Par de apriete – Brecha digital

Par de apriete

La Intendencia de Maldonado contratará a una empresa privada para que gestione el cobro de una cartera de deudores por contribución inmobiliaria y tributos afines, estimada en 30 millones de dólares de capital inicial. El gobierno blanco argumenta que la gestión pública es ineficiente, aunque durante los dos gobiernos frenteamplistas la morosidad cayó en 20 puntos porcentuales.

Los contribuyentes de Punta del Este dejaron de ser los principales deudores / Foto: Leonidas Martínez, Archivo

La cartera que la Intendencia de Maldonado (Idm) pondrá en manos de privados está compuesta, en su etapa inicial, por morosos que abonan por encima de los 10 mil pesos anuales de contribución y cuya deuda no estaba en ejecución judicial al 24 de diciembre de 2015. No obstante, el pliego de la licitación pública establece que ese listado se actualizará en forma trimestral y abre la chance de incluir “otros tributos y precios” en cada actualización.1 De modo que, en poco tiempo, el gobierno podrá agregar morosos por concepto de concesiones, tasa de publicidad y propaganda en espacios públicos, alquileres, etcétera.

Otro tanto ocurrirá con los litigios y juicios ejecutivos tributarios que llevan adelante abogados de la intendencia y que se cuentan por decenas. Aunque la idea del gobierno departamental es que la adjudicataria se enfoque en la recuperación de activos por vía extrajudicial, ésta podrá asumir los casos en curso si la administración considera que no se tramitan con la celeridad deseada. También podrá accionar contra los deudores que no acepten acuerdos extrajudiciales.

Según indicó el prosecretario Álvaro Villegas, al aportar a Brecha la información de marras, durante 2016 no se abrieron nuevos juicios porque ya estaba previsto modificar la gestión de cobro.

El rumor de la tercerización circuló poco después de que Antía contratara al ex ministro colorado Isaac Alfie para intervenir en aspectos presupuestales y financieros de la Idm. En marzo el intendente lo confirmó, aduciendo que está “obligado a hacer ajustes” debido a una “razonable” morosidad. En los hechos, esa morosidad era bastante inferior a la que él mismo legó al Frente Amplio tras su primer mandato: en 2005 la tasa se situaba en 30 por ciento (según informó el director de Hacienda de la época) mientras que en 2015 fue de 12.5 por ciento. En 2014 resultó aun inferior.

Otro efecto de la política frenteamplista de recuperación de activos es que los contribuyentes de Punta del Este dejaron de ser los principales deudores para transformarse en los más cumplidores. “Considerando la recaudación y la emisión de recibos, los esteños tienen 83 por ciento de cumplimiento, seguidos por los contribuyentes de La Barra, con 81 por ciento y Manantiales, con 80 por ciento”, detalló Villegas. En San Carlos es de 64 por ciento y en Piriápolis, de 54.

DESPEJAR LA INCÓGNITA. Durante 2014 y 2015 la intendenta Susana Hernández ejecutó un programa de mejoramiento de la gestión tributaria que implicó la adquisición de software y la capacitación de funcionarios para desarrollar el cobro de adeudos con mayor efectividad. Hace poco más de un mes, la misma empresa que proveyó esos servicios al gobierno frenteamplista (Geocom) fue contratada en forma directa por Antía; los análisis sobre la evolución y distribución de la morosidad realizados por esta firma contribuyeron a depurar el listado de deudores que se entregará a los cobradores privados, reconoció Villegas. Para la dirección de Hacienda, empero, el programa Recuperación de Activos Tributarios impulsado por Hernández resultó “muy casero” y “no tuvo resultados sustanciales”.

Por otra parte, el primer plan de regularización de adeudos de la administración Antía venció en abril y permitió a la Idm recuperar 391 millones de pesos. El 77 por ciento de los convenios se está cumpliendo, celebró el prosecretario. Entretanto, existe otro plan especial de regularización aprobado en agosto, que se instrumentaría durante el presente mes.2 Pero no parece suficiente. “Aun con estos planes queda una porción importante de deudores. Los métodos tradicionales no han podido abatir la morosidad estructural y hay un promedio de 280 millones de pesos que la intendencia pierde cada año por prescripción de deudas”, argumentó Villegas.

Con todo, la ecuación que llevó al PN a elegir la tercerización como la vía más redituable para recuperar activos es una incógnita. No hay cálculos ni estimativos que contrasten la gestión pública con la privada. O, al menos, el prosecretario no los conocía al momento de la entrevista.

