Niara es una niña negra de Brasil y de voz dulce. Desde diciembre de 2020 –en pleno gobierno de Jair Bolsonaro y en medio de la crisis del covid–, protagoniza una serie de viñetas que explican en un lenguaje accesible la injusticia del sistema tributario de uno de los países más desiguales del mundo. Un sistema que está siendo reformado a impulsos del gobierno de Lula y por votación unánime del Poder Legislativo. Niara fue creada por el dibujante Renato Aroeira y es la mascota de la campaña Tributar os Super-Ricos, promovida por el Instituto de Justicia Fiscal y apoyada por más de 70 organizaciones brasileñas.
Es que en distintas latitudes la justicia fiscal es una bandera que se milita. Como la política criminal o el respeto a los derechos humanos, el análisis integral de los impuestos de un país permite ver a quiénes premia y castiga su Estado, con quién es benevolente, con quién es duro y dónde es justo o injusto. En una economía globalizada y financierizada, esas ponderaciones pueden extenderse al conjunto de la economía mundial.
En Argentina, la causa de la justicia fiscal también tiene empuje, elaboración teórica e investigación. La economista Verónica Grondona es uno de sus puntales. Ha publicado estudios desde distintas organizaciones, como el Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini y el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. En noviembre de este año, fue una de las especialistas que aportó insumos para la elaboración de Hay otro camino. Proyecto para una reforma fiscal justa, una propuesta progresiva y redistributiva presentada por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, en pleno gobierno del archienemigo de los impuestos, Javier Milei.
Grondona también ha participado activamente de trabajos de investigación en el ámbito internacional. Por ejemplo, para la red transnacional de académicas del Sur global Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Es asesora sénior en la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que incluye economistas de la talla de Gabriel Zucman, Thomas Piketty, José Antonio Ocampo y Joseph Stiglitz. Justamente, Stiglitz preside el comité de expertos independientes que el mes pasado presentó al G20 (a pedido de Sudáfrica) un estudio sobre la desigualdad global, que expone que desde el 2000 para acá el 1 por ciento más rico de la población mundial se ha apoderado de 41 céntimos de cada dólar generado (casi la mitad), mientras que a la mitad más pobre del planeta le llegó solo un centavo por dólar (una centésima parte).
Pero la evidencia de la desigualdad mundial también viene siendo expuesta desde antes –y también a impulso de los países africanos– en otros foros multilaterales. «La Unión Africana propuso, en 2023, una resolución para la creación
de una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional en el seno de las Naciones Unidas. Es decir, una convención marco que sí tenga carácter vinculante, no como el Comité de Expertos de Naciones Unidas que ya existía», explica Grondona, en diálogo con Brecha. Desde entonces, la ONU negocia principios y protocolos para esa convención en un marco más inclusivo que foros como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el G20, en los que solo tienen poder de decisión un puñado de países del Norte global.
«Uruguay no ha tenido hasta el momento una participación en la negociación, más allá de que, aun con el gobierno anterior, el representante permanente ante Naciones Unidas de la cancillería uruguaya ha votado en favor de la propuesta de los países en desarrollo porque, por lo que tengo entendido, es un posicionamiento bastante natural de las delegaciones, votar con sus países pares cuando no están siguiendo un tema», cuenta Grondona. La tercera sesión de esas negociaciones, que se extenderán hasta 2027, tuvo lugar del 10 al 19 de noviembre en Nairobi, Kenia, en paralelo a la COP30 en Brasil. Uruguay no participó. De Sudamérica, lo hicieron Colombia, Brasil, Chile y Perú*.
La economista, que en mayo participó de un panel de expertos con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Parlamento e integrantes de la academia, recurre al contexto histórico para explicar el momento actual de la discusión tributaria internacional. Describe, con esos fines, un aspecto fundamental en el cobro de impuestos a las empresas que tienen actividad en más de un Estado, y que se aplica desde la época de la Liga de las Naciones (previa a la existencia de la ONU). En ese entonces, en el marco de las discusiones para evitar la «doble tributación», es decir, que una empresa pague impuestos en dos países distintos por una misma actividad, se estableció un principio llamado de libre concurrencia o arm’s lenght, utilizado para definir el valor de las operaciones económicas internacionales entre compañías que actúan en más de un país. Ese principio deja que el precio de las compras y ventas entre empresas de un mismo grupo (por ejemplo, una empresa argentina con una filial en Uruguay) sea fijado por el propio grupo. Se habilitan, así, todo tipo de artimañas contables para declarar, por ejemplo, las ganancias del grupo en el país que cobra menos impuestos y registrarlas como pérdidas en el que cobra más, de forma de pagar la menor cantidad de tributos posibles. Son los denominados precios de transferencia que Grondona estudió en una extensa publicación de 2014.
