Caso Blás: fiscal de crimen organizado probó la defraudación tributaria, pero pidió el archivo por razones administrativas
El dictamen que Pacheco firmó el miércoles 15 convalidó las actuaciones de la Dgi, iniciadas tiempo después de que una investigación periodística de Brecha comenzara a develar cómo el poderoso político esteño, a través de su inmobiliaria Blás Propiedades, se organizó para engañar al Estado y evadir buena parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos en el fraccionamiento Valle Di Saronno.1 Las tierras fueron adquiridas en marzo de 2011 por Javipark SA –dirigida por el empresario argentino Oscar Andorno, con el edil Blás como apoderado–, tras pasar por múltiples dueños, casi todos vinculados con el Partido Nacional.2
En octubre de 2014, la Dgi radicó la denuncia penal y adjuntó pruebas sobre las irregularidades que constató en las transacciones correspondientes al fraccionamiento del padrón número 21.979. Se trataba de “discrepancias” entre el precio real consignado en los boletos de reserva, acordado entre Blás y los compradores, y el precio consignado en las respectivas escrituras de compraventa, lo que generó una diferencia en el monto de los impuestos devengados, en perjuicio de la administración. “Una vez sustanciados y desestimados sucesivos incidentes y recursos interpuestos por algunos de los denunciados, se practicó la instrucción de los hechos denunciados, de la que se desprende a juicio de la Fiscalía que se han reunido elementos de convicción suficientes para entender acreditada la veracidad de la denuncia presentada y la comisión de hechos con apariencia delictiva”, remarca Pacheco en su dictamen.
Luego explica que el testimonio de 12 compradores indagados dejó “razonablemente probado” que, “efectivamente, el precio real abonado por los compradores era superior –por lo menos en los casos denunciados– al precio efectivamente consignado en la escritura de compraventa y que en muchos casos el saldo era garantizado con hipoteca”. El fiscal también pudo confirmar la existencia de un acuerdo extrajudicial entre la inmobiliaria y algunos compradores que advirtieron la diferencia en cuestión. De cómo Blás y sus colaboradores inducían a estos clientes a subescriturar el valor de los terrenos y de cómo los obligó a firmar un pacto de confidencialidad sobre el acuerdo extrajudicial dio cuenta Brecha en tres de los cinco artículos que publicó antes de que la Dgi recurriera a la justicia de crimen organizado.3
La semana pasada, el fiscal Pacheco concluyó que los hechos se encuadran, en principio, en la figura delictiva de la defraudación tributaria y que “cabe atribuir responsabilidades” al director de Javipark SA como propietario de los terrenos, a Rodrigo Blás como titular de la inmobiliaria que los vendía y al edil también nacionalista Darwin Correa, empleado de la inmobiliaria e interviniente en “muchas de las ventas y escrituras denunciadas”. El fiscal señaló que “eventualmente solicitaría un procesamiento sin prisión preventiva” para los tres denunciados. Pese a esta convicción, Pacheco pidió el archivo de la causa, aviniéndose a la instrucción general número 11, una ordenanza administrativa emitida el 28 de febrero de 2019 por la Fiscalía General de la Nación (véase recuadro).
INSTRUCCIÓN PACTADA. Brecha pudo establecer que el fiscal no tomó esa disposición administrativa por motu proprio: lo hizo tras un planteo formal de los abogados Enrique Moller, Susana Soto y William Rodríguez, defensores de Andorno, Blás y Correa. Así lo reconoció el fiscal Pacheco en una entrevista concedida a Brecha el miércoles pasado para profundizar en sus criterios para archivar el caso (véase nota aparte).
