El contundente fallo de la Junta de Transparencia sobre la conducta de Agustín Bascou determinó su divorcio del sector que lidera Jorge Larrañaga. El senador Luis Lacalle Pou volvió a pedir su renuncia, pero el intendente de Soriano, una vez más, se reafirmó en su cargo. En tanto, el principal dirigente del líder herrerista en Maldonado, Rodrigo Blás, fue citado como indagado por el juzgado de crimen organizado que investiga si cometió un delito de defraudación tributaria en la venta de terrenos de ese departamento.
Si en algún momento Agustín Bascou (Alianza Nacional) temió que el informe divulgado el martes por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) podía acarrearle graves consecuencias políticas, ha sabido disimularlo. El organismo concluyó que el intendente de Soriano violó las normas que deben cumplir los funcionarios públicos en materia de “rectitud, probidad, legalidad, transparencia y publicidad, prohibición de relaciones con actividad vinculada y declaración jurada de implicancias”, al venderla a la comuna combustibles de dos estaciones de servicio de su propiedad. Para el directorio de la Jutep, Bascou no causó daño patrimonial al Estado, pero sí tomó decisiones administrativas que le reportaron beneficios económicos a las empresas que él y su esposa integraban. Pese al lapidario dictamen en su contra, el jerarca en cuestión no dudó en salir inmediatamente a la prensa para descalificar la actuación de la Jutep (“discrepo en muchos de sus aspectos, tanto desde el punto de vista formal como en el fondo del asunto”) y descartar “totalmente” una renuncia a su cargo. Enfatizó que el asunto quedó “laudado” cuando la Comisión de Ética de su partido lo “apercibió” por su conducta (lo cual fue considerado insuficiente dentro y fuera de su partido) 1 y él pidió disculpas.
El fallo de la Jutep alentó al líder herrerista Luis Lacalle Pou a reforzar la estrategia de la cruzada ética e insistir en que el intendente “estuvo mal” y por eso debe “dar un paso al costado”. “El dictamen de la Comisión de Ética (del PN) fue muy leve. Esto abona mi tesis”, comentó, en rueda de prensa, apenas conocido el dictamen. Todavía confiado en la inocuidad del fallo para su futuro político, Bascou retrucó desde el diario local Agesor: “Me tiene sin cuidado lo que pueda opinar, es problema de él. Lacalle Pou tiene muchas cosas para revisar internamente”, deslizó.
Pero el fallo de la Jutep, el segundo de este organismo después del referido al ex vicepresidente Raúl Sendic, desencadenó una serie de eventos desafortunados para el intendente: ayer el semanario Búsqueda informó que, tras reunirse con representantes de Alianza Nacional en el Parlamento, incluido el senador Jorge Larrañaga, se resolvió su desvinculación del sector. En la carta que el intendente de Soriano dirigió a su líder dijo sentirse en la necesidad de que su accionar no lo “comprometa personal ni políticamente” ni “lo perjudique en lo más mínimo”. En otra epístola dirigida a la población le agradece su “apoyo incondicional” y sostiene que su gestión “no se puede mezclar con temas políticos partidarios” y que, por lo tanto, su decisión “puramente partidaria en nada afecta” su función como jerarca.
Horas antes de que se conociera su alejamiento del sector de Larrañaga, el presidente del Directorio blanco, Luis Alberto Heber, quien luego del pronunciamiento de la Comisión de Ética partidaria había considerado que Bascou “comprometió el buen nombre del Partido Nacional”, adelantó que, en una reunión prevista para el próximo lunes, se planteará la revisión del tibio “apercibimiento”.
OTRAS REACCIONES. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, informó por la red social Twitter que envió el documento de la Jutep a los magistrados que entienden en las denuncias penales radicadas contra el intendente por ediles frenteamplistas de Soriano debido a la compra de combustibles en sus estaciones de servicio y por particulares perjudicados por un presunto libramiento de cheques sin fondos. Además, el diputado Enzo Malán adelantó a Brecha que el Frente Amplio local evaluará este fin de semana los “nuevos escenarios”, y no descartó sondear a ediles oficialistas para insistir en un juicio político si Bascou se niega a renunciar. “Veremos qué dicen ellos tras el informe de la Jutep. El PN tendrá que evaluar el costo político y las eventuales consecuencias de que Bascou se vaya o se quede. Esto seguirá en campaña electoral.”
- “En casa de herrero”, Brecha, 17-XI-17.
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Rodrigo Blás citado como indagado por crimen organizado
Con otra vara
Al menos 20 personas, entre indagados y testigos, deberán declarar la semana próxima ante el juzgado especializado en crimen organizado que investiga si el edil nacionalista Rodrigo Blás –presidente de la Junta de Maldonado y principal dirigente de Luis Lacalle Pou en el departamento– cometió un delito de defraudación tributaria en la venta de terrenos de un fraccionamiento fernandino. Las audiencias se sucederán entre el 7 y el 13 de diciembre, tal como se estimaba en setiembre, cuando el fiscal Luis Pacheco resolvió reactivar la investigación.1 Además de Blás hay otras seis personas citadas en calidad de indagadas: el escribano José Luis Robatto, secretario de la Junta Anticorrupción durante la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005); el edil herrerista Darwin Correa; dos escribanas que, paralelamente, son funcionarias de carrera en la Intendencia de Maldonado; la esposa de Blás y un empresario argentino que figura como director de Javipark SA, firma propietaria del fraccionamiento. Por otra parte fueron citados como testigos varios compradores que, a instancias de Blás o sus empleados, declararon en las escrituras un precio inferior al que pagaron por los predios entre 2011 y 2013. También fue convocado el abogado Gastón Villamayor, quien al enterarse de las maniobras en 2014 presentó la denuncia ante la Dirección General Impositiva (Dgi).
Para la Dgi, que investigó el caso y radicó una denuncia penal en octubre de ese año, a nivel administrativo está probado que el dirigente herrerista, en su actividad como operador inmobiliario, actuó de forma “organizada” y “premeditada” para ahorrarse unos 300 mil dólares en impuestos. Sin embargo, Lacalle Pou mantiene la decisión de esperar el fallo judicial antes de tomar medidas sobre su puntero fernandino y soslayó planteos de dirigentes de su sector, como el intendente de Florida, Carlos Enciso, para quienes la conducta de Blás debería pasar por el Comité de Ética del Partido Nacional.2 Lejos de cuestionar la probidad de Blás, Lacalle Pou lo apoyó en los últimos tres años: avaló su candidatura a la diputación (2014) y a la Intendencia de Maldonado (2015) y lo respaldó con su presencia cuando éste asumió por primera vez la presidencia de la Junta de Maldonado (2016), tras haber aportado votos decisivos para el triunfo blanco. Palabras más, palabras menos, Lacalle Pou –a quien Brecha intentó consultar sin éxito– siempre contestó lo mismo a los pocos medios que lo consultaron: hay que esperar el fallo judicial, pronunciamiento que no consideró necesario para pedir la renuncia de Agustín Bascou, investigado penalmente para determinar si incurrió en el delito de conjunción del interés público y el privado.
- “La bolilla que faltaba”, Brecha, 29-IX-17.
- Telemundo, 1-X-17.
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