Recortes en los fondos para el cine nacional

Otra vez en peligro

El guionista y director Matías Ganz, miembro de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, conversó con Brecha acerca del proyecto que cancela el ajuste anual automático del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, que sostiene al Instituto de Cine. La derogación ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se está tratando en la de Senadores.

Matías Ganz, miembro de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay. Mauricio Zina

—¿Cómo funciona la Ley de Cine y de dónde saca sus recursos?

—En 2008 se creó la Ley de Cine y, con ella, el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, al que se le asignaron, en ese momento, 25 millones de pesos. Este fondo financia, a su vez, al Instituto del Cine (ICAU). El ICAU distribuye recursos para el desarrollo y la realización de las películas, pero, además, financia muestras, festivales, el posicionamiento internacional, la distribución interna, la formación técnica… Un fondo del Estado es un capital semilla para una película, porque es el primero. Con ese dinero y el reconocimiento nacional que significa, las películas salen al exterior para completar su financiamiento. Está calculado que, por cada peso que reciben del Fondo de Fomento, los productores consiguen entre tres y cuatro pesos más, ya sea de otros fondos internacionales o del financiamiento privado. Otra cosa no menor es que, en realidad, es un fondo reembolsable: si la película consigue los recursos suficientes, debe devolverlo.

—¿En qué consiste la derogación que se está llevando a cabo en el Parlamento?

—El fondo está establecido en pesos uruguayos. Entonces, cada año se desvaloriza en relación con el Índice de Precios del Consumo. El audiovisual es un sector muy dolarizado y los proyectos son a largo plazo: cada película lleva más o menos cinco años. Ya desde 2008, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) empezó a trabajar para conseguir que el fondo se ajustara todos los años. En 2015 aún no lo habíamos logrado y el fondo había quedado en un 60 por ciento de su valor. Ese año, mediante negociaciones e intervenciones públicas, conseguimos una partida extra de 18 millones de pesos, con lo que el fondo se ajustaba al valor de ese momento. Pero, aun así, se siguió luchando, y en 2018 conseguimos que el Parlamento votara de forma unánime la indexación automática, anual. Así, en 2019 y 2020 el fondo se reajustó automáticamente. Lo que deroga el artículo 186 de la Ley de Presupuesto es esa indexación.

—¿Y el fondo se reduce?

—El presupuesto no dice que le van a dar menos plata al cine, pero toca la herramienta formal que hace que el fondo no se desvalorice. Eso es muy perjudicial, porque lo que era una política de Estado y no dependía de la voluntad política de ningún gobierno ahora pasa de nuevo a depender de esa voluntad.

—¿Por qué hablás de política de Estado?

—Porque si es ley, se mantiene, esté el partido que esté. Tenemos entendido que este gobierno pretende generar políticas de Estado con el sector. Es más: ha dado muestras de eso. Por ejemplo, habló de potenciar el plan Uruguay Audiovisual, que era un plan piloto que tenía el gobierno anterior. El problema es que ese apoyo es una herramienta para películas que están en la fase de finalización, que ya tienen el financiamiento asegurado. La pérdida de la indexación se mete con el primer financiamiento de las películas. Y si vos no tenés ese fondo, no podés salir afuera a buscar otros.

—¿En qué estado se encuentra la industria audiovisual nacional?

—Desde México para abajo, Uruguay es el único país donde se está filmando. Es histórico: en este momento se están realizando cuatro series, de Netflix y de Amazon. Esto no es importante sólo para el cine, porque un 60 por ciento de los presupuestos de las películas se derrama en actividades conexas: catering, gastronomía, hotelería, transporte. El resto se va en salarios. Hay 1.500 técnicos que trabajan de forma directa y aproximadamente 3 mil estudiantes que están preparándose para acceder al mercado laboral. Si realmente se le da un apoyo a esta industria, puede explotar. Es importante que las empresas vean que hay una estabilidad en las políticas públicas que apoyan al sector. Viene Netflix a hacer una serie y vos le mandás el currículum de un fotógrafo. Si el tipo tiene tres películas hechas –que se hacen con estos fondos–, es una cosa; si salió de la escuela y es fotógrafo, pero no hizo nada, no lo van a tomar.

—Y en términos culturales, ¿cuál es el sentido de tener un cine nacional?

—Por un lado, ver nuestras propias historias siendo contadas en la pantalla: eso valoriza nuestro estilo de vida, nuestra idiosincrasia. Si sólo recibimos representaciones audiovisuales de otros lugares, termina pareciendo que las únicas formas de vivir y sentir que existen son esas. Por otro lado, el cine nacional es una forma de vender al país. Esta gente de Netflix y otras plataformas viene porque vio las películas uruguayas que fueron a festivales y obtuvieron reconocimientos.

—Y Netflix, ¿paga algún impuesto para nutrir los fondos de cine?

—El Fondo de Fomento se financia con Rentas Generales. La Asoprod viene peleando por un impuesto direccionado para que el cine se autosustente, pero en Uruguay no es una práctica habitual. El gobierno anterior sí le puso un impuesto a Netflix. Se calculó que el año pasado pagaron como 25 millones de dólares. Es un 30 por ciento del dinero que recaudan en Uruguay. Pero eso va a Rentas Generales y después se redistribuye.

—¿Y qué pasa con la distribución y la promoción locales?

—Gran parte del Fondo de Fomento se invierte en la promoción de películas uruguayas dentro del territorio. Hay fondos específicos para el lanzamiento, tanto en Montevideo como en el Interior. Sin apoyo financiero es poco probable que las películas salgan de la capital, porque no te dan los costos.

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