En cambio, la defensa de los tres escribanos de Blás sindicados por la Dgi como “indispensables” para concretar la maniobra rehusó aceptar la estrategia de los denunciados más comprometidos. Lejos de pretender que se archivara la causa, los escribanos –cuyo patrocinio estuvo encabezado por Gonzalo Fernández– plantearon a la jueza y al fiscal su intención de llevarla hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia: en sus declaraciones, señalaron al dirigente herrerista como el ideólogo de la maniobra y sostuvieron que jamás participaron en las negociaciones con los compradores. Los escribanos alegaron que el precio era negociado entre Blás y los clientes. La inmobiliaria les comunicaba cuál era el precio final de la venta del terreno, preparaban la escritura, la leían y las partes firmaban, indicaron a Brecha fuentes del caso. De hecho, ninguno de los compradores implicó a los escribanos en los acuerdos, por lo cual el fiscal no encontró méritos para procesarlos, como a los otros denunciados, agregaron las fuentes consultadas. Por estos motivos, los escribanos José Luis Robatto, Adriana de León y Patricia Umpiérrez quedaron fuera del dictamen fiscal amparado en la instrucción general número 11.
La defensa de Blás y el fiscal Pacheco también sabían que la Fgn se aprestaba a emitir una resolución modificatoria de la citada instrucción, que declaraba “de interés público” la persecución de delitos por defraudación tributaria. Con esto, el caso de Blás no podía archivarse. Llamativamente, la resolución que hubiera llevado al dirigente a un procesamiento seguro –que probablemente truncaría sus aspiraciones políticas– se emitió dos días antes de que Pacheco firmara su dictamen. En la entrevista que se adjunta, Pacheco explicó por qué no consideró esa resolución y por qué no objetó la instrucción número 11, que, a su juicio, lo obligó a cerrar el caso.
Más allá del polémico fallo, los hechos evidencian que ni Blás ni Correa pretendían demostrar su inocencia, como insistieron junto con otros dirigentes de la agrupación Unión y Cambio ante sus militantes, las autoridades partidarias y los medios de comunicación durante estos años. No sólo porque exigieron la aplicación de la instrucción número 11, sino porque desde el inicio apuntaron a que jamás se llegara al asunto de fondo, que era investigar si habían incurrido o no en un delito de defraudación tributaria. Con esta estrategia, algunos hechos de coyuntura vinculados con la variedad de casos en esa sede de crimen organizado y la frecuente rotación de jueces y fiscales, se dilató la indagatoria.4
La defensa de Blás y sus acólitos siempre insistieron en culpar a la justicia de las demoras y sostuvieron que había un interés político en extender el caso hasta el inicio de una nueva etapa electoral, con el ánimo de perjudicar las chances de Blás como candidato de Lacalle Pou en Maldonado. Sin embargo, un dato que refuta este extremo es que este año Blás provocó la molestia de la jueza Dolores Sánchez, al pedir una prórroga a último momento y dejarla plantada en la primera audiencia. Los denunciados también plantearon recursos para impedir que la Dgi asistiera a las audiencias y solicitaron a la justicia que los testigos pasaran a declarar en calidad de indagados, como forma de amedrentarlos.5
La última chicana fue interpuesta por el edil Correa, pero su recurso también fue denegado, y terminó declarando el 3 de mayo pasado, fecha en que el fiscal Pacheco cerró la instrucción presumarial. Entre los testigos que nunca llegaron a declarar estaba el abogado Gastón Villamayor, quien en 2014 presentó información clave a la Dgi. Entonces era procurador y militante de la Vertiente Artiguista. Según supo Brecha, el abogado fue citado como testigo en tres oportunidades: en la primera se suspendió la audiencia, resolvió no asistir a la segunda y faltó a la tercera, debido a un error en el proceso de notificación. De todas formas, Pacheco entendió que ya había recabado elementos suficientes para emitir un dictamen y descartó una nueva convocatoria.
