Proselitismo con recursos públicos en Maldonado

Regocijo arriba, clientelismo abajo

Testimonios desde diferentes partes de Maldonado revelan que los candidatos oficialistas han usado bienes de la Intendencia en sus campañas. Además, el clientelismo electoral es tal que, en algunos casos, explota las necesidades de las personas más vulnerables. Prácticas que afectan la transparencia de las elecciones y vulneran la democracia, según analistas consultados.

Martín Pagola

Cuando el hambre entró a campear en el asentamiento Mario Benedetti, ubicado al norte de la capital fernandina, César Rippa retiró la bandera frenteamplista de su casa y empezó a moverse para abrir una olla popular. «No quería que, por un símbolo, nos negaran apoyo y que algunos vecinos se quedaran sin comer», relata a Brecha en vísperas de cerrar el puesto solidario que capitaneó desde el 30 de marzo.

En los primeros meses recibió alimentos y aportes de organizaciones sociales y sindicales, vecinos de otros barrios y ciudades, y de todos los partidos políticos. Llegaron a elaborar 320 viandas diarias para un barrio con unas 400 familias. La actividad en la olla consolidó a Rippa como referente social indiscutido, con lo cual se convirtió en una figura codiciada en la campaña electoral. La puja sin límites entre los candidatos blancos Enrique Antía y Rodrigo Blás trajo a dirigentes de ambos líderes, algunos con cargos en la Intendencia, ante su puerta. Le dijeron que su apoyo era importante para ganar las alcaldías y le desgranaron tentadoras ofertas con el ánimo de convencerlo. Desde filas de Blás le ofrecieron materiales para levantar una casa en lugar de su precaria vivienda de maderas. Desde las huestes de Antía le prometieron «cinco años de trabajo seguro en la Intendencia a partir de diciembre próximo», le ofrecieron reforzar las donaciones de carne y le consiguieron algunos quilos de alimentos secos de la comuna, que Rippa retiró del depósito municipal un sábado por la tarde, fuera del día y horario de funcionamiento oficial.

Como contrapartida de las ofertas, tenía que colocar carteles de la agrupación política «solidaria», mostrarse con el candidato en sus visitas al barrio e integrar una lista. Rippa dijo nones. Alguno insistió, pero finalmente desaparecieron los dirigentes y los 30 quilos de chorizos que aportaban por semana; también se perdieron otros 45 quilos de carne prometidos. Ayer la olla cerró.

«Algunos me reprochan que no haya aceptado, pero no podemos acostumbrarnos a que nos caigan en época electoral con ayudas momentáneas, ni a esto de ofrecerles casa y trabajo a unos cuando es derecho de todos», suelta Rippa.

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La mujer y sus dos hijos se aprestaban a merendar unos buñuelos, el domingo por la tarde, cuando se les apareció en la puerta el director general de Integración y Desarrollo Social de la Intendencia, Eduardo Costa. El jerarca, que es referente de la Iglesia Universal del Reino de Dios (Pare de Sufrir) en Maldonado y aglomera a sus seguidores pentecostales en la lista 75, comandaba una barriada por la reelección de Antía en el barrio Cuñetti. Cuando le franquearon la entrada, Costa se presentó, preguntó por la situación de la familia y, al saber que la mujer era jubilada y los otros estaban en seguro de desempleo, les consultó si recibían canastas alimenticias que él mismo se encarga de administrar en la comuna. Apenas escuchó el «no», llamó a una militante y le ordenó que anotara el nombre, la cédula y la credencial cívica de los tres. «Ya quedaron registrados, pueden retirar las canastas el martes del corralón municipal», dijo la mujer y salió de la casa, mientras el director pentecostal caía en la tentación de un buñuelo. Tras elogiar a la cocinera, Costa recordó que a partir de este mes las canastas vienen con un vale de 500 pesos para canjear por carne roja o pollo. Junto con los vales, el director deslizó unas cuantas listas de su agrupación.

