Pocas semanas atrás parecía que el período 2015-2020 iba a ser un período defensivo para la izquierda. La casi segura pérdida de las mayorías parlamentarias forzaba a imaginar escenarios en los que cada conquista de los últimos diez años iba a ser puesta en cuestión, y que su defensa iba a necesitar alianzas extrapartidarias, negociaciones complejas y movilización callejera. No existían razones para imaginar profundizaciones del modelo o giros a la izquierda.
Hoy todo indica que en la segunda vuelta Tabaré Vázquez va a ser electo para presidir sobre el tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio con mayorías parlamentarias. En las elecciones del 26 de octubre el FA mantuvo su votación con respecto a 2009, mientras los partidos tradicionales cayeron. Las agrupaciones a la izquierda del FA crecieron considerablemente, y en la interna el Frente Liber Seregni se debilitó y el Grupo de los Ocho logró conquistar más de la mitad de los votos. Por algo tantos analistas hablan de “giro a la izquierda”.
Además de advertirnos sobre la fluidez de la política, este cambio nos fuerza a pensar en el período que viene de manera un poco más ambiciosa. No hay ninguna razón para que en este lapso no se logren tantas conquistas como en el que termina, y por eso importa empezar a pensar cuáles serían éstas, es decir, qué tipo de cosas pasan cuando hay un giro a la izquierda.
Pero antes algunas salvedades. En primer lugar, la bancada del Frente Amplio, si bien puede pensarse en abstracto como “más de izquierda” que la anterior, si se analiza el asunto en el espectro izquierda-derecha este desplazamiento puede no ser suficiente. Es que si bien el Mpp es considerado parte del “ala izquierda” del FA, ha puesto en estos períodos a algunos de los legisladores más conservadores de la coalición y ha estado en la retaguardia tantas veces como en la vanguardia. Algo parecido ocurre con la 711: si bien forma parte del Grupo de los Ocho y tiene una visión desarrollista y relativamente estatista, es un sector con un discurso enfáticamente tecnocrático y que en su campaña se lo vio más preocupado por “los emprendedores” que por otros sujetos sociales.
En segundo lugar, el poder de Tabaré Vázquez y Danilo Astori va a ser considerable. El estilo de liderazgo de Vázquez, los amplios poderes institucionales del presidente y el rol de Astori de mantener la tranquilidad de “los mercados” no permiten asumir que este sea un período de reorientación de las políticas macro, y de hecho obligan a estar alerta sobre propuestas de (mayor) acercamiento político y comercial con Estados Unidos y ante reformas indeseables, como los vouchers educativos. En tercer lugar, existen límites a los proyectos políticos que se pueden llevar adelante en un país como Uruguay, en un contexto de total dominio de la clase capitalista trasnacional sobre la política y la economía globales.
Es decir, por más que podamos interpretar el voto del electorado como un “giro a la izquierda”, las conquistas no se van a dar espontáneamente, dada la relación de fuerzas en el Parlamento. Se tendrán que lograr (al igual que en los períodos anteriores) con la movilización, la negociación y la capacidad técnica de los movimientos sociales, y muchas veces va a ser necesario enfrentar al gobierno o a sectores del gobierno, tanto para bloquear propuestas (repitiendo la gesta de Gargano contra el Tlc) como para poner sobre la mesa temas que no estaban en la agenda.
¿Qué temas serían estos? Tantos como queramos.
Se ha dicho muchas veces en estos meses que la llamada “agenda de derechos” está agotada. Creo que esta sentencia no podría estar más equivocada. Antes que nada, porque todavía es necesario mucho trabajo de defensa y consolidación de las políticas que nacieron de la agenda, especialmente de aquellas que requieren la creación y el control político de estructuras burocráticas y técnicas.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ive), la legalización de la marihuana, la (todavía no aprobada) “ley de medios” y el (prometido) sistema de cuidados implican cambios institucionales grandes, que reclaman largos seguimientos políticos, como demuestra el caso de las dificultades para implementar la ley de Ive en varios departamentos y las demoras en la implementación de la legalización de la marihuana. Con las leyes no alcanza, y mucho de la “agenda de derechos” se juega en el terreno de la burocracia, como demuestra la controversia sobre la Guía educación y diversidad sexual.
