Este año se cumplirán 80 años de la primera retrasmisión televisiva pública y regular con la que la Bbc marcaba un enorme hito. Aquellos primeros rayos catódicos aún iluminan acaloradas discusiones sobre el fascinante poder de la caja boba o mágica, devenida hoy en una de las experiencias más compartidas y cotidianas por quienes vivimos en este planeta.
Asimismo, América Latina, desde la primera década del siglo XXI, con la revolución tecnológica digital y el triunfo de gobiernos de sello progresista, ha sido protagonista de una ola de reformas legislativas en la configuración de los sistemas de comunicación audiovisual que ha puesto a la televisión en el centro del debate.
La concentración mediática trasnacional, las múltiples plataformas de pantalla, la libertad de expresión y el rol de los estados en asuntos de comunicación pública han sido los principales temas que han movilizado –con mayor o menor polémica y amplificación mediática– esta ola legislativa que concretó promulgaciones en Argentina (2009), Bolivia (2011), Ecuador y México (2013).
También Uruguay transitó por un proceso que derivó en la aprobación de la ley 19.307 de servicios audiovisuales, que dedica un capítulo a los servicios de comunicación audiovisual públicos. Allí se consigna, entre los objetivos de la televisión pública (y la radio): “ofrecer información con independencia e imparcialidad” y “asegurar la independencia editorial y de programación, la pluralidad y diversidad de contenidos, para crear una opinión pública crítica y creativa”.
Lejos parecen quedar estos objetivos cuando la dirección y el destino de los canales quedan supeditados a la voluntad de la dirigencia política del partido de gobierno. En palabras de Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en Uruguay “ha quedado a medio camino el proyecto de una televisión pública con un mandato de calidad e independencia de los gobiernos de turno, sean éstos de cualquier tendencia. Y eso es un poco culpa de todos. En adelante, cada vez que cambie el gobierno se volverá a empezar y se buscará a gente más o menos afín, un formato del que no podemos esperar demasiado” (véase recuadro).
¿OTRA TELEVISIÓN ES POSIBLE? La tevé pública sigue siendo un tema de debate mundial: consolidada y prestigiosa en buena parte de Europa, fuerte y diversificada en Estados Unidos y con variadas realidades en América Latina, Asia y África.
La historia de la televisión uruguaya es la de la región: surge en la década de 1950 con fuerte matriz comercial. En sus inicios los tres canales privados pugnaron entre sí por ganar audiencia compitiendo por los recursos de la venta de publicidad. Se impuso así el modelo estadounidense, donde el usufructo del espectro radioelectrónico quedó en manos del sector privado –de pocas familias– que movilizó el capital que puso en marcha la incipiente industria. Una particularidad fue la precariedad de las licencias que a través de los años se han ido renovando y que ha generado una gran simbiosis entre el poder económico y el político.
Por su parte, como informa en su página web, el 5 fue el primer canal de televisión autorizado a emitir, en 1955. Pero inició sus trasmisiones de forma experimental recién el 28 de febrero de 1963, y de forma regular el 19 de junio de ese mismo año. Así, “Televisión Nacional de Uruguay (Tnu) es el canal abierto del Estado uruguayo y es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura” que cuenta con 24 retrasmisoras.
Desde su origen, Canal 5 ha tenido una porción marginal de audiencia, y financiado principalmente con fondos presupuestarios públicos, nunca ha sido una amenaza para los canales privados en la lucha por la torta publicitaria. En el año 2011 una investigación firmada por Edison Lanza y Gustavo Buquet para la Fundación Friedrich Ebert develaba que los tres grupos dueños de los canales privados tenían el control del 98 por ciento de las audiencias y el 95,5 por ciento del mercado publicitario de la televisión abierta.
No existen proyectos en aplicación en Canal 5 y Tevé Ciudad a mediano o largo plazo, y en general los planes cambian cada vez que el gobierno de turno elige un nuevo director.
La falta de aplicación de la ley de servicios audiovisuales no colabora con el desarrollo de la televisión pública, que es en gran medida una cuestión de ausencias: hay enormes vacíos en materia de políticas de la comunicación pública, faltan protocolos de trabajo, marcos o códigos de ética, definiciones de cómo presentar la información y sobre la publicidad que puede o no emitirse.
