Couto agradece que se lo consulte. Es presidente de la Asociación Antipiratería de Software desde su fundación, en enero de 2014. Estuvo al frente de todo ese proceso. La asociación, según Couto, está integrada por “20, no, son 27 contando las personas físicas, que es lo que exige el trámite de personería jurídica que obtuvimos en el Mec”, afirma. Declina dar detalles de quiénes son esos 27 integrantes, excusándose en la privacidad de los clientes, pero aclara que pertenecen a tres ramas vinculadas al software: marcas, importadores mayoristas y vendedores locales.
Couto es abogado y tiene un estudio jurídico –Couto Bandzul y asociados–, ubicado en una oficina en la calle Ciudadela. La misma dirección que tiene la Asociación Antipiratería. Pero su estudio no forma parte de la asociación, sí integra la Cámara Antipiratería del Uruguay, junto a otros dos estudios jurídicos: Cikato abogados y Vanrell Propiedad Intelectual. La cámara es joven, fue fundada a mitad de 2012 y también es presidida por Couto.
EL MECANISMO. La Asociación Antipiratería tiene a un empleado dedicado a buscar empresas que puedan estar utilizando algún software sin las licencias correspondientes. “Se los contacta, pidiéndoles que llenen un formulario que incluya las licencias de los programas. Lo vamos haciendo por localidad y por rubro. Hemos logrado un altísimo índice de regularización voluntaria. Incluso les proporcionamos el asesoramiento que muchas veces las empresas no tienen. Si nos mandan las boletas de compra, el proceso se cierra.”
Pero si el proceso no se cierra así, el paso siguiente es la judicialización. Couto está al frente de todo el proceso, dice. “Soy yo solo para todo el país, soy quien está moviendo este tema”. Es encargado de presentar las denuncias en la justicia civil para obtener una orden de allanamiento de los locales que serán investigados. La lista de los periódicos fiscalizados hasta el momento es amplia e incompleta. Ni la propia Organización de la Prensa del Interior (Opi) tenía, al cierre de esta edición, una idea acabada de cuántos periódicos fueron visitados por la Asociación Antipiratería. Entre los confirmados están: el semanario Noticias, de Juan Lacaze, Primera Hora, de San José, La Semana, de Libertad, El Heraldo y El Buscador, de Florida, La Democracia, de San Carlos, los periódicos Norte y Jornada, de Rivera, el Semanario Minuano, Todas las voces, de Sarandí del Yi, los semanarios Acción, Crónica y Entrega 2000, de Mercedes, El Acontecer, de Durazno, y por supuesto las redacciones de Nueva Palmira y Carmelo del semanario El Eco. Fueron también allanadas al menos cinco imprentas en los departamentos de Colonia, Artigas, Cerro Largo y, según publica el diario sanducero El Telégrafo, cayeron en tres imprentas de Paysandú el pasado martes 24.
“Una vez que el proceso se judicializa, acepto como interlocutor únicamente al abogado de la empresa, no hablo más con los involucrados. Está todo muy documentado, no hago ningún tipo de negociación para evitar que se vea como un lucro o un negocio. Que la persona esté debidamente asesorada. Si no es con el abogado, no hablo”, se apura a explicar Couto. Cabe explicar que quienes concurren como “peritos idóneos” junto a la Policía en los allanamientos son los propios integrantes de la Asociación Antipiratería, los mismos que antes hicieron la denuncia.
Couto explica que ese rol les fue dado por un protocolo de actuación, aprobado por el Ministerio del Interior en octubre de 2013.
En los casos de los periódicos mencionados, los peritos tasaron las infracciones en sumas que van de 15 mil a 40 mil dólares. Ante esa perspectiva, los allanados apelaron a la negociación. La mayoría terminó pagando un monto cercano a los 2 mil dólares.
—¿Por qué hay tanta diferencia entre lo estimado y lo que finalmente se les terminó cobrando?
