Acostumbrados a las prórrogas que el gobierno nacional concedía en períodos anteriores, buena parte de los intendentes repite la costumbre de descansarse en las concesiones que fue haciendo la Opp, a fin de no interrumpir la buena onda entre el presidente y los intendentes. Reformulaciones de proyectos, extensión de plazos, reliquidaciones de fondos. Ese fue el común denominador de estos años. Sin embargo, al momento de pasar raya, varias intendencias encienden luces amarillas en dos de los principales programas de financiamiento de la Opp: el Fondo de Desarrollo del Interior (Fdi) y el Programa de Caminería Rural, este último lanzado en el actual período. Escasa planificación, ejecución tardía de los recursos e importantes atrasos en las obras son algunos de los denominadores comunes que surgen de los informes que la Opp maneja en relación a la gestión de las intendencias. La lista la encabezan Salto y Florida, dos departamentos cuyos intendentes son ensalzados por la dirigencia de los partidos tradicionales como emblemas de la buena administración.
Si en la reforma constitucional de 1996 los uruguayos votaron un cambio cualitativo en el plano electoral con la introducción del balotaje, quizá sin saberlo también dieron un impulso decisivo a la descentralización del país. El artículo 298 de la Constitución habilitó por entonces al Poder Ejecutivo mediante ley a “destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo” para conformar, con lo producido, un fondo presupuestal, afectado al financiamiento de los planes destinados a los departamentos. En épocas de vacas flacas, el Fdi permaneció semivacío. Pero en la última década, el dinero destinado a este programa creció año tras año. En 2014, casi 1.100 millones de pesos del Fdi fueron volcados a distintas iniciativas de las intendencias, que van desde la pavimentación de calles en Castillos a la recuperación del teatro Miguel Young de Fray Bentos, pasando por la construcción de cientos de alcantarillas en Tacuarembó y la compra de 9 mil nuevas lámparas para iluminar Canelones.
De acuerdo al último informe de la Opp, con el 29,9 por ciento, el 50,6 y el 54,1 por ciento ejecutado, Salto, Florida y Cerro Largo “ponen en riesgo la ejecución del total disponible” al concentrar las obras hacia fin de año. Algunas intendencias, como Artigas, Florida y Treinta y Tres llevan 13 meses de atraso promedio con respecto al cronograma original, otro de los puntos que preocupa al gobierno nacional. Para sorpresa de los técnicos de la Oficina, en tres departamentos la ejecución del Fdi descendió dramáticamente a cero en campaña electoral. Es el caso de –otra vez– Florida, Cerro Largo y Salto, que paralizaron las obras durante el transcurso de las elecciones internas, en las que los intendentes Carlos Enciso, Sergio Botana y Germán Coutinho se jugaban buena parte de su derrotero político. De acuerdo al informe de la Opp al que tuvo acceso Brecha, estos tres departamentos reunían a octubre de este año cuatro proyectos “en estado crítico”. No son obras de poca monta: se trata de la construcción de pluviales en el periférico barrio Mañana de Florida, y mejoras viales y del sistema de semáforos en Salto, un departamento con altas tasas de siniestralidad en el tránsito.
En el caso de otro de los programas, el de caminería rural, a principios de noviembre tres intendencias –Colonia, Flores y Lavalleja– seguían sin proyectos aprobados suficientes para ejecutar su disponible total. Además de Salto, Florida y Cerro Largo, tampoco Artigas, Durazno, Flores, Maldonado, Río Negro y Treinta y Tres ejecutaron ni uno de los 421 millones de pesos destinados este año para atender la demanda de caminos, aun contando con maquinaria de última generación para este rubro, para lo que se destinaron 50 millones de dólares. En este ítem, Salto vuelve a ser la excepción: sin resto en caja y con unas finanzas anémicas, la intendencia aún no ha retirado las máquinas del puerto de Montevideo por no poder pagar los poco más de cien dólares del despacho aduanero.
Los intendentes de los departamentos señalados por el gobierno por la magra ejecución de los fondos ventilaron la semana pasada durísimos reproches como respuesta a los cuestionamientos que el director de la Opp, Gabriel Frugoni, realizara a la salida del último Consejo de Ministros (véase Brecha, 14-XI-14). El intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso, afirmó que los señalamientos tienen un carácter “netamente político” y que el gobierno hace una “chicana política” al presentar los datos ahora y no en diciembre. Otro blanco, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, denunció “una clarísima maniobra del gobierno” con el uso de los fondos, asegurando que “se nos trancaron todos los proyectos”. Aun golpeado por el veredicto electoral del 26 de octubre y con una coyuntura local apremiante, el salteño Germán Coutinho tampoco se privó de doblar la apuesta en la pulseada con el gobierno nacional al expresar “sorpresa” porque, según explicó, “todo está en plazo”. Sin dar demasiados detalles.