Poder de fuego

Seguridad privada en Uruguay.

Foto: Leónidas Martínez

Un operativo policial permitió incautar 74 armas de grueso calibre registradas por una empresa de seguridad que ya no estaba habilitada, y cuyo destino no había sido informado a las autoridades. No es el primer procedimiento de estas características, pero vuelve a poner en debate la proliferación de armas en las empresas de seguridad privada.

El dato era certero. La operación “Sirio” permitió la incautación de un verdadero arsenal en una finca particular de San José de Carrasco (Canelones): 24 escopetas calibre 12, siete pistolas calibre 9 milímetros y 43 revólveres calibre 38, así como varias piezas de revólver. Se trataba de armas de grueso calibre utilizadas habitualmente por las fuerzas de seguridad del Estado.

El procedimiento se realizó a partir de una investigación de la Dirección General de Fiscalización (Digefe) del Ministerio del Interior, que tiene a su cargo el registro, habilitación, contralor, fiscalización y supervisión de las empresas de seguridad. Esta unidad (ex Renaemse) analiza en forma periódica a aquellas empresas que tenían permiso para utilizar personal armado y dejaron de operar en los últimos dos años (ya sea por perder la habilitación o por no renovar el permiso).

El objetivo de esta investigación es detectar posibles inconsistencias entre los datos del organismo y las armas registradas por las empresas ante al Servicio de Material y Armamento (Sma) del Ejército Nacional al disponerse el cierre de su operativa. En este caso, la pesquisa se realizó sobre una empresa que estaba inhabilitada desde el año 2016, pero que aparecía con un centenar de armas registradas. La consulta al Sma determinó que se mantenía como propietaria de las armas, por lo que se dispuso una investigación interna para saber qué pasó con ellas.

Así se supo que su propietario tenía una deuda con la titular de otra empresa de seguridad –registrada pero no operativa– y saldó su deuda entregando las armas, que fueron guardadas en una vivienda particular. Esa cesión no fue regularizada ni ante la Digefe ni ante el Sma. Tras confirmar la situación, se envió la información a la Fiscalía.

Ante esto, la fiscal Mónica Ferrero solicitó autorización para realizar el allanamiento que permitió el hallazgo. En este marco, la fiscal dispuso la incautación de las armas y el inicio de una investigación –a cargo de la Dirección General de Información e Inteligencia– para determinar posibles ilícitos penales, entre ellos, un eventual delito de tráfico interno de armas; al cierre de esta edición, la fiscal aún no había solicitado la formalización de la investigación y seguía nuevas pistas en busca de la veintena de armas registradas por la empresa que aún permanecen perdidas. Para esto, se realizaron nuevos allanamientos, sin resultados. El caso volvió a poner sobre el tapete los controles sobre las empresas de seguridad privada.

ÁRMESE. La Digefe tiene 339 empresas de seguridad habilitadas en todo el país. De estas, 215 están dedicadas a la seguridad física y vigilancia, por lo que pueden vender servicios que incluyen guardias armados. Además, existen cinco empresas dedicadas al transporte de valores (como dinero en efectivo, documentos bancarios, metales preciosos u obras de arte) que cuentan con guardias armadas y coches blindados.

Sin embargo, el director de Digefe, Juan Rodríguez, afirmó que el organismo no tiene información sistematizada sobre cuántas empresas utilizan armas ni sobre cuántas armas están en poder de las empresas de seguridad. En los hechos, el dato está –y es lo que permite realizar estos operativos–, pero se trabaja en elaborar un programa informático que facilite el acceso a la globalidad de la información.

El último dato es de 2012. Ese año las empresas de seguridad tenían en su poder 8.239 armas de fuego. Esto suponía un incremento de casi el cien por ciento en comparación con 2010, cuando el sector privado tenía 4.265. Este aumento se produce a partir de la decisión del Ministerio del Interior de dejar sin efecto el servicio 222, lo que incrementó la demanda de personal de seguridad armado.1

En este contexto, el secretario del sindicato de guardias privados (Unatrase), Eduardo Camargo, dijo que actualmente existen unos 20 mil guardias privados, de los cuales entre el 40 y 50 por ciento pertenecen al servicio armado. Estos guardias reciben un plus compensatorio de 10 por ciento por cada hora en que utilizan armas; se trata, en su mayoría, de ex policías o ex militares que se reconvierten en guardias privados.

