En la amenaza constante de una inflación desmedida –amenaza que en el plano subjetivo tiene una incidencia sustancial en las sociedades argentina y uruguaya por las vivencias pasadas– los primos del otro lado del charco se han enrolado masivamente en un combate al alza de los precios de productos de consumo masivo a través de un programa conocido como Precios Cuidados. Se trata de un mecanismo de control de precios en el que los consumidores juegan un papel activo de contralor. Así, es común asistir al reclamo del cliente para que los comercios tengan un abastecimiento permanente de los productos rebajados, en una suerte de vigilancia colectiva que hace más efectivo el mecanismo e instala una participación popular. En dos años de aplicación de Precios Cuidados, el gobierno argentino anunció una desaceleración de la tasa de inflación, fenómeno que contrasta visiblemente con la realidad uruguaya, donde el criterio inalterable es la apuesta a un juego de libre mercado que supuestamente se autorregula.
Precios Cuidados fue una iniciativa de la Secretaría de Comercio argentina que impulsó un acuerdo con las empresas comercializadoras, los distribuidores y sus principales proveedores, para una administración de precios flexibles. En una negociación compleja con los productores, las grandes superficies, los minimercados y los almacenes barriales, se logró establecer una lista de unos 400 productos –que ahora se extendió a 506– cuyos precios de comercialización final, a partir del análisis de las cadenas de valor, aseguran condiciones de competitividad, márgenes razonables de ganancias y beneficios concretos para el consumidor. Si bien el carácter de compromiso voluntario en la fijación de los precios y en la elección de los productos guarda una similitud con los acuerdos que nuestro Ministerio de Economía firmó con las grandes superficies recientemente, el programa argentino se distingue por su estabilidad, por la continuidad en el tiempo (no es un acuerdo a término) y fundamentalmente por la transparencia que permite al consumidor elegir informado.
Los acuerdos son por rubros y fijan precios rebajados para algunos productos. Por ejemplo: en el caso de la carne se fijan precios cuidados para seis cortes; en las frutas y verduras para ciertas variedades, y en los bienes industrializados, para algunas de las ofertas de los mismos productos. Así, entre la infinita variedad de una marca (como se aprecia, por ejemplo, en pastas de dientes o champúes) sólo algunos tienen precios cuidados. A la vez, el precio negociado puede establecer diferencias notorias entre marcas; tal es el caso de la manteca de La Serenísima, cuyo precio cuidado tiene una diferencia de 26 por ciento respecto del precio de la manteca Sancor. Lo mismo ocurre con la leche, cuyos precios acordados en algunas variedades establecen diferencias de hasta 30 por ciento con el resto. Los acuerdos rigen para todo el territorio y para todas las escalas de tamaño de los comercios, pero surgen algunas dificultades en localidades en que no están presentes ciertas cadenas de supermercados o con almacenes y minimercados barriales donde no llega la distribución de todos los productos; en estos casos se acordaron productos de remplazo, de similar calidad e igual precio que los del listado original. Otra dificultad es que en los negocios de formato más pequeño la cantidad de productos disponibles es menor, y que algunas marcas no son distribuidas.
En los dos años de aplicación del programa, el mecanismo permitió detectar prácticas de comercialización con márgenes abusivos de ganancia. Pero la existencia de Precio Cuidado logra un efecto que la “autorregulación del mercado” no concreta, al menos en Uruguay: los productos con precios acordados multiplican las ventas respecto de otros productos de la misma marca, con lo que la empresa compensa la baja venta de las otras ofertas. Pero para ello fue necesaria una conducta social activa, reclamando el abastecimiento correcto. Así, se han corrido consignas de reclamo cuando en un supermercado se argumenta que “se acabó el stock”; inmediatamente se realiza la denuncia y el comercio es obligado a reponer el producto. Tal conducta es posible cuando el consumidor está debidamente informado y decidido a ejercer su derecho. Por ahora el sistema ha funcionado y ha superado la resignación individual.
Al iniciarse la séptima etapa del programa, el gobierno autorizó una suba de 2 por ciento en los precios de los productos cuidados, de modo que el aumento total en el correr del año fue de 9 por ciento. La brecha entre precios cuidados y precios no cuidados ha llegado, en promedio, al 30 por ciento, es decir, un mismo producto es un tercio más barato según esté o no en la lista acordada. Los registros de inflación del primer semestre de 2015 en Argentina son los más bajos desde 2013, algo que no sólo es informado por los organismos estadísticos oficiales, sino reconocido por las consultoras privadas. Con estos resultados, la Secretaría de Comercio afirmó que Precios Cuidados cumplió su papel para contener la inflación al funcionar como una suerte de referencia para el resto de los productos. Sin embargo, se sostiene que la brecha de precios con el resto podría obedecer a que los fabricantes y los supermercados estén compensando con subas lo que dejaron de ganar con los precios cuidados.
Por ello, al anunciar el aumento para los productos del acuerdo, el gobierno advirtió que habrá seguimientos muy rigurosos para evitar que los supermercados hagan aumentos “que no sean razonables”, de modo de “asegurar que las mejoras salariales sean realmente mejoras”. El secretario de Comercio, Augusto Costa, explicó el riesgo de que “las grandes productoras, distribuidoras y comercializadoras de artículos de consumo masivo puedan quedarse con más plata de los consumidores o pagarles menos a los proveedores de insumos desde su posición de ‘formadores de precios’, y eso permite una posición dominante de mercado”. Tales fundamentaciones para aplicar controles de precios son impensables en nuestro país, según la postura dominante en el elenco económico del gobierno. Sin embargo, las últimas cifras sobre el comportamiento del producto bruto interno y las amenazas cada vez más tangibles de que la inflación se dispare por encima del 10 por ciento alimentan posiciones “no ortodoxas” en filas del partido gobernante. Por qué no es posible un sistema similar al de Precios Cuidados en Uruguay es algo que merece, por lo menos, un debate franco y transparente de cara a la población que enfrenta la amenaza de reducciones salariales y un costo de vida aun más alto.