No ha sido el único. En un contexto de profunda crisis económica, el Estado brasileño lleva adelante, en medio de escandalosas revelaciones sobre su corrompido engranaje, una ofensiva en contra de los derechos laborales, organizada desde distintos frentes, involucrando a personajes clave de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Están retirando derechos históricos y legalizando formas de explotación del trabajo ya utilizadas por las principales ramas productivas en Brasil, como el trabajo tercerizado, el trabajo temporario e intermitente, el trabajo análogo a la esclavitud, entre otros. Los gobernantes dicen que es para dar “seguridad jurídica” al empresariado y “modernizar la ley”. En realidad buscan reducir los costos de contratación y despido, facilitando que los patrones puedan utilizar la fuerza de trabajo cuando sea necesario y luego descartarla como si fuera una mercancía desechable cualquiera que se avienta a la basura.
La reforma laboral (Plc 38/2017), un proyecto del gobierno de Michel Temer, trata no sólo de rebajar el piso –ya de por sí bastante débil– de la legislación laboral, sino transformarlo en un techo, o sea, establecer un marco dentro del cual los derechos del trabajador pueden ser reducidos según lo negociado entre empleado y empleador.
En esa negociación, que se vuelve individual, el patrón y el trabajador pueden firmar contratos que reduzcan el costo del despido, aumentar la jornada diaria y disminuir el tiempo de descanso y de comida, utilizar un “banco de horas” para evitar el pago de horas extra, y las pausas para la lactancia materna las tendrá que negociar la mujer trabajadora con el empleador.
La negociación colectiva permitirá establecer términos inferiores en 15 puntos de la ley, sobre todo en lo que se refiere a la jornada laboral y la remuneración. En paralelo, permite que la representación de los trabajadores en las negociaciones con los patrones se realice por una “comisión de representantes”, en cuya elección está vedada la participación del sindicato. Eso aumenta la cooptación de representantes e implica un duro golpe a la organización sindical.
Otros cambios importantes que establece esta ley son: ampliación del período de trabajo parcial (pasa de 25 a 30 horas); libera el trabajo autónomo; facilita y abarata el despido inmotivado; instituye el trabajo intermitente o “jornada cero hora” (en la que el trabajador debe estar a disposición para cuando lo llame el patrón); instituye el teletrabajo (trabajo remoto, desde el hogar); permite que las embarazadas puedan trabajar en locales insalubres (si un médico las autoriza); acaba con la contribución sindical obligatoria.
En una clara manifestación de manipulación y selectividad, pocas horas después de aprobada la reforma ha ganado los titulares de los medios de comunicación la condena en primera instancia del ex presidente Lula, acusado de corrupción. Lanzaron una cortina de humo para desviar la atención de los ataques a los trabajadores. En paralelo, el mismo Congreso que aprobó la medida hacía todo tipo de maniobras para salvar a Temer, comprobadamente involucrado en casos de corrupción.
DE SEGUNDA CLASE. Otro ataque al trabajo vino con la aprobación por los diputados de la ley 13.429/17, que permite la tercerización de la fuerza de trabajo incluso en las actividades principales de una empresa.
Los trabajadores tercerizados pertenecen a una especie de “segunda clase”: reciben salarios más bajos, tienen jornadas más largas y extenuantes, suelen ser las principales víctimas de enfermedades, accidentes y muertes en el local de trabajo.
La ley aprobada dificulta que la empresa contratante del servicio sea responsabilizada en el caso de que las tercerizadas no cumplan con las obligaciones laborales. También amplía la posibilidad de utilización del contrato temporario: aumenta de 90 a 270 días el límite de duración de esa modalidad contractual, que prevé condiciones inferiores.
TRABAJAR HASTA LA MUERTE. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso hizo una reforma en la jubilación de los trabajadores del sector privado en 1998. Lula completó el ataque reformando la jubilación del sector público en 2003. Ahora Temer acelera la marcha por una nueva y más profunda reforma en la previsión social, para aumentar la edad y el tiempo de contribución para acceder al derecho, llegando al absurdo de proponer que un trabajador contribuya durante 49 años para recibir su jubilación integral, inviabilizando ese derecho para millones de personas.
Lo justifica por un supuesto déficit en las cuentas que, sin la reforma, podría inviabilizar el sistema. Datos de la Asociación Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal lo desmienten: las cuentas de la previsión social son superavitarias año tras año.
El verdadero objetivo de la reforma consiste en el saqueo del ahorro de los trabajadores por parte del sistema financiero, además de la mercantilización del derecho con la venta de fondos privados de jubilación.
Por otra parte, actualmente se está tramitando en el Congreso la propuesta de reforma del trabajo rural (proyecto de ley número 6442/2016, del diputado Nilson Leitão, del Psdb-MT), que prevé que las empresas paguen al trabajador “con salario o remuneración de cualquier especie”, o sea, con vivienda y comida. También permite que la jornada laboral sea ampliada hasta 12 horas diarias y que un trabajador pueda estar 18 días seguidos trabajando sin un descanso semanal.
Modernizar, para los latifundistas brasileños, significa constitucionalizar su arcaica costumbre, nunca abandonada, de usar fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud en el agronegocio.
La magnitud de la crisis económica en que se encuentra Brasil es vista por el empresariado como una oportunidad para avanzar en este conjunto de reformas impopulares. Pero la dificultad de aprobarlas también genera crisis de gobernabilidad, que ya resultó en la ilegítima deposición de Dilma Rousseff y ahora amenaza derrumbar al usurpador Temer. La indefinición sobre quién gobierna no ocurre cuando se trata de la agenda del Ejecutivo: para las clases dominantes lo importante es avanzar en la desvalorización de la fuerza de trabajo.
Los trabajadores reaccionaron. El éxito de la huelga general organizada por las centrales sindicales el 28 de abril frenó parcialmente la tramitación de las reformas y provocó escisiones en el bloque dominante. Un nuevo paro, el 30 de junio, tuvo menos adhesión, al parecer como resultado del aumento de la presión patronal sobre los trabajadores y la desmovilización de algunas de las centrales sindicales, que diluyeron la huelga general en una “jornada de lucha” y en la consigna de elecciones “directas ya”.
Esto demuestra que sólo la lucha organizada por los trabajadores tiene el poder de frenar la ofensiva del capital en Brasil. Hay disposición y potencial para tal posibilidad, incluso para revertir los ataques ya plasmados. Sin embargo, urge unificar las consignas en torno a las prioridades de los de abajo, y no quedar rehén de las agendas políticas impuestas por los de arriba.
* Sociólogo.