Más allá de algunos esfuerzos personales –que reflejaron cierta mejora de contenidos en ambos canales y la apertura a una temática más amplia–, haría falta una firme decisión política para dar el salto hacia una televisión pública de calidad y mayor impacto. Para los gobernantes es difícil desprenderse de la posibilidad de tener un canal abierto para manejar a su antojo, pero a la vez su audiencia es ínfima y la inversión es escasa.
La reglamentación de la ley 19.307 está paralizada porque Vázquez aduce que aguarda sentencias de la Suprema Corte sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra esa norma. Fuentes de la Corte informaron a Brecha que en abril estará la primera resolución sobre estos recursos. En ese organismo se bromea con que hay una nueva doctrina jurídica, cuya autoría le atribuyen a Vázquez, según la cual una ley no está vigente hasta que la Corte la declara constitucional.
Virginia Martínez, la única persona desde el retorno de la democracia que terminó un período de gobierno completo al frente de Canal 5, dijo a Brecha que para que haya “una verdadera fortaleza de los medios públicos y de la televisión pública en Uruguay, tiene que estar en rigor y funcionando con vigor la ley de servicios de comunicación audiovisual. Además se precisa necesaria e imperiosamente que como corolario esta ley tenga un capítulo o norma específica que legisle sobre los medios públicos, como existe en todos los países civilizados”.
LOS RECIÉN LLEGADOS. En este contexto, las direcciones de las dos televisoras públicas comienzan su andadura. Adriana González dejó la dirección del Instituto del Cine y el Audiovisual (Icau) para asumir como directora de Canal 5, cargo de particular confianza tras el alejamiento de Joaquín Constanzo, director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en el gobierno de José Mujica. Andrés Rodríguez, con 20 años de trabajo en el sector audiovisual, propietario de la productora Nepal y sin experiencia en el sector público, fue nombrado director de Tevé Ciudad luego de haber participado como director del área comunicacional en la campaña por la Intendencia de Daniel Martínez.
González dijo a Brecha que la televisión pública tiene “un antes y un después en 2005”, y ese camino es el que pretende “continuar y profundizar”. “Es entender a la televisión no como de gobierno, comercial ni estatal, sino como pública, que se dirige a cada individuo como ciudadano, que de alguna manera lo interpela y activa a participar en el espacio público.”
Agregó que el lineamiento es “seguir profundizando la agenda de derechos”, ya que la pantalla debe “reflejar esa agenda”, y consideró importante la “soberanía de la pantalla”, en lo que ahondará fundamentalmente con las coproducciones que se realizan en el canal.
“Nos interesa que lo que suceda en esta pantalla aporte a las narrativas sociales, que la pantalla represente lo que la sociedad uruguaya está narrando como relato social”, dijo. Pero acotó en seguida que eso “que teóricamente es tan lindo” se debe lograr a través de diferentes prácticas, generando entornos y conexiones con la sociedad civil y con las instituciones, para así reflejar “lo que está sucediendo en Uruguay hoy, en todo su territorio y no sólo a nivel metropolitano”. “Para eso un servicio público tiene que tener cobertura, generar lazos para llegar a la gente con cobertura, empatías y contenidos.”
González reconoce que el canal tiene una institucionalidad endeble y dependiente del poder político de turno, y considera importante el diseño estructural que se les dé a los medios, “porque de alguna manera dicen el lugar que ocupan en la institucionalidad en general”. Destaca como positivo que la ley de servicios audiovisuales crea un servicio descentralizado. La aplicación de esta ley “estaría dando el marco concreto de acción” y permitiría “profundizar lo que se está haciendo, completar su estructura, su forma de gobernanza, (y le daría) un marco que no tiene aún”.
Afirmó que las direcciones del canal y las radios deberían tener “su protagonismo” en definir líneas que dejen claro “que ser público no es ser de gobierno… y se está avanzando en eso”. “Responde a objetivos que no tienen que ver con las acciones de gobierno, sino con acciones que la sociedad va conquistando. Un canal público debiera ayudar a esa síntesis social, en algún momento puede ser a favor de un gobierno y en otro de resistencia, no necesariamente va por el mismo carril”, sostuvo.
