Pelota manchada – Brecha digital

Pelota manchada

La fiscalía uruguaya prepara exhortos que enviará a cuatro países con el fin de indagar quiénes se beneficiaron con los dineros ilícitos del fútbol sudamericano. Eugenio Figueredo puede ser procesado en Uruguay, y preferiría enfrentar un juicio aquí y no en Estados Unidos.

Recabando dos testimonios más la justicia de crimen organizado prevé terminar hoy viernes con la primera etapa de su investigación sobre la corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y pasar a una segunda instancia que se centrará en el envío de exhortos internacionales en busca de reunir documentación de otros países que confirme los delitos denunciados y señalados por algunos testigos. Paraguay, Argentina, Colombia y Estados Unidos serán los destinos de los pedidos de información de la justicia uruguaya, los que apuntarán a reconstruir la “ruta del dinero” y a determinar quiénes se beneficiaron de ilícitos en el fútbol suda-mericano.

A esto se suma la solicitud de extradición del ex presidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la Fifa, el uruguayo Eugenio Figueredo (preso en Suiza desde fines de mayo debido a las irregularidades en la Fifa denunciadas por Estados Unidos), presentada por la justicia uruguaya. Los propios abogados de Figueredo plantearon a la jueza Adriana de los Santos y al fiscal Juan Gómez que se pida la extradición a Uruguay de su cliente, e indicaron que existen serias posibilidades de que las autoridades suizas prioricen el pedido de la justicia uruguaya al ya presentado por Estados Unidos.

Según explicó Gómez a Brecha, hay elementos de prueba suficientes para procesar a Figueredo por estafa y lavado de dinero, pero esto aún no se pudo concretar porque en Uruguay no existe la posibilidad de enjuiciar a una persona en su ausencia. Jueza y fiscal consideran que si Figueredo estuviera en Uruguay sería más sencillo aclarar aspectos de la denuncia y avanzar con mayor celeridad en la investigación, y habría más posibilidades de recuperar activos (inmuebles y cuentas bancarias) para el Estado. Por eso decidieron pedir la extradición.
Hasta el momento se identificaron nueve propiedades por un valor estimado en 5 millones de dólares y cuentas bancarias (una de 600 mil dólares) que Figueredo no puede justificar con sus ingresos declarados.

Las medidas cautelares ordenadas incluyen la inmovilización del patrimonio del directivo, su esposa y las sociedades anónimas que poseen. La indagatoria judicial no abarca hasta el momento posibles derivaciones de los ilícitos en el sector inmobiliario.

GUERRA DE MILLONES. El expediente judicial tuvo su inicio en una denuncia penal por actos de corrupción contra la Conmebol presentada por la Mutual de Fútbolistas y varios clubes (estos últimos, tras presiones del organismo sudamericano, la retiraron). La denuncia solicita que se investigue a la Conmebol por graves irregularidades en la concesión de los derechos de televisación de torneos por cifras muy menores a las ofrecidas por el empresario Francisco Casal.

La denuncia fue impugnada aduciendo que la Conmebol tiene sede en Paraguay y es la justicia de ese país la que tiene jurisdicción, pero a mediados de este año un tribunal de apelaciones habilitó que se tramite el caso en Uruguay.

Luego De los Santos y Gómez le tomaron declaración a decenas de personas, entre ellas a autoridades y ex autoridades de la Auf, dirigentes de clubes y a Casal. En su testimonio, el dueño de Tenfield aseguró que ofreció más dinero que otros oferentes por los derechos de tevé de torneos de la Conmebol pero fue rechazado, y habló de una corrupción “superlativa de millones y millones de dólares”, dijeron fuentes judiciales a Brecha. Recordó que la televisación fue concedida a la empresa T&T Sports por 372 millones, cuando sus empresas Gol TV y Global Sports ofrecieron 805 millones.

Casal agregó que autoridades de la Conmebol extorsionaron a dirigentes de clubes uruguayos para que retiraran su denuncia. Hubo dirigentes de clubes que en sus declaraciones reconocieron presiones y sanciones de la Conmebol.

Hoy viernes declararán Nelson Gutiérrez –socio de Casal– y Paul Pereyra Schurman –abogado de Tenfield–. Jueza y fiscal esperan que Gutiérrez aporte datos concretos sobre las ofertas de dinero que hizo Tenfield para obtener derechos y que no fueron aceptadas por la Conmebol, beneficiando a otros empresarios. Gutiérrez fue quien llevó la negociación día a día por los derechos de tevé en representación de Tenfield y por eso se entiende relevante la información que aporte.

La denuncia presentada por la Mutual y los clubes (entre ellos Peñarol) fue acordada con Casal y coordinada con sus abogados. Consultado por este semanario, Pablo Barreiro –abogado de la Mutual– no negó este punto, pero destacó que la corrupción en la Conmebol excede la guerra entre empresas por quedarse con los derechos de televisación, y afecta el dinero que reciben clubes y jugadores. Claro que todo cambia. En el pasado fue Tenfield la empresa que logró hacerse con los derechos de tevé (en ese caso del fútbol local) presentando una oferta más barata, y curiosamente era Figueredo quien dirigía la Auf.

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