Base militar de Estados Unidos en Uruguay: Relaciones carnales - Semanario Brecha
Base militar de Estados Unidos en Uruguay

Relaciones carnales

El martes 19 de diciembre, con los votos de la denominada Coalición Republicana, el Senado dio media sanción al «Acuerdo para la adquisición de suministros y prestación recíproca de servicios (US-UY-02) entre el Ministerio de Defensa de Uruguay y el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América».

La decisión es un mojón más de un muy largo proceso cuyos antecedentes más lejanos podrían ubicarse en los años cuarenta del siglo pasado, cuando el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt ordenó a los departamentos de Guerra y de Marina de su gobierno que celebraran acuerdos de Estado Mayor con las Fuerzas Armadas de América Latina. Estos acuerdos incluían la autorización para que las fuerzas militares de Estados Unidos tuvieran acceso y autorización para operar en bases e instalaciones militares de los países de la región. Aunque aquel asunto no prosperó en nuestro país, más tarde dio lugar a la construcción del Aeropuerto Internacional con la Base Aérea N.º 1 de la Fuerza Aérea en Carrasco y la Base Aeronaval de Laguna del Sauce, todos con asesoramiento y maquinaria de Estados Unidos.

Más cerca en el tiempo, durante el gobierno del presidente Jorge Batlle, el 29 de marzo de 2000, su ministro de Defensa, Luis Brezzo, firmó el Acuerdo US-UY-01, que, sin embargo, no fue sometido a aprobación parlamentaria y por tanto nunca tuvo validez legal en nuestro país.

Para Estados Unidos, aquel acuerdo expiró en 2010 y el 26 de diciembre del año siguiente el presidente José Mujica autorizó al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a renovarlo, firmando el «Acuerdo para la adquisición de suministros y prestación recíproca de servicios (US-UY-02) entre el Ministerio de Defensa de Uruguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América». No obstante, el Poder Ejecutivo no mostró demasiado apuro para enviar el proyecto de ley al Parlamento. Pero en 2012 ocurrió otro evento significativo en esta verdadera saga.

En efecto, tal como informara Brecha en su edición del 12-X-12, el MDN tuvo conocimiento de que el Ejército, sin consultar al ministro, había acordado con el Comando Sur de Estados Unidos la construcción de instalaciones en Durazno. Obviamente, el proyecto del Comando Sur abortó, pero derivó en que el ministro de Defensa concretara la firma del US-UY-02 en abril de 2012, acuerdo que no logró aprobación parlamentaria. Pero la cuestión no terminó allí.

El 3 de agosto de 2022, el ministro Javier García resolvió desempolvar el Acuerdo US-UY-02 y enviarlo al Parlamento para su aprobación. La fecha es llamativa, pues entre el 25 y el 29 de julio de 2022 García se había reunido con el secretario de Defensa de Estados Unidos, general (r) Lloyd Austin, en el marco de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en Brasilia.

Los contenidos de este acuerdo fueron detallados en una nota publicada por Brecha en su edición del 30-VI-23. Ahora conviene recordar lo más sustancial de dicho acuerdo. Ello se ubica en dos pasajes. En el primero (artículo II) establece que «apoyo logístico, suministros y servicios» significa «provisión de alimentos, agua, alojamiento, transporte (incluyendo transporte aéreo), petróleo, aceites, lubricantes, ropa, servicios de comunicación, servicios médicos, municiones, apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo), servicios de almacenamiento, utilización de instalaciones, servicios de capacitación, piezas y elementos de repuesto, servicios de reparación y mantenimiento, servicios de calibración y servicios portuarios».

El segundo aspecto relevante aparece en las finalidades (artículo III del acuerdo): «Facilitar el apoyo logístico recíproco entre las partes para ser utilizado principalmente durante los ejercicios combinados, el adiestramiento, los desplazamientos, escalas, operaciones u otras actividades cooperativas, o en circunstancias imprevistas o situaciones en las que una de las partes pueda requerir apoyo logístico, suministros y servicios». Como puede verse, Estados Unidos busca contar con el aval del Parlamento uruguayo para operar en cualquier circunstancia, prevista o imprevista, en instalaciones del Ministerio de Defensa uruguayo.

Cuando la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, insiste casi diariamente en que nuestros países deben evitar profundizar relaciones con la República Popular China –nuestro principal socio comercial– y la Política de Defensa Nacional de Estados Unidos la ubica como un actor maligno, no parece conveniente adentrarse en relaciones carnales con Estados Unidos.

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