Además, en un contexto en el que los partidos políticos repiten una y otra vez la necesidad de hacer una reforma electoral, es posible que se abra una ventana de oportunidad para reformar la Constitución, y allí “constitucionalizar” algunos de los derechos ganados en estos años y retirar trabas que la Carta impone a nuevas conquistas, discusión que ya comenzó Mujica al proponer que se retiren las trabas a la imposición de la propiedad de la tierra.
Pero la “agenda de derechos” no se agota en los temas que se trataron el período pasado. Es posible, por ejemplo, discutir sobre la propiedad intelectual: en un país en el que la soja de Monsanto es un rubro tan importante de exportación, las empresas farmacéuticas importan medicamentos con sobreprecios escandalosos y existen intentos de aumentar los plazos de los derechos de autor, la propiedad intelectual y sus usos para privatizar la vida de las personas y exprimir renta de la población son temas políticos y económicos fundamentales.
La lucha contra la brutalidad policial es otro asunto fundamental, que debe ser pensado como parte de la “nueva” agenda de derechos, a pesar de que es uno de los derechos civiles más antiguos: el derecho a que la Policía no te cague a palos sin razón. En estos años se han visto numerosos ejemplos de violencia completamente desproporcionada por parte de las fuerzas del Estado, y más allá de las reacciones puntuales ante cada caso, es necesario pensar este tema de manera global y como un tema de derechos civiles, buscando cambios profundos.
Pueden ponerse en el primer plano de la agenda temas como los derechos de los migrantes, la “desmanicomialización” y la eutanasia, que hacen a las maneras como el Estado encierra, impide el paso o regula la vida y la muerte de las personas, y también los derechos de las personas que se encuentran en agujeros negros políticos y en situaciones de terrible desprotección, a merced de la arbitrariedad de empresas, instituciones de salud y otros.
A pesar de que la agenda de derechos no está agotada, eso no significa que pasar a lo ofensiva se agote en la agenda de derechos. Es necesario enfrentar algunos asuntos centrales del statu quo político-económico actual.
El ambiente es uno de ellos. La fiebre extractivista (que además del hierro incluye a la soja, los eucaliptos y las prospecciones de petróleo, entre otros), aparte de tener impactos ambientales en sí, desborda completamente la capacidad de las burocracias para hacer cumplir las reglamentaciones y los controles. La creación de burocracias fuertes (por ejemplo un Ministerio de Medio Ambiente) y difíciles de capturar por parte de las empresas extractivas es uno de los desafíos para estos años, además de la discusión del extractivismo en sí. ¿Queremos ser un país petrolero? ¿Confiamos en la idoneidad de las empresas trasnacionales para extraer el petróleo de manera segura? ¿Estamos preparados para un derrame en Rocha como el que se dio en la costa de Luisiana en 2010? ¿Tiene sentido comprometerse a bajar las emisiones de dióxido de carbono al mismo tiempo que se busca desesperadamente más petróleo para quemar?
Por otro lado, urge discutir la llamada “reforma del Estado”. En los años de gobierno del Frente Amplio, casi siempre que el Estado creció lo hizo tercerizando y creando instituciones de derecho privado. El Estado está repleto de conflictos sindicales, y casi siempre (a pesar de la demonización por parte de los medios de comunicación) con buenas razones. Esto es un problema político en sí, pero también un problema sustantivo. Un Estado que funciona de manera neoliberal en su interna (precarizando y creando seudomercados) va a actuar de manera neoliberal hacia afuera.
Esta no pretende ser una lista exhaustiva, ni dar soluciones sencillas para estos temas. Sin embargo, creo que existe una ventana de oportunidad para cuestionar el sentido común neoliberal instalado. Como señaló hace unos días Aníbal Corti (ladiaria.com.uy/articulo/2014/11/un-uruguay-irreal/), ya sabemos que las encuestas se equivocan, que el electorado no castiga a las medidas ambiciosas y que la ciudadanía exige más izquierda. Sabemos también que en el período anterior, cuando un tema se logró politizar claramente en el eje izquierda-derecha, se terminó en la mayoría de los casos disciplinando a la bancada del FA. El tema pasa a ser, entonces, cómo aprovechar esta oportunidad y pasar a la ofensiva.
