El programa departamental de Montevideo 2015-2020 impulsa a “Montevideo como una verdadera comunidad organizada y plena de vida, preservando y mejorando el ambiente con una protección racional y una defensa del paisaje natural y construido”.
“Un rasgo distintivo de los gobiernos departamentales frenteamplistas ha sido la particular atención prestada al fortalecimiento de la capacidad de las intendencias (…). Se ha hecho especial énfasis en la participación de la población en los procesos de elaboración de los planes y su ejecución.”
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El artículo aparecido en el semanario Brecha el pasado 10 de junio, en el que entre otras cosas se recogían declaraciones del señor Juan Carlos López Mena, acerca de proyectos afectando áreas costeras de nuestra capital, me motivan a realizar algunas puntualizaciones.
En la mañana inhóspita del domingo 29 de mayo concurrí al comité Guaycurú del FA, el primero visitado por mí en horas de la mañana. No poca fue mi sorpresa al percibir que la asistencia alcanzaba a unas 35 personas. Uno de los temas que concitó un apasionado intercambio de ideas fue la pregunta: Arana, ¿qué pasa con las transformaciones programadas para los barrios de Bella Vista y Capurro?
Como arquitecto comprometido y como habitante de la ciudad donde he nacido, estudiado y trabajado académica, profesional y políticamente me propongo hilvanar algunas reflexiones al respecto.
Compartí por cierto tal preo-cupación, recordando las coordinaciones logradas entre la Administración Nacional de Puertos, la Intendencia de Montevideo y varias de las más señaladas empresas constructoras uruguayas a las que se sumó el señor López Mena, procurando una importantísima transformación de un área excepcional de nuestra ciudad.
El cuidadoso proyecto elaborado en el año 2009 (decreto número 33.066 de la Intendencia y aprobado por la Junta Departamental) que contó con el decidido apoyo de la población de la zona proponía: a) la localización de la terminal de la empresa Buquebus, b) la ampliación y reequipamiento del parque Capurro, toscamente mutilado en plena dictadura, por el trazado de la vía de acceso a Montevideo; c) la construcción de edificios destinados a viviendas u oficinas, y d) la concreción de una rambla semipeatonal de uso público, complementada con bares, restaurantes y áreas de esparcimiento.
Singular y trascendente programa por cierto, que aseguraba una muy significativa dinamización de la deprimida barriada circundante. Por otra parte, la cercanía de los barrios del Prado y Atahualpa constituiría un reforzamiento de la actividad turística que, según lo informó en días recientes el subsecretario Benjamín Liberoff, le otorga al país ingresos superiores a los provenientes de la suma de las exportaciones de carne y granos.
Desestimar el conjunto de tales propuestas supondría barrer con la última posibilidad que le queda a los montevideanos de conectarse con su bahía y gozar del esplendor de su configuración geográfica.
Desconozco cuál es la razón –o la sinrazón– para dejar de lado las coordinaciones ya referidas, buscando trasladar la terminal de Buquebus (que facilitaba la viabilidad de la propuesta) llevándola a las cercanías de la ex Compañía del Gas. El área, particularmente castigada por los vientos huracanados del sur, fue declarada además –junto con el resto de la rambla– como monumento cultural de la nación desde el retorno de la democracia.
Por otra parte, en conferencia de prensa realizada por el Ministerio de Transporte con una empresa española, se dio a conocer un proyecto de acceso sobreelevado bordeando la costa de la bahía, desde la calle San Fructuoso hasta la estación ferroviaria. Según se informó a un grupo de técnicos de la Intendencia, el propósito es ampliar la superficie del puerto por debajo del referido acceso en detrimento del área de la ciudad y colidiendo con el Plan de Ordenamiento de Montevideo.
No puedo soslayar la necesidad de respetar los preceptos constitucionales que aseguran la autonomía de los gobiernos departamentales y de lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, promovida y votada por nuestra fuerza política (véase recuadro).
He sostenido y continúo sosteniendo que “Montevideo es una ciudad-puerto y no un puerto con una ciudad a sus espaldas”. Si no se tiene esto en cuenta, la ciudad arriesga perder sus características y calidades morfológicas y –recurriendo a Henry Lefebvre– el usufructo del “derecho a la ciudad” que debe asegurarse al conjunto de sus ciudadanos.
Bahía, puerto y ciudad constituyeron desde siempre una unidad dinámica y morfológica a partir de la época colonial y la temprana república.
Así lo valoraron tanto sus pobladores allí afincados como los viajeros europeos que exaltaron la belleza de la bahía y la indisoluble simbiosis entre territorio amanzanado y espejo de agua.
Así lo valoraron también arquitectos y urbanistas en los trabajos presentados al Concurso Internacional de Proyectos para el Trazado General de Avenidas y Ubicación de Edificios Públicos, convocado por el gobierno nacional en 1911.
Así lo valoraron hasta los mismos promotores privados que, con resonante aceptación pública, inauguraron a fines de 1910 el balneario Capurro sobre el borde occidental de la bahía. Lamentablemente, la desacertada resolución oficial de instalar en su inmediata proximidad la refinería petrolera en los años treinta contaminó las aguas y, consiguientemente, abortó el éxito del emprendimiento. Infeliz consecuencia de reduccionismos e imprevisiones que no parecen haber servido de alerta para impedir cuestionables decisiones ulteriores.
