntuales en esa segunda oleada y el dinero del PVP era uno de esos objetivos. La secuencia de caídas de Adalberto Soba, Alberto Mechoso y Roger Julien prácticamente termina de cerrar, para los represores que estaban detrás del dinero, el círculo. Lo cual no significa que después no hayan caído otras personas, como Zaffaroni.
—¿Se pudo ventilar algo más sobre el papel jugado por el delator Carlos Goessens, al que llamaban el “Karateca”?
M M M —El rol de Goessens que nosotros mencionamos en este juicio ya había aparecido en el juicio por el Plan Cóndor. Hay víctimas que mencionan al Karateca Goessens. Pudimos comprobar que el sector militar del PVP estaba dividido en dos fracciones, una liderada por Julien y la otra por Goessens. ¿Cómo supieron las víctimas sobrevivientes el papel jugado por Goessens en las caídas de compañeros? Puede ser por inferencia, porque varios de los que fueron secuestrados cayeron cuando tenían fijados encuentros con Goessens. La otra fuente fue el libro del represor José Nino Gavazzo, Mi testimonio, de 2012.
M M M —Una referencia que dio en el juicio Cóndor Pilar Nores fue que ella había conocido al Karateca unos meses antes. Habían trabajado juntos en el mismo equipo y una de las tareas que se les había encomendado era que llamaran desde Buenos Aires a una dependencia militar en Uruguay. Les habían dado un número telefónico y ellos tenían que trasmitir un mensaje de parte del PVP. Ella mencionó este dato para mostrar que Goessens tenía ese número de teléfono. No puedo decir nada más.
—Con esta comprobación de sistematicidad en el caso del Departamento de Asuntos Extranjeros y la producción de nueva prueba legal, ¿es posible que ahora se abra la posibilidad de seguir investigando esa área ligada a la Policía Federal?
M M M —Sí, pero por ahora no podemos hacer más referencia a esto para no entorpecer la investigación. En este juicio se presentaron testimonios de 18 personas que no habían declarado en ningún juicio oral anterior. Las convocamos para comprobar la metodología seguida por el Departamento de Asuntos Extranjeros. Fue algo nuevo. El punto conector es Orletti con la Policía Federal y la actuación del GT5.