MIRANDO A SALTO. El PN espera que la gestora recupere, por lo menos, un tercio de los activos durante el servicio que finalizará el 30 de junio de 2020. Antía hizo cuestión de no exceder su período de mandato porque, de lo contrario, tenía que someter el proyecto a consideración de la Junta Departamental y difícilmente habría encontrado votos en la oposición. Por el mismo motivo, descartó la posibilidad de pedir a la adjudicataria un anticipo a cuenta de la recaudación, sobre todo mirando la traumática experiencia de una licitación muy similar adjudicada en Salto por el intendente colorado Miguel Barreiro en 2014.

En 2015 el intendente frenteamplista Andrés Lima rescindió el contrato con la adjudicataria Perwil SA (dirigida por el hermano del político nacionalista Aldo Lamorte) y negoció el pago de 92 millones de pesos. De éstos, 76 millones correspondían a ese anticipo que tenía rango de préstamo e incurría en una clara violación de la normativa de administración financiera, según dictaminó el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, Lima sostiene que actuó por una concepción ideológica, más allá de la irregularidad. Lo movió el ánimo de defender la gestión con personal de Tributos y abogados de Jurídica, en lugar de pagar altas tasas a una empresa privada por concepto de comisiones y exponer a los ciudadanos a injustas persecuciones, resumió a Brecha esta semana. “Perwil se llevaba hasta el 14 por ciento del cobro efectivo y además percibía un monto fijo de 1.8 millones de pesos mensuales. Contaba con información sobre los bienes de los deudores –la Intendencia de Salto le aportaba el registro de contribuyentes– y la utilizaba para elegir sobre quiénes actuar. También había gente con voluntad de pago, pero que se exponía a juicios si no aceptaba las condiciones propuestas”, amplió. En Salto, la morosidad por contribución y tributos conjuntos superaba el 40 por ciento al momento del llamado público.

A RESGUARDO. Descartada la pretensión de aprovechar la tercerización para conseguir un adelanto a modo de préstamo, lo único que tendrá la Idm son los depósitos por garantía de mantenimiento de oferta y garantía de mantenimiento de contrato definidos por el Tocaf. En este último caso, el adjudicatario depositará “en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza”, una garantía equivalente al 5 por ciento de la oferta. Ese monto le será reintegrado al finalizar el contrato y no podrá usarse con otros fines mientras duren los servicios de la adjudicataria.

Por otra parte, Villegas descartó que el nuevo régimen de cobro vaya a afectar a los deudores de menos recursos. “La gente que paga mínimos es una enorme cantidad. Además, salvo en Punta del Este y La Barra, la mayoría de los contribuyentes paga hasta 10 mil pesos y no entra en el listado de morosos a tercerizar. Esos están resguardados”, garantizó. Además sostuvo que “todos los instrumentos de la legislación departamental en cuanto a facilidades de pago, quitas, esperas y convenios estarán al alcance del deudor y seguirán firmándose con la Idm”. El prosecretario no pudo explicar cómo afectará a los contribuyentes morosos el reaforo de propiedades previsto por Antía. Las planillas que, por efecto de esta modificación, pasen a superar los 10 mil pesos seguramente ingresarán a la cartera tercerizada. Pero Villegas consideró prematuro ingresar en ese terreno. “Al día de hoy no hay ninguna iniciativa en la Junta, aunque está a estudio”, reconoció, para recordar que esa posibilidad está abierta desde que el último presupuesto quinquenal ratificó la vigencia de normas aprobadas con ese fin durante la primera administración del nacionalista Domingo Burgueño. En marzo Antía blanqueó sus intenciones en una radio local y adelantó que el reaforo abarcará a propiedades de todo el departamento “porque hay situaciones que no son justas”, sobre todo en San Carlos y Piriápolis.

Como sea, ni este plan ni la tercerización de morosos ocupan a la oposición por estos días. La licitación se libró a principios de setiembre, pero recién esta semana fue divulgada a través de la web de la Idm. Aunque el texto del pliego de condiciones tiene muchas similitudes con el fallido proyecto de Salto, ni frenteamplistas ni colorados lo han analizado.

  1. La licitación n° 28/2016 está disponible en el sitio www.comprasestatales.gub.uy y en la web de la Idm.
  2. Decreto 3953, disponible en www.juntamaldonado.gub.uy

 

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