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A por los anarcos

España y su nueva ofensiva “contra el terrorismo”: siete personas están presas desde el 16 de diciembre acusadas de integrar una “organización terrorista de cariz anarquista violento”, tan grande e importante que hasta la semana pasada no tenía nombre ni se la responsabiliza de alguna acción en concreto. Entre los detenidos hay una uruguaya.

Nadie, seguramente, se la veía venir. Eran las cinco de la mañana del martes 16 de diciembre cuando los Mossos d’Esquadra –policía autonómica catalana– reventaron la puerta de la Kasa de la Muntanya, un ex cuartel de la Guardia Civil que desde 1989 estaba ocupado como centro social. Según una crónica del periódico Diagonal, los policías, iluminados desde el aire por un helicóptero, arrasaron con todo lo que tenían por delante. Iban armados a guerra y rodearon la zona. La Operación Pandora, como se la llamó, contó con la participación de 400 Mossos d’Esquadra y se cobró 11 detenidos. Además de la Kasa de la Muntanya fueron allanados el Ateneo Libertario de Sant Andreu y el Ateneo Anarquista de Poble Sec. “La operación para desarticular una organización terrorista de carácter anarquista a la cual se le atribuyen diversos atentados con artefactos explosivos ha realizado 14 allanamientos, 11 en la localidad de Barcelona (ocho domicilios y tres locales), una en Sabadell, una en Manresa (ambas en la provincia autónoma) y una en la localidad de Madrid”, comunican los Mossos.

Recién el viernes 19 se tuvieron noticias de qué había pasado con los detenidos mediante la publicación anticarcelaria El refractario. El jueves 18 los 11 fueron trasladados a Madrid. El juez procesó con prisión domiciliaria a cuatro de ellos y con cárcel a los otros siete. Según la misma fuente estarían recluidos en la cárcel de Soto de Real y serían dispersados por el territorio español, como suelen hacer los ibéricos con sus presos políticos.

“Fueron enviados a prisión acusados de un terrorismo sin ataques conocidos. Los abogados hablan de persecución mientras el auto, plagado de literatura policial, elucubra sobre ideas libertarias”, consigna el diario vasco Gara. La acusación judicial señala: “De la investigación de los grupos anarquistas coordinados se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional”. Pero no hay ni rastro en el expediente de los hechos que se les imputan, señala Gara. Lo que se les incautó fue básicamente literatura anarquista, a la que se considera entre los “indicios tanto de la unidad ideológica como de la estrategia para desestabilizar al Estado y alterar gravemente la paz pública”.

MODUS OPERANDI. Turín, Italia, 1998. La argentina Soledad Rosas y los italianos Edoardo Massari y Silvano Pelissero son detenidos en una redada policial en la casa que ocupan en Collegno, en las afueras de la ciudad. Durante la misma noche, y aprovechando la confusión reinante, la policía vandaliza el Asilo, otra casa ocupada. El escritor y periodista argentino Martín Caparrós recoge la historia de Soledad en un libro. Hay que esforzarse por zafar de la pose del autor y sus intromisiones constantes en el texto para encontrar el relato de un momento potente: el que hace del movimiento turinés, que tenía ya más de una década de autogestión encima.
Los tres okupas fueron entonces acusados de atentar contra las obras del tren de alta velocidad que uniría a Turín con la ciudad francesa de Lyon. Un proyecto que aún despierta resistencias. A Rosas se la acusa de hechos que sucedieron cuando ella todavía estaba en Argentina. Massari y Pelissero, como ya habían sido acusados anteriormente por causas igual de enclenques, son carne de cañón.

El método utilizado por la policía italiana en la época es muy similar al que emplea su par española 16 años después. Explica un okupa en el libro de Caparrós: “Fue una ocasión para los organismos represivos de darle un buen golpe a las casas ocupadas, acusándolas de cosas mucho más graves que las habituales. Aunque ellos no hicieron nada: no hicieron atentados, pero los acusaron de cosas que ‘habrían podido hacer’”. Y otro dice: “Fue un golpe a dos bandas; también les sirvió para mostrarle a la población que era imposible rebelarse contra el proyecto del poder y los grandes capitales de la región. ‘Demostraron’ que los que se permiten oponerse a los proyectos del capital son monstruos, son locos, son terroristas. Eso fue lo que consiguieron”.

Los medios libres españoles vincularon el ataque a los libertarios con las políticas globales del Partido Popular para reprimir las protestas sociales que se han ido generalizando con el avance de la crisis. Gerardo Pisarello analiza en un artículo publicado en La Haine que tras el intento fracasado de llevar ante los juzgados a los protagonistas de las protestas el gobierno decidió potenciar la vía administrativa, promoviendo leyes como la llamada “ley mordaza”, que establece un código de multas económicas para “delitos” tales como manifestarse frente a las cámaras legislativas u obstruir la labor de funcionarios públicos. “A diferencia de lo que ocurre con las sanciones penales, las multas administrativas pueden ser puestas por las delegaciones del gobierno, sin control judicial previo. Son menos aparatosas que la represión física directa y suponen una lenta pero eficaz asfixia económica”. Y agrega: “Es un proyecto de ley que sólo se ha podido justificar falseando sin pudor los datos sobre disturbios violentos producidos en los últimos tres años”. Perseguir a los “terroristas anarquistas” le viene al pelo a un gobierno que necesita un chivo expiatorio que justifique un ajuste represivo.
Por otro lado, “el espacio público deja de ser un espacio de participación política, para convertirse en un ámbito regimentado y expurgado de toda connotación conflictiva”, apunta Pisarello.

La reforma del Código Penal se centra en perseguir los delitos “terroristas”. Así, pena con hasta ocho años de prisión a quienes integren una organización “terrorista” o “se estén preparando para hacerlo”, castiga a quienes consulten ciertas páginas web, y habilita las escuchas telefónicas sin orden judicial, entre otras cosas. La ley permite además considerar terrorista a una persona sin necesidad de que integre un grupo.

Esta misma semana se vio al ministro del Interior español posar para la foto con su par chileno. Acababan de firmar un acuerdo para “reforzar la colaboración en la lucha contra el terrorismo anarquista…”.

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