Por qué Ortega no quiere soltar

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».