—La prioridad no es cerrar empresas. Son juicios civiles, se les puede reclamar de una a diez veces el valor del software. Lo importante es que quien se regulariza ingresa al sistema –explica el abogado.
—¿Adónde va el dinero recaudado? ¿Financia a la asociación?
—No, la Asociación Antipiratería es sin fines de lucro. Pero ese es un tema reservado entre las marcas y yo. Eso es un tema aparte.
El pago de las cifras negociadas entre la asociación y el allanado, habitualmente se documenta, según pudo saber Brecha, mediante recibos que expide y firma el propio Fernando Couto por concepto de “honorarios profesionales” (véase facsímil en esta página). Además del pago de esos “honorarios”, los periódicos debieron adquirir el software original que la asociación les reclama y luego presentar la factura. Según dice Couto, el procedimiento de El Eco fue “la excepción”. La norma viene siendo la negociación.
EL ECO. Couto denunció dos veces a El Eco. Una para fiscalizar y la segunda, dos días antes de Carnaval, para que se incautaran los equipos con los que se edita el diario. Los detalles de lo ocurrido entre las partes en el último año difieren radicalmente según quién los cuente. Couto dice que vienen persiguiendo al semanario desde hace un año. Daniel Roselli, uno de los directores del periódico, lo desmiente tajantemente: fueron contactados en octubre de 2014 y ya habían comenzado un proceso de migración al software libre, como lo prueban las computadoras intactas en su redacción de Carmelo. El perito de la requisa en la redacción de Nueva Palmira fue el propio Couto. Desde el semanario se lo señala como el responsable de dirigir el operativo. Couto esquiva el bulto, que lo dirigió la justicia, dice. No había ningún funcionario judicial presente, se le retruca. “Sí, la Policía”, responde.
La voz que viene a terciar en la lectura de lo sucedido es la del abogado Edison Lanza, relator para la libertad de expresión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Dice que lo grave del asunto es la habilitación judicial a un procedimiento que no protege la libertad de expresión, ni el trabajo de las publicaciones independientes, y que favorece, en este caso, la propiedad intelectual de una multinacional. “Hay un patrón emblemático que se puede repetir con otros medios en el Interior, que son la voz crítica, que hacen investigación periodística más a fondo. Se utilizan mecanismos indirectos para silenciarlos, acciones judiciales eternas e infundadas. Es una suerte de pinza que amenaza al periodismo independiente local”, reflexiona Lanza.
El Eco es un semanario con tradición y capacidad de investigación y es posible que las computadoras incautadas guarden información sensible. Trabajan en él unos diez periodistas y da empleo a unas 30 personas entre sus dos redacciones. Sería injusto tildarlo de “chico” si se recuerda cómo sus investigaciones fueron parte del proceso que llevó al procesamiento del ex intendente de Colonia Walter Zimmer.
De vuelta en el allanamiento. Cuenta Roselli: “Llevaban las computadoras en la caja de la camioneta de la Policía. Atrás iba Couto en un auto. Primero fueron a la redacción de Carmelo, después volvieron a Colonia. Lo que para nosotros es material precioso, que guarda información, se lo llevaron en la caja de una camioneta. Ahora están en la Jefatura de Policía de Colonia, pero ¿quién nos asegura que no están entrando en nuestras computadoras? No fueron precintadas, no hubo ningún alguacil de la justicia presente en el operativo”.
Brecha le preguntó a Couto por la preocupación de Lanza, la idea de poner en jaque a medios independientes que ofician de garantes democráticos: “Nadie los obliga a usar el software de mis representados. ¡No tenían ni los drivers originales! Les gusta usarlo pero no pagarlo”, respondió.
El mecanismo sigue en pie. Couto afirmó en una entrevista realizada en el programa Rompkbzas (El Espectador, 26-II-15) que hay seis procedimientos más, destinados a empresas de Montevideo. Couto confirmó a Brecha que presentó seis denuncias ante el Poder Judicial, y según dijo, sólo resta formular la comunicación a las áreas de la Policía que realizarán el procedimiento.