Esos principios se aplican en los modelos de convenios que tanto la OCDE como la ONU presentan como guía para acuerdos entre países. Desde los tiempos de la Liga de las Naciones viene también un principio que, para resolver el problema de la doble imposición, «da preferencia a la tributación en el país sede de la casa matriz de la empresa, es decir, el país exportador del capital, limitando la tributación en el país que lo recibe, aunque allí se produzca actividad económica», explica la economista. Esa discusión atraviesa el diseño y la aplicación del impuesto mínimo global a las multinacionales, aprobado en la ley de presupuesto en Uruguay a impulsos del Ministerio de Economía y Finanzas, y de la tributación de los servicios digitales, que no tienen presencia física en la gran mayoría de los países en los que operan. Aunque la OCDE ha tomado cartas en el asunto, sus soluciones todavía no son efectivas y enfrentan críticas de los países menos desarrollados por la falta de inclusión en su diseño y su excesiva complejidad técnica, que incrementa las inequidades de participación.
EL 1 POR CIENTO
La última visita de Grondona a Montevideo estuvo enmarcada en un evento por los 40 años de este semanario (véase «Los intocables», Brecha, 5-XII-25).1 Cuatro días antes, el PIT-CNT había presentado su propuesta de gravar con una sobretasa de 1 por ciento al impuesto al patrimonio de las personas físicas del 1 por ciento más rico del país. Lo recaudado, propone la convención de trabajadores, se destinaría a políticas para abatir la pobreza infantil, de altos guarismos en Uruguay. «La propuesta del PIT-CNT es moderada y razonable», evaluó Grondona. Consideró, además, que se complementa bien con otras modificaciones impositivas progresivas aprobadas por el Poder Legislativo a instancias del Ejecutivo, como la que extiende el alcance del impuesto a la renta de las personas físicas de residentes fiscales uruguayos a los rendimientos de capital mueble e inmueble en el exterior. Sin embargo, fue crítica con el instrumento del flat tax, que permite a esos contribuyentes, de alto patrimonio, optar por el pago de un monto fijo anual de 300 mil dólares por 20 años. También lamentó que el país siga profundizando el régimen de vacaciones fiscales, que «es utilizado por los ultrarricos de la región para evitar pagar impuestos en sus países» y que el Parlamento no haya logrado un acuerdo para agilizar el levantamiento del secreto bancario ante requerimientos de terceros países en el marco de investigaciones por elusión o evasión tributaria. Si bien Uruguay comparte información automáticamente, por ejemplo, con Argentina, para que esa información pueda ser utilizada en casos concretos se debe esperar la habilitación de un juez, que, si la dispone, puede tardar hasta tres años, una ventaja que permite que el capital se retire antes de ser cobrado por las administraciones tributarias. Grondona sabe de lo que habla, pues fue directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, desde donde trabajaba, «en un marco de buena colaboración mutua», con la Dirección General Impositiva uruguaya. Y su advertencia es oportuna: cerrada la discusión presupuestal, el secretismo uruguayo estará a resguardo hasta nuevo aviso.
* En una primera versión de esta nota se omitió a Perú y a Chile, que también participaron
Justicia fiscal y género
Grondona también ha participado en estudios sobre las inequidades que los sistemas tributarios imponen en materia de género. Por ejemplo, es coautora, junto con la uruguaya Nicole Bidegain Ponte y la argentina Corina Rodríguez Enríquez, de la publicación Flujos financieros ilícitos que socavan la justicia de género. Consultada por esa dimensión de las inequidades tributarias, resaltó que la distribución de las cargas impositivas injustas impactan directamente en las mujeres, que están «sobrerrepresentadas en los quintiles más pobres y subrepresentadas entre los ultrarricos». También señaló que los subterfugios usados para la evasión o el ocultamiento de beneficiarios de negocios lícitos o ilícitos son utilizados, por ejemplo, por las grandes textiles que «tercerizan» la confección de sus prendas en talleres clandestinos en los que se explota a las mujeres trabajadoras pobres.
- El evento contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. ↩︎
