En 1994 un ciudadano boliviano viajó a Uruguay, aquí se instaló y resultó condenado por delitos de tráfico de drogas. Tras salir de la cárcel logró ingresar al mercado laboral, hace años que trabaja en una empresa que da buenas referencias de él y se casó con un uruguayo. Si bien sus muestras de “rehabilitación” son notorias, el Ministerio del Interior resolvió expulsarlo del país, lo que para esta persona implicaría el final del proyecto de vida que tiene en Uruguay. Pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tca) decidió analizar a fondo el caso y dejar en suspenso la medida de expulsión.
“El tribunal tiene la facultad de decretar la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, si éste fuera susceptible de causar o irrogar a la parte actora daño...
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