CUESTIÓN DE ÉTICA. Con la ausencia de imputación penal, Blás se aseguró la continuidad de su carrera política y su campaña para las elecciones nacionales y departamentales junto con el precandidato Lacalle Pou. Sin embargo, sigue bajo el riesgo de cuestionamientos éticos y sanciones del PN. Ocurre que, además del dictamen de Pacheco, existe una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 5o Turno que revocó el dictamen por el cual un juez civil levantó los embargos solicitados por la Dgi. Con esto, la Dgi queda habilitada a solicitar nuevos embargos, para asegurarse el cobro de la deuda por evasión, más multas y recargos, que estimó en casi dos millones de dólares.6 Ambos fallos judiciales –el de crimen organizado y el de apelaciones en lo civil– derriban los tres argumentos que la Comisión de Ética del PN esgrimió, en octubre pasado, para no sancionar al máximo exponente del herrerismo en Maldonado.
Como se recordará, al cabo de una investigación basada en los documentos y los alegatos que les presentó el dirigente, los miembros de la comisión partidaria concluyeron que no había “fundamentos” para cuestionar la conducta de Blás. Las autoridades nacionalistas alegaron que la Dgi no había cumplido con las garantías del debido proceso administrativo, que la justicia civil había levantado los embargos por irregularidades y la falta de fundamentos de la Dgi para sostenerlos, y que no había fallo judicial respecto de la denuncia de defraudación tributaria. Así, Blás retomó su participación en la estructura partidaria tras la licencia que pidió mientras era investigado por la comisión. Pero el asunto no está cerrado, confirmó ayer a Brecha la presidenta del directorio nacionalista, Beatriz Argimón. “La comisión hace un seguimiento de los asuntos que trata y cuando hay movimientos en los expedientes judiciales de un caso generalmente actualiza la información”, señaló, por lo cual no descartó que el partido reconsidere el tema. En el momento de la consulta, no había conversado con el resto del directorio sobre el asunto ni profundizado en el análisis del dictamen fiscal.
El precandidato Lacalle Pou, quien en agosto pasado pidió que la Comisión de Ética investigara a Blás, no atendió llamados ni acusó recibo de los mensajes que le dejó Brecha para conocer su opinión sobre el desenlace judicial. Tampoco lo hicieron sus dirigentes más cercanos, con el argumento de que en el momento de la consulta estaban ocupados.
En cambio, el senador Jorge Larrañaga, precandidato por Alianza Nacional, no eludió la consulta periodística, aunque resultó bastante menos “categórico” que lo que prometió el año pasado, cuando afirmó que el caso particular de Blás tenía “implicancias políticas” y prometió expedirse tan pronto hubiera un fallo judicial. “Por lo que me pude informar, no estoy de acuerdo con el dictamen del fiscal ni con la ordenanza de Fiscalía. No estoy de acuerdo, porque no hace al cumplimiento de las normas”, declaró ayer a Brecha. Se negó a opinar si corresponde o no revisar el dictamen de la Comisión de Ética: “No integro el directorio ni la comisión. Debería consultarles a ellos o al doctor Lacalle Pou”, concluyó.
Por su parte, el líder del Movimiento Orejanos, Juan Andrés Ramírez Saravia, mostró esta semana una tibia postura, aunque el año pasado reclamó la expulsión de Blás “de todos los cuadros” del partido si se confirmaba “la estafa y el fraude a la Dgi”. Consultado el martes por este semanario, se remitió a su cuenta de Twitter. Allí no había ninguna alusión directa al hombre de Lacalle Pou, pero temprano en la mañana se podía leer: “Por suerte estudié Derecho y soy abogado. No es lo mismo archivo por razones ‘administrativas’ de un expediente penal contra el informe de un fiscal que ve delitos, que una sentencia de Inocencia. La dejo por acá porque el @Pnacional necesita unidad. Yo sapos no me como”. Luego contestó a una usuaria que quiso saber a qué se refería: “El que debe entender entiende… no es mi intención armar lío”, escribió.
