Ayotzinapa ejemplifica los mejores valores de la juventud de México: jóvenes campesinos, indígenas, de escasos recursos, con ganas, deseos y necesidad de superarse profesionalmente, de apoyar a sus familias, de buscar un mejor futuro para sus hijos o para sus padres. Jóvenes que encontraron en la Normal Rural de Ayotzinapa lecciones de historia y la necesidad de conmemorar el 2 de octubre. Jóvenes recordando a otros jóvenes masacrados 46 años antes en Tlatelolco, que hoy podrían haber sido sus abuelos.
Ayotzinapa también son las otras víctimas, muchas más que los 43 desaparecidos: si sólo decimos “43” dejamos de lado a los muertos y heridos. Los padres y madres de Ayotzinapa han señalado que hay que ir más allá de los 43. Y no son sólo estudiantes normalistas. Otras organizaciones que también acudieron de urgencia al auxilio después del primer ataque engrosaron el número de víctimas heridas y sobrevivientes. Y civiles particulares, que nada tenían que ver con el acto original de los normalistas. También los normalistas sobrevivientes ilesos físicamente o con heridas leves y los que, después de sobrevivir a esa noche, abandonaron la escuela porque los delitos de lesa humanidad cometidos con la violencia del Estado les rompió su proyecto de vida. El recuento final de aquella noche es de seis ejecutados, 40 heridos, 120 sobrevivientes y aproximadamente setecientos familiares de los desaparecidos que abarcan las siete regiones del estado y alcanzan a Oaxaca, Morelos y Tlaxcala.
La vida cotidiana en la normal de Ayotzinapa fue prácticamente diezmada: entre ejecutados, heridos, desaparecidos y quienes abandonaron la normal, se perdió uno de cada diez alumnos que iniciaron el ciclo escolar en agosto de 2014.
Eran jóvenes estudiantes, jóvenes padres, jóvenes que se sobreponían a las historias de otras masacres y abusos de poder. Y que no querían seguir reviviendo las mismas condiciones de opresión y marginación. Hablamos de desaparecidos, ejecutados y heridos. Nos falta hablar del dolor de las familias, del costo social, del miedo que provocó la masacre de Iguala. De personas que no pudieron vencer su miedo a participar en las movilizaciones por que aumenta el riesgo de ser ejecutado o desaparecido, del miedo acompañado de impotencia, de no saber qué hacer para ayudar a encontrar a los desaparecidos. Impotencia que conoce que las autoridades son cómplices, están implicadas de una o de otra manera en las agresiones contra Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) nos confirmó mucho de lo que sabíamos pero no podíamos probar y sistematizó una buena parte de los esfuerzos del Estado mexicano para ocultar la verdad: que las agresiones fueron un amplio operativo coordinado y abarcaron un extenso territorio –por el control en las carreteras que van a Taxco, Teloloapan, Chilpancingo– para ejecutar una acción de terrorismo de Estado. Que los normalistas fueron monitoreados desde que salieron de Chilpancingo, que el Ejército tomo el control de la información a través del C4 de Iguala, que los mandos militares de zona y región, así como la Policía Federal, estuvieron informados en tiempo real sobre lo que sucedía esa noche en Iguala y sus alrededores. Es el mismo Ejército acusado de ejecuciones en Tlatlaya, que está a poco más de 50 quilómetros de Iguala en línea recta. Es la misma Policía Federal, heredera de la represión en Atenco en 2006 y responsable de las masacres de Apatzingán y Tanhuato.
Ayotzinapa trajo a la memoria a los más de cuatrocientos desaparecidos del terrorismo de Estado de las décadas del 60 y del 70. Uno de los normalistas desaparecidos es nieto de un desaparecido de esa época. Y, por supuesto, esas desapariciones siguen impunes a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla, detenido en un retén del Ejército en 1974 y desaparecido desde entonces.
Esa es la otra parte que representa Ayotzinapa: la impunidad que genera el poder económico-político-militar para negar su responsabilidad directa por acción, omisión o aquiescencia. La definición de la Onu sobre desaparición forzada de personas está plenamente identificada con el caso de Ayotzinapa. Agentes del Estado fueron los perpetradores directos (policías municipales, estatales y federales, soldados del Ejército). Y un conjunto muy amplio de actores miembros del Estado mexicano: los políticos del Ejecutivo, el Legislativo y los jueces, los sectores empresariales y las cúpulas eclesiales, quienes siguen jugando y actuando como comparsas de los autores materiales. Se ocultan los intereses de quienes decidieron y tuvieron el poder de matar, herir y desaparecer. Otros actores del Estado participaron en la campaña difamatoria contra los miembros del Giei, después de su primer informe, y obligaron su salida del país después del segundo informe en abril de este año.
El discurso del gobierno y del Estado mexicano a favor de los derechos humanos no es consecuente con sus acciones: en Guerrero seguimos con un marco legal inadecuado e insuficiente en relación con la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales. La ley general sobre desaparición forzada ofrecida por Peña en noviembre de 2014 aún no llega a hacerse realidad. Este Estado mexicano proclive a la violencia institucional que culpa a las víctimas ha rechazado opiniones, estudios e investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Onu, de las instancias de derechos humanos de la Unión Europea, de Amnistía Internacional, de Open Society Justice Initiative… ¡Hasta el papa Francisco y Hillary Clinton se han pronunciado por Ayotzinapa!
En ese estado de cosas, Ayotzinapa significa quitar el velo sobre los otros desaparecidos de Iguala y sus decenas de fosas clandestinas. Ayotzinapa representa a la juventud con valores que requiere este país, capaz de afrontar una realidad terriblemente trágica, que ha sido masacrada por el Estado mexicano con tal de mantener intocados sus intereses económicos y políticos a nivel local, nacional e internacional, valiéndose de la violencia impune, sin control y sin rendición de cuentas. A dos años es necesario reclamar verdad y justicia, y exigir el fin de la impunidad.
Ayotzinapa es la esperanza y la lucha contra la ignominia y la impunidad.
Tomado de Desinformémonos por convenio. Brecha publica extractos de la nota. Más información sobre este tema en https://desinformemonos.org/especial-ayotzinapa-dos-anos/
