En las últimas décadas se han logrado avances significativos en el país y en la región con relación al reconocimiento del derecho de las mujeres y de las infancias a una vida libre de violencias. Esto supuso un cambio en la concepción del problema: se logró trascender las interpretaciones de la violencia como un problema interpersonal, vincular o patológico y se reconoció que es una expresión de poder, sometimiento y dominación. Se la reconoció, además, como un problema público, que vulnera derechos y que debe ser abordado desde el Estado.
Pero a medida que se avanzaba se fue gestando una contraofensiva patriarcal, que actualmente se organiza desplegando distintas estrategias de carácter global. En consecuencia, estos movimientos antiderechos también se han instalado en Uruguay y en la región.
Su principal estrategia es atacar la categoría de género como matriz explicativa de este tipo de realidades y acuñar el término ideología de género. Asimismo, difunden discursos de posverdad que afirman, por ejemplo, que la violencia no tiene género, que la mayoría de las denuncias son falsas y que las mujeres tienen «exceso de derechos», y aseguran que actualmente son los varones los que sufren la discriminación. Por si fuera poco, se ataca al movimiento feminista utilizando términos como feminazi y se pretende instalar una división entre un supuesto feminismo «bueno» y un feminismo «malo o radical».
En el movimiento antiderechos existen algunos grupos que se presentan como víctimas de un sistema que supuestamente favorece a mujeres –manipuladoras y mentirosas–, que por despecho o rencor los estarían alejando de sus hijos e hijas. Estos colectivos presionan para lograr leyes de custodia o tenencia compartida obligatoria, para derogar las leyes de igualdad y de protección frente a las violencias, y para que se penalice a las mujeres que, a su entender, promueven denuncias falsas. Muchos de sus miembros, a su vez,tienen medidas de protección y enfrentan procesos judiciales por violencia hacia sus hijos e hijas.
Principales estrategias y argumentos:
— Reclaman la tenencia compartida de sus hijos e hijas utilizando el argumento de la corresponsabilidad parental, instrumentalizando a los niños y niñas para hostigar a sus parejas.
— Intentan instalar la idea de que la violencia no tiene género, cuestionan las estadísticas y entienden que la violencia es meramente un problema de salud mental.
— Frente a situaciones de violencia sexual, ponen en tela de juicio las denuncias que se realizan, calificándolas de falsas, y aducen que las mujeres denuncian para obtener réditos económicos y perjudicar a los varones.
— Creen que las mujeres tienen más derechos y privilegios que los varones y que las mujeres prevalecen, de alguna forma, en los ámbitos judiciales. En algunos casos afirman que las mujeres «tienen hijos para vivir de las pensiones alimenticias».
— Pretenden instalar el falso síndrome de alienación parental (y sus similares: interferencia parental, obstrucción del vínculo, manipulación, implantación, entre otros). Sin sustento científico, aseguran que los niños y las niñas son alienados por sus progenitoras para inventar denuncias y bloquear el vínculo con los progenitores. En muchos procesos judiciales, todo lo que se plantea es leído desde esta concepción. Nada de lo que digan o hagan la madre o el niño, incluso otros profesionales que interactúan con él (maestros, pediatras, terapeutas) es tomado en cuenta. Todo es puesto bajo sospecha. Esta ideología arrasa con el derecho de los niños y las niñas a ser oídos y los somete a situaciones de extremo sufrimiento, desprotección y riesgo de vida.
— Promueven la violencia mediática contra defensoras de derechos humanos, activistas, profesionales y académicas. El objetivo es desacreditar y fragilizar este trabajo de defensa. Difunden discursos de odio que se retroalimentan entre varios grupos, cuentas anónimas y algunos referentes que trasladan estas difamaciones a los medios de comunicación masivos para amplificar el mensaje.
Las estrategias descritas tienen como finalidad debilitar las respuestas de abordaje de estas problemáticas, naturalizar el ejercicio abusivo del poder hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes, y mantener la impunidad.
Producto de un fuerte lobby y en el marco de un contexto político favorable a este tipo de planteos, se aprobó en 2023 la ley 20.141, de corresponsabilidad en la crianza. Esta ley supone un claro retroceso y amenaza la garantía de derechos, en especial de los niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones de violencia, dado que impone visitas y tenencias compartidas aun en casos claros de violencia doméstica.
La psiquiatra Judith Herman plantea que, frente a una denuncia de violencia de género o abuso sexual, el principal objetivo del agresor es silenciar a sus víctimas. Al decir de Herman, pretenden que un acontecimiento absolutamente traumático para un niño o una mujer ocurra «fuera del territorio de la realidad validada socialmente», que su experiencia se convierta «en algo impronunciable».
Estos grupos tienen el mismo talante que los agresores que los integran, tal como quedó demostrado en el último caso de doble femicidio perpetrado por un miembro del grupo Varones Unidos.
Vale recordar estas palabras de Eduardo Galeano: «Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo». Estos grupos pretenden esparcir la peste del miedo. Por eso hay que seguir trabajando para construir una cultura y un orden político libres del terror, la opresión y la desigualdad.