USINA DEL FAKE. Apenas la jueza Dolores Sánchez archivó el caso, a pedido de Pacheco, el lunes de mañana la agencia de campaña de Rodrigo Blás (La Planta Films) emitió un comunicado de prensa con información falsa. Como único dato complementario del titular que comunicaba el archivo del caso, señaló: “Luego de más cuatro años de investigaciones no resultó probada irregularidad alguna respecto al accionar del hombre fuerte de Lacalle Pou en Maldonado”. El segundo párrafo anunció que Blás y los demás implicados buscarán anular la multa y los recargos que les impuso la Dgi por evadir impuestos. “En agosto del año pasado, Blás había publicado en su cuenta de Facebook que ‘al final del camino se demostrará que tenemos razón’”, cerró el comunicado, firmado por el director de La Planta Films, Flavio Servetto. (La frase fue dicha cuando le levantaron los embargos, pero quizás el publicista pasó por alto que el magistrado no se había expedido sobre el asunto de fondo y que meses después el fallo fue revocado.)
Con el archivo de la causa y simultáneamente al comunicado de La Planta, salió a las redes sociales el edil Darwin Correa: “Después de años calladito la boca, endureciendo el cuero, tranquilos de conciencia y aguantando cualquier cosa de mucho inescrupuloso que anda en la vuelta, la justicia nos da la razón. Conocí la peor versión de la política pero gracias a Dios, a mi familia, a Rodrigo y a la gente que nos quiere hoy se hace justicia”, escribió en sus cuentas de Twitter y Facebook.
Blás, en tanto, optó por una publicación más sobria: “Recibimos con tranquilidad, íntima alegría y satisfacción la noticia del archivo decretado por la Justicia a la causa que hace cinco años iniciara la Dgi contra mi persona y otros. A los que confiaron, apoyaron, aguantaron y sufrieron con nosotros, muchas gracias. El tiempo pone las cosas en su lugar”.
También en la mañana del lunes, salió al ruedo mediático el diputado (suplente) Federico Casaretto, uno de los acérrimos defensores de la probidad de Blás. “¡Se hizo justicia! Cuando salí públicamente a defenderlo, demostrando la operativa política e irregularidades de la Dgi, lo hice convencido de su honestidad y condición de buena persona”, tuiteó, aunque hasta sumarse a las huestes de Unión y Cambio, en las pasadas elecciones, no escatimaba críticas a la imagen de su actual líder. Luego redobló la apuesta: “Espero que quienes lo cuestionaron y me cuestionaron, diciendo barbaridades y subiéndose al carro de un juicio sumario de una condena que pretendió el escarnio público, tengan la grandeza de reconocer su error”. Ninguno se privó de compartir las notas en las que El País y la radio FM Gente de Maldonado copiaron el comunicado, simulando que era información propia y sin considerar los aspectos del dictamen fiscal referido a la configuración del delito.
Aunque la práctica de generar información engañosa o confusa fue una constante de la agrupación Unión y Cambio desde que su líder fue denunciado por la Dgi, la actitud de esta semana tiene particular relevancia a la luz del pacto que todos los partidos firmaron el 26 de abril pasado para combatir la producción y la reproducción de noticias falsas en la campaña electoral. Mientras el sistema político intenta mejorar su credibilidad y el PN apunta a promover las buenas prácticas entre dirigentes y militantes, la agrupación más poderosa del precandidato Luis Lacalle Pou en Maldonado inauguró la violación del pacto partidario promovido por la Asociación de la Prensa Uruguaya. Según supo Brecha, la conducta del líder herrerista fernandino y su agrupación podría ser analizada por la Comisión de Ética nacionalista.Con todo, a Blás le queda un buen trecho para laudar definitivamente su caso. Todavía no está claro si la Dgi puede recurrir el dictamen fiscal, y, como señaló Pacheco al final de su escrito, el caso continúa en la justicia civil mientras la Dgi evalúa si pedirá nuevos embargos preventivos. Además, luego de que este organismo y el Ministerio de Economía rechazaran un recurso de revocación contra la resolución que estimó las deudas en 1,9 millones de dólares, la decisión está en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, se expone al análisis de su propio partido, que, a esta altura, va entendiendo por qué Blás prefirió quedar como un presunto delincuente en lugar de llevar el caso hasta el final y demostrar su inocencia.