El martes siguiente, después de avanzar en una cola de varias cuadras, la dueña de casa y uno de sus hijos retiraron las canastas y los vales del director que les pidió el voto «para continuar haciendo obra social junto a Antía». El tercer beneficiario de la casa no fue: es el edil suplente Ignacio Galarza (lista 1813-Frente Amplio), a quien Costa no reconoció. Galarza dio su testimonio ese mismo día a la radio M24 y lo confirmó a Brecha esta semana. Piensa plantear una comisión preinvestigadora en la Junta, aunque algunos compañeros de bancada advierten que este y otros casos de clientelismo blanco podrían llegar a la Justicia.

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Por decir fútbol

En una casa antigua de la calle 19 de Abril funcionan las «oficinas centrales» de Unión y Cambio, el sector de Blás. A diferencia de otros locales, donde abundan distintivos del candidato, aquí sólo un pequeño cartel celeste, con letras blancas, identifica al reducto partidario del diputado en campaña. El búnker recibe a personas que van a pedir «las canastas de Blás»: según contaron a Brecha varios beneficiarios, allí les tomaron el nombre, el número de cédula y de credencial, y les adjudicaron canastas de la Intendencia que han retirado tanto en el local como en el corralón municipal. A cambio, los beneficiarios reparten listas del candidato y ceden las paredes de su casa para que pinten su eslogan de campaña o espacios para colocar carteles.

En el búnker de Blás también hay dos militantes de la lista 23 que ofrecen asesoramiento y «agilizan trámites» ante la comuna, según explica a los potenciales votantes la recepcionista Miriam Dinardi, quien se presenta en su Facebook como concejal del Municipio de Maldonado. Las asesoras son las abogadas María Alejandra Scasso (edila suplente de Unión y Cambio) y Rosana de los Santos (contratada en régimen de arrendamiento de servicios en la Intendencia), a quienes se puede encontrar en el local los lunes y martes a las 17 horas.

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Giovanna García dirige el merendero Pancitas Llenas, en el barrio Rodríguez Barrios de San Carlos. Atiende a 66 niños y 27 adultos, que llegan desde distintos puntos de San Carlos en busca de viandas o una taza de leche con pan o torta, según la disponibilidad de víveres. La campaña electoral le abrió puertas insospechadas, pero también le dio grandes decepciones.

García contó a Brecha que un día llegaron militantes blancos –no quiso decir la agrupación– a ofrecerle un cargamento de patas de chancho si se sacaba fotos con el candidato en el momento de la entrega. No aceptó y perdió la donación. Otras agrupaciones le pidieron para colocar carteles y también les dijo que no. «Mirá que así podés conseguir más donaciones», la tentaban, pero se mantuvo firme. «Acá no dejamos que nos usen ni por un paquete de pororó ni por promesas de vacas voladoras; conmigo como referente no juegan con la necesidad de la gente. El que quiere ayudar de corazón no te pide militancia», sentenció Giovanna en Facebook.

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Varias personas mostraron a Brecha capturas de pantalla de chats de Whatsapp y números telefónicos (en los que ahora nadie contesta) de los locales partidarios blancos donde se inscribieron y tramitaron las canastas de la Intendencia. También hubo cuidacoches engañados por militantes blancos que les pidieron su voto o el reparto de listas a cambio de «conseguirles» una canasta del Ministerio de Desarrollo Social; estas personas podían acceder al beneficio por Internet (se les otorga un ticket de 1.200 pesos canjeable por alimentos) o gestionar la canasta física a través del 0800 7263, sin que ningún político les llenara el formulario. Por cuestiones de espacio, es imposible consignar aquí otros casos, como el de beneficiarios de canastas de la Intendencia de Maldonado, conseguidas por políticos, que luego recibieron la visita de militantes en su casa o comunicaciones para pedir su apoyo a listas de Antía y de Blás.