Acotó que por eso es importante “ir diseñando algunas premisas, es poco lo que hay escrito sobre esto y hay que hacerlo, como protocolos de los funcionarios, del quehacer de un medio público. Un montón de letra a escribir que de alguna manera concreta la memoria de las instituciones”.
Rodríguez, en tanto, comentó que las posiciones de los teóricos sobre el futuro de la televisión cambian año a año. “Con la digitalización, la tevé abierta ha generado un salto de calidad en su emisión y, al ser gratis, la vuelve a posicionar como una fuente de información vital y determinante para el público mundial. Hoy por hoy la televisión sigue siendo el medio en que más confía la gente a la hora de informarse, a pesar de las redes sociales y los portales con mucha penetración. Sin duda la televisión abierta, a través de sus informativos, es la que más penetración tiene en la sociedad”, opinó.
[notice]Puntos de equilibrio
En el libro Cajas mágicas. El renacimiento de la televisión pública en América Latina, de Martín Becerra, Ángel García Castillejo, Óscar Santamaría y Luis Arroyo, se sostiene que el servicio público audiovisual debería reunir los siguientes denominadores comunes “como objetivos de servicio público que consideren la rentabilidad social en equilibrio con la sostenibilidad económica”:
- Dirigirse al ciudadano, a diferencia de los medios privados, que se dirigen a los consumidores, y a diferencia de los medios puramente gubernamentales, que se dirigen al ciudadano como elector.
- Constituirse en un lugar de encuentro y de diálogo nacional e intercultural que represente la totalidad de las expresiones culturales e identitarias presentes en cada país.
- Desarrollar una política de universalización en la prestación del servicio público, de tal forma que se ofrezca al conjunto de la ciudadanía sin exclusiones sociales, políticas, culturales, étnicas o geográficas.
- Promover la cultura y la educación aprovechando las potencialidades del medio audiovisual para colaborar en el desarrollo y formación de los ciudadanos.
- Aspirar a la mayor audiencia posible, con contenidos diversos de calidad e impacto.
- Entretener como una forma de llegar a las más amplias capas de la sociedad y aprovechar los formatos para la educación en valores para construir ciudadanía, democracia y sociedad civil.
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“Se perdió una oportunidad”
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a Brecha que para analizar la actuación de los medios públicos “hay que observar dos aspectos: por un lado, la gestión y, por otro, el marco regulatorio y de rendición de cuentas que tienen”.
En lo que respecta a la gestión, cree que en algunos momentos se buscó profesionalizar el trabajo informativo y periodístico, “pero en otros se ha buscado a un ‘compañero’ competente, tanto para llevar adelante la dirección del canal como los informativos. Esto ha determinados idas y venidas, y el hecho de que no se haya logrado consolidar una identidad profesional, como medio público al que todos los uruguayos, más allá de su filiación política, sientan como una garantía de calidad informativa”.
En última instancia –opina Lanza– los medios municipales públicos y los nacionales públicos son financiados por todos los ciudadanos, cualquiera sea su filiación política o ideológica, “y el valor agregado de este tipo de medios es que promuevan la diversidad de enfoques y de formatos, la cultura nacional, los valores democráticos y los derechos humanos. Deberían ser el ente testigo de las mejores prácticas profesionales, y debe haber instancias de consulta de la programación con la sociedad civil y el Parlamento nacional. No hemos dado ese paso, como ocurre en los mejores medios públicos del mundo, como la televisión sueca, la alemana o la Bbc”.
Según el relator, la democracia uruguaya está consolidada y los uruguayos merecemos que los gobiernos “dejen de ver a la televisión pública como un instrumento de defensa del propio gobierno. Los sucesivos gobiernos del FA han administrado con bastante prolijidad Tnu y las radios públicas, pero no han logrado consolidar una gestión periodística profesional que trascienda a la administración de turno”.
Lanza también se refirió al marco regulatorio: “Cuando se trató la ley de servicios de comunicación audiovisual, la primera versión que discutió el Parlamento incluía la creación de un directorio con control parlamentario directo y mayor independencia para la gestión. También un consejo asesor de integración plural, y se propuso transformar a los medios públicos en personas públicas no estatales. Pero los funcionarios temieron que eso fuera una tercerización y no lo entendieron como una garantía para la democracia. Se opusieron tenazmente. La oposición, por su lado, cegada por derribar la ley, dejó pasar la oportunidad y no incidió en esa discusión.