1. Todos los artículos sobre el caso están abiertos y disponibles en brecha.com.uy.
2. “Un valle de misterios” (Brecha, 2-V-14); “Un misterio menos” (Brecha, 17-V-14).
3. “Aire turbio” (21-II-14); “Un mal sueño” (7-III-14); “Triple alianza” (28-III-14).
4. “La bolilla que faltaba” (Brecha, 29-IX-17).
5. “Todos” (Brecha, 15-II-19).
6. “Las cuadernolas de Blás” (Brecha, 17-VIII-18); “Lleno de estrategias” (Brecha, 21-IX-18).
[notice]La Instrucción 11 y los criterios para priorizar una investigación penal
A más de un año de la entrada en vigencia del nuevo Cpp, se constató que “un volumen importante de expedientes” se tramitaba por el código anterior. La mayoría estaba en presumario, o sea, en la etapa de investigación preliminar. Para atender esta situación, la Fiscalía General de la Nación dictó la Instrucción General 11, cuyo objetivo es “acelerar la dilucidación” de esos procesos y terminar con la coexistencia de las dos normativas procesales. Esta instrucción –como otras– fue aprobada por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, integrado en este caso por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y por representantes de la Udelar (la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli), del Colegio de Abogados (Alfredo Taullard, Gastón Gianero y Fernando Blanco) y del gremio de fiscales (William Rosa).
La resolución siguió la línea trazada por una acordada de la Suprema Corte de Justicia (Scj) que, en diciembre de 2018, ordenó a los jueces del viejo Cpp que realicen una “visita de casillero” de todos los expedientes en etapa presumarial. Según la Scj, los jueces debían disponer el archivo de aquellos expedientes con más de un año de duración en los que eventualmente podría recaer un procesamiento sin prisión, ya fuese por el delito investigado o porque el indagado fuera primario. Esa acordada no fue aplicada por los juzgados especializados en crimen organizado, ya que estas sedes fueron excluidas de la disposición, dijeron fuentes judiciales a Brecha.
La Instrucción 11 de la Fiscalía –que compartió el criterio de la Scj de que esas causas viejas debían archivarse– estaba destinada a todas las fiscalías que trabajan con el viejo Cpp, incluida la especializada en crimen organizado. Sin embargo, agregó una excepción: los fiscales no pueden pedir el archivo “en los casos en los cuales existe interés público en la persecución (del delito) por parte de la fiscalía”. La prioridad de estos delitos fue definida en una instrucción general anterior (la 6, que regula la aplicación de las vías alternativas de la resolución del conflicto, como la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios).
De esta forma los fiscales del Cpp de 1980 no podían solicitar el archivo de causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, trata de personas, delitos sexuales, narcotráfico, lavado de activos, violencia doméstica o de género, delitos de corrupción pública, secuestro, copamiento y extorsión, entre otros. Esa lista no menciona los delitos de defraudación tributaria ni de estafa, lo cual fue rectificado por una resolución fechada el 13 de mayo.
El Poder Ejecutivo solicitó al Consejo de Instrucciones Generales incorporar la defraudación tributaria como delito de interés público. La solicitud se hizo a instancias de la Dgi, tras detectar que el fiscal Luis Pacheco ya había aplicado esta disposición. Y fue aceptada: “Este consejo entiende que los delitos de defraudación tributaria, en función del bien jurídico tutelado, deben ser incluidos en el elenco de aquellos injustos en los que existe un interés público para su persecución a todos sus efectos”. Esta nueva instrucción fue oficializada por la Fiscalía el 15 de mayo y notificada ese día a todos los fiscales por correo electrónico.Las instrucciones generales son directrices de actuación destinadas a unificar los criterios de investigación penal de la Fiscalía. Estas instrucciones no pueden referir a causas particulares y los fiscales no podrán apartarse de ellas, pese a que tienen derecho a objetar su aplicación. A su vez, incumplir con una instrucción general es considerado como una “falta grave”.
MP
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