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Dirigentes y ediles frenteamplistas han deslizado, esta semana, la posibilidad de que alguno de estos casos llegue a la Justicia penal. Entre tanto, estas prácticas violan al menos diez artículos del Código de Ética de la Función Pública (ley 19.823), aprobado en setiembre de 2019, según relevó Brecha. Si los jerarcas no instruyen sumarios administrativos para investigar y sancionar estas conductas, como indica la ley, el asunto podría ser considerado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), de oficio o denuncia mediante, aunque rara vez sus intervenciones en casos de este tipo han tenido consecuencias para los implicados.

Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, consideró que estos comportamientos «son muy peligrosos porque implican un debilitamiento de la democracia». Lamentó que la debilidad de los organismos de control facilite la violación de la normativa por falta de potestades y de recursos. «El tema central es por qué los funcionarios o políticos hacen estas cosas; por qué el sistema no hace nada para limpiar y sólo actúa como respuesta cuando se siente atacado», planteó, sin soslayar las fallas en los controles sobre el financiamiento de las campañas políticas.

El académico Rafael Piñeiro, doctor en Ciencia Política y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, declaró a Brecha que «Uruguay es omiso en el control de financiamiento de campañas y también lo es en el uso de recursos públicos con fines electorales». Sin ingresar en la situación de Maldonado, en forma genérica recordó que cuando el clientelismo (o particularismo, como prefiere llamarle) está condicionado a apoyo político «vulnera la máxima democrática y el principio de transparencia, y viola los principios de una elección limpia». A su juicio, se necesita una institución que «controle y persiga» esas conductas electorales. En ausencia de tal organismo, la alternativa –dice Piñeiro– es el control que los partidos políticos pueden hacer dentro de su sistema y el papel de las organizaciones no gubernamentales y de la prensa para dejar en evidencia estas conductas. «Es importante una prensa que no esté condicionada (a través de recursos públicos o la simpatía partidaria) y la existencia de ONG dedicadas a la transparencia y al monitoreo de estos procesos, que no es fácil.»

Piñeiro también consideró que en países como México, Brasil o Argentina «está estudiado que en lo local, estadual o provincial hay más oportunidades de desarrollar una política feudal, no competitiva, dominada por quienes ostentan el gobierno», resaltó. No le extraña, por tanto, que en Uruguay la política funcione de manera diferente a nivel nacional y a nivel municipal o departamental, aunque entiende que no es un problema a gran escala.

Otro aspecto también estudiado por la ciencia política es que el sistema nacional «no se mete» con personajes que son poderosos a nivel local y que, al mismo tiempo, tienen poder para fortalecer candidaturas nacionales. Ese podría ser un concepto aplicable a Blás, reconocido por los Lacalle Pou como el principal aportante de fondos para sus campañas y apañado por el Partido Nacional en su caso de defraudación fiscal a la Dirección General Impositiva, no castigado penalmente debido a una disposición administrativa.

Para el politólogo Daniel Chasquetti, «cuanto menos competitiva es la elección y más seguro está un partido en el gobierno, más posibilidades hay de que se desarrollen redes clientelares». Además, en una coyuntura de crisis económica, «el que acepta las relaciones clientelares suele ser el más pobre, que no vota por la oferta programática, sino a quien le resuelve la emergencia. En las relaciones clientelares no hay un voto consciente, que evalúa gestión y promesas, sino un voto o una militancia atada a una necesidad. Eso vulnera la democracia», amplió el analista, docente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República.

«Lo que necesitamos son otros estándares de calidad política y eso siempre tiene un doble componente: uno es institucional y el otro es cultural. No sabemos bien cuándo se rompe el círculo (entre quien ofrece y quien acepta, esclavo de sus necesidades). Tal vez todo pasa por que cada cual cumpla su función: que se profesionalice la política, que la prensa lo divulgue y que la oposición lo denuncie», reflexionó.

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