En este contexto, Rodríguez valoró la reciente aprobación de la ley 19.721, que regula la actividad de las empresas de seguridad privada, y que en breve será reglamentada. La norma apunta a seguir mejorando la actividad y aumentar los controles, dijo Rodríguez. Entre otras cosas, el director de Digefe destacó la creación de la figura del armero, es decir, la persona que tendrá a su cargo la conservación y custodia de las armas y sus municiones dentro de las empresas.

Pero, sobre todo, la ley establece una definición clara sobre las obligaciones que tienen las empresas en el control de armas de fuego y municiones. En este sentido, se considerará como falta grave la omisión de informar a la Digefe sobre las bajas y altas de armas de la empresa, sobre las municiones con las que cuentan –y su antigüedad– y la calidad y el período de vigencia de los chalecos antibalas, así como el hurto, deterioro o extravío del material o armamento en poder de la empresa. En tanto, será una falta gravísima, entre otras cosas, que la empresa utilice “sistemas de seguridad, armas, municiones y chalecos antibalas en malas condiciones de funcionamiento”.

Esto implica la posibilidad de crear un registro de empresas infractoras a la norma. “La acumulación de más de tres faltas gravísimas o cinco faltas graves, aun combinadas entre sí que superen las cinco infracciones, en el período de un año, dará lugar a la suspensión de la habilitación otorgada, por el término de uno a dos años”, dice la ley.

En este sentido, Rodríguez destacó que en los últimos meses, la Digefe realizó varios procedimientos similares en empresas de seguridad inhabilitadas que terminaron con la incautación de armas en infracción. En algunos casos, el proceso se resolvió por la vía administrativa con la incautación de las armas y una sanción. Pero otros terminan en la justicia.

Un operativo realizado en 2018, por ejemplo, permitió incautar 17 armas de grueso calibre, quedando media docena de armas cuyo destino no pudo ser justificado por los propietarios; a partir de los registros se detectó que estas personas aparecían como propietarias de otra empresa de seguridad que también había perdido la habilitación. Esta tenía 16 armas registradas que no fueron halladas, por lo que el caso fue derivado a la Fiscalía.

En las últimas horas, incluso, la Digefe realizó un nuevo allanamiento. En este caso se trató de una empresa de seguridad que dejó de operar en 2012, al perder la habilitación, pero que aún aparecía como propietaria de armas. El operativo culminó con la incautación de 16, pero la investigación continúa para dilucidar si la empresa tiene otras armas registradas a su nombre.

Asimismo, Rodríguez destacó que las inspecciones realizadas por la Digefe permitieron detectar otras irregularidades en la operativa de las empresas de seguridad. Por ejemplo, empresas que brindan el servicio sin estar habilitadas. Este fue el caso de Segurital, que tenía unos cincuenta empleados y veinte armas de fuego, y brindaba servicio sin autorización. También se detectaron casos de empresas habilitadas que tenían personal no autorizado y armas no registradas. En estos casos, las empresas fueron sancionadas.

1.   “Menos armas, más seguridad. Aportes a la comprensión de la problemática de las armas de fuego en el Uruguay”, estudio de Ielsur.

Sindicato reclama mayor capacitación

Para utilizar armas, los guardias de seguridad deben aprobar un curso de capacitación y superar una pericia psicológica. Pero –según la Unatrase– los cursos de capacitación no son suficientes; se trata de un breve curso teórico sobre la normativa aplicable (como legítima defensa) y una práctica de 15 tiros en un polígono. Desde el sindicato se afirma que los cursos deberían ser más rigurosos –al menos 90 días–, con una mayor capacitación práctica en tiro y técnicas de reducción de personas. “Es un tema de costos, pero se debería apostar por la prevención y la capacitación del compañero”, afirmó Eduardo Camargo.

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