Al final quedó un directorio colegiado pero cuya designación depende del Poder Ejecutivo, y sin ningún tipo de rendición de cuentas al Parlamento ni a la sociedad, casi la misma cosa. Se perdió una oportunidad de darles un marco legal moderno a los medios públicos, con un proceso de designación que incluyera la publicidad, la presentación de planes y el debate parlamentario. Con ello se perdió la posibilidad de generar una política de Estado con algún consenso básico de todos los partidos y con participación de la sociedad civil”.
El mejor espejo es para Lanza “el modelo de la televisión sueca, la Deutseche Welle o la Bbc. Son las instituciones más queridas y más creíbles para todos los ciudadanos de esos países, muy por encima incluso de otras instituciones públicas y privadas. Sus directores, gerentes y directores periodísticos no están identificados con ningún partido y están al frente por períodos largos, que trasciendan a los gobiernos; obviamente, siempre que cumplan con un plan de trabajo que presentan y controla directamente el parlamento e instancias o consejos con integración de la sociedad civil.
Ha quedado a medio camino el proyecto de una televisión pública en Uruguay con un mandato de calidad e independencia de los gobiernos de turno, sean éstos de cualquier tendencia. Y eso es un poco culpa de todos. En adelante, cada vez que cambie el gobierno se volverá a empezar y se buscará a gente más o menos afín, un formato del que no podemos esperar demasiado”.
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Programación y audiencias
En Canal 5, su directora, Adriana González, más que sacar programas prevé incluir otros y organizó un llamado con el fin de elegir cuatro nuevos ciclos: uno dedicado a la ciencia y la tecnología, uno a la salud y la calidad de vida, otro a la mirada de los extranjeros que viven acá y un programa dedicado a mostrar el Interior pero desde la mirada de los niños.
El director de Tevé Ciudad, Andrés Rodríguez, recordó que este 2016 el canal cumple 20 años y lo tecnológico determina su contenido, puesto que de ser un canal de cable se convierte en una señal abierta. “Estamos camino a convertirnos en un canal técnicamente llamado generalista”, lo que implica ir mutando hacia algunas franjas de programación fijas, explicó. En ese marco, adelantó que el servicio informativo del canal tendrá un rol preponderante en la programación, con énfasis en el tránsito, el tiempo y los barrios, y que todas las noches habrá un programa conducido por los actores Noelia Campo y Jorge Temponi. Aclaró que se mantendrá una fuerte presencia de documentales, entrevistas en profundidad, música y un rescate en pantalla del archivo de Tevé Ciudad.
A esto sumará la trasmisión de más actividades en vivo, que considera que es un diferencial de la televisión, complementario a la posibilidad del video on demand y con muy buena respuesta del público.
Según González, más que el rating lo importante es “la rentabilidad social que aporte el canal”, que “no se puede medir de la misma manera que el rating”, por lo que plantea que el canal, junto a la radios públicas y el Instituto del Cine, asociados a instituciones competentes, investiguen la medición de audiencias con características diferentes a las actuales. “Creo que es necesario a la hora de diseñar políticas.”
“Esas mediciones deben tener más que ver con objetivos, si hago un programa sobre calidad de vida hay que ponderar esa audiencia, definir qué tipo de audiencia es, qué edades. Hay que medir otras cosas, sólo la medición de cuántos lo ven no alcanza”, detalló.
Rodríguez dijo que todos los comunicadores “queremos audiencia, que la gente nos escuche, nos lea y nos mire. Por eso el rating importa, pero no puede determinar todos los contenidos, porque este canal le da voz a un montón de expresiones que no tienen espacio en la televisión privada”. Por ello afirmó que si sólo se evalúa por el rating “estaríamos cometiendo un error grave, pero también lo estaríamos cometiendo si desconocemos la posibilidad de generar audiencia. Para que las diversas voces representadas en un canal público tengan mucha penetración en la sociedad tenés que tener audiencia, si no esas voces son muy bajas y nadie las escucha”, concluyó.
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