Efectivamente, medio siglo más tarde, las tendencias aperturistas registradas a nivel mundial y las modificaciones logísticas consagradas por el Parlamento uruguayo alentaron el interés de las empresas trasnacionales por invertir en el país; en particular, en el puerto de Montevideo, viabilizando la incorporación de los costosos equipamientos y las tecnologías exigidas por las nuevas modalidades del comercio marítimo internacional. Ello favoreció, sin duda, las inversiones extranjeras y dinamizó el crecimiento económico del país. Pero al no haberse adoptado las necesarias medidas precautorias y no habiendo convocado a los ámbitos sociales y académicos que posibilitaran una serena reflexión, los impactos urbanísticos, paisajísticos y ambientales alcanzaron, en los años recientes, una dimensión crítica.
Tanto más preocupante por cuanto, por decisión democrática de la ciudadanía, el país y su capital están gobernados por una fuerza de izquierda, lo que nos obliga a definir, con la mayor precisión posible, la significación medular del vocablo. De ello depende el desentrañar si existe o no compatibilidad entre el deseable crecimiento económico y la valoración de las características geográficas y las calidades ambientales y estéticas que aseguren el estímulo y el pleno uso y goce de la ciudad por parte de sus pobladores.
Y subrayo la utilización intencional del adjetivo “estético”, pues creo entrever cierta resistencia vergonzante por parte de algunos sectores “de avanzada” para su empleo.
Considero altamente preocupante la reiterada degradación de la bahía causada por los impactantes rellenos destinados al depósito de centenas de autos y camiones y por la instalación de voluminosos silos metálicos. Resulta desconcertante que tales decisiones no fueran coordinadas con las autoridades de la ciudad, y sin haberse instrumentado una puesta de manifiesto abierta a la ciudadanía.
Semejantes perturbaciones ¿no implican múltiples costos?
¿O se cuantifican exclusivamente los réditos monetarios?
Es obvio que nadie puede sensatamente negarse al crecimiento económico y al desarrollo sostenido y sustentable; tanto más si se consustancia con un desarrollo social justo y solidario que muchos consideramos insoslayable.
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Finalizo con un “mea culpa”.
Acaso los ciudadanos todos –y con mayor razón quienes somos profesionales– ¿hemos sido capaces de hablar, argumentar y denunciar, con suficiente convicción y antelación, tan cuestionables actuaciones?
No tengo duda alguna de que, para el mejor futuro del Uruguay y su gente, debemos aprovechar las oportunidades del comercio exportador e importador, y por tanto, ampliar y diversificar las instalaciones portuarias pertinentes.
Audacia y prudencia fueron los rasgos confluyentes que Uruguay practicó exitosamente en las primeras décadas del pasado siglo.
Con similar audacia y prudencia es que debemos concretar, cuanto antes, la imprescindible e impostergable ampliación portuaria hacia el oeste; de pronto, recurriendo a la tan invocada participación público privada para su financiación.
Ni inmovilismo regresivo, ni radicales transformaciones insuficientemente ponderadas.
Viene a cuento evocar la entrañable figura del general Seregni y su visión estratégica de mediano y largo plazo, invitándonos a decir lo que pensamos y hacer lo que decimos.
Que el bienvenido enriquecimiento económico no se materialice a costa de un empobrecimiento irreversible de nuestro entorno.
Tal como lo expresé en mi alocución en cadena de radio y televisión el 29 de mayo de 2006, a solicitud del señor presidente Tabaré Vázquez: “Estamos convencidos de que posturas economicistas y descarnadamente productivistas derivan en resultados éticamente incompartibles, socialmente irresponsables y políticamente regresivos”.
Estoy convencido de que sólo una izquierda abierta al pensamiento crítico puede consolidar un futuro progresista perdurable. n
- Título del audiovisual realizado por el Grupo de Estudios Urbanos en 1983 defendiendo el patrimonio arquitectónico, urbanístico, paisajístico, ambiental y poblacional del país.
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Gestión planificada
“Con la aprobación de la ley número 18.308 del marco regulador general del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, promulgada el 18 de junio de 2008, se contribuye y se propicia la consolidación en nuestro país de dos procesos políticos sustanciales. La institucionalización de la gestión territorial planificada con sostenibilidad y, simultáneamente, el fortalecimiento de las capacidades y facultades propias y autónomas de los gobiernos departamentales.” (Arquitecto Roberto Villarmarzo.)
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Protección
“En Uruguay, con la promulgación de la ley número 18.308 –de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible– se recrea el reconocimiento de la categoría Paisaje Cultural y se establecen herramientas legales que permiten desarrollos tuitivos, con una visión sistémica, estableciendo como actores centrales a los gobiernos departamentales, sin perjuicio de las atribuciones a otros organismos del Estado.
Como materia de ordenamiento territorial en su artículo 4, literal c), la ley establece: ‘La identificación y definición de áreas bajo régimen de administración especial de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de conservación del ambiente y los recursos naturales’.” (Doctor Alberto Quintela.)
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Gobierno departamental
“Las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado o persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Dichas obras serán autorizadas sin perjuicios de otros permisos correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable, por el gobierno departamental específico.” (Artículo 77 de la ley 18.308).
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