La página web de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia de la República, exhibe la “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos”, fechada en diciembre de 2014 y actualizada en febrero de 2015. Esta publicación guarda sustanciales diferencias con la publicación impresa de la Presidencia de la República que ostenta el mismo título y que abarca cuatro tomos. Una diferencia inicial radica en que la versión en papel atribuye la coordinación de la obra a Álvaro Rico y la supervisión académica a Gerardo Caetano y José Pedro Barrán. La versión electrónica no menciona supervisiones, ni de Caetano, ni de Barrán, ni de nadie. En el caso de Barrán es obvio, porque falleció en 2009, cinco años antes de la publicación en la página web. No sé si Caetano supervisó esta última versión y si, por lo tanto, su airada reacción, publicada en Brecha en su edición del 19 de mayo, es producto de su involucramiento en esa última publicación.
En el artículo “Desiguales ante la ley” (véase Brecha del 28-IV-17) expuse casos concretos de manipulación de documentos y multiplicidad de criterios en el tratamiento de los materiales, que a mi juicio configuran una censura por un lado, y un “doble rasero” por otro. Es importante señalar que muchos de los documentos citados por Rico en la página web son inubicables en el lugar donde deberían estar, y por tanto imposibles de consultar.
En el artículo no mencioné ni a Caetano ni a Barrán y, en lo que tiene que ver con la manipulación de los documentos, me centré en uno referido a la captura de Rodney Arismendi. Ese documento no aparece en la versión en papel; y en la versión web fue “depurado”. Por cierto que el profesor Rico no negó el tijeretazo, pero argumentó que todas las eliminaciones de texto obedecieron, por un lado, a la premura en terminar el trabajo; y por otro, a que la información eliminada no es sustancial para comprender el episodio. Para rebatir este último argumento tendría que publicar las dos páginas faltantes del documento, lo que implica exponer la identidad de las personas allí citadas y que, aunque no se dice, seguramente fueron torturadas. Y, aunque fuera información secundaria –que en los casos comprobados no lo es, por cierto–, tratándose de documentos primarios y que han estado inaccesibles por más de siete años, el profesor Rico parece haberse atribuido un derecho cuestionable.
Respecto del doble rasero, baste decir que la investigación transcribe casi totalmente los interrogatorios a numerosos detenidos desa-parecidos y ahí, sí, la sensibilidad debería haber eliminado partes que no hacen al fondo del asunto y que revelan las condiciones terribles en que fueron obligados a declarar, condiciones que preanunciaban el asesinato. En los capítulos referidos al Partido Comunista no se transcribe ningún interrogatorio (y los hay); parece ser que señalar ese doble criterio significa incursionar en un “exabrupto anticomunista” y regodearse en viejas confrontaciones de los años setenta.
Me parecen argumentos baratos. Queda en pie el hecho fundamental: nadie ha desmentido que la versión web de la obra abunda en censuras de documentos primarios. Y nadie ha dado –ni Rico ni Caetano– una explicación aceptable sobre la evidente, rotunda, dualidad de criterios, a lo que debe sumarse el hecho de que ni siquiera fueron considerados en la versión web otros documentos, de cuya existencia sabemos ahora, pero que estaban en los paquetes manejados desde hace años, y que resultan sustantivos para la reconstrucción histórica.
Lamento que esa ausencia de explicaciones abarque también al Consejo Directivo Central (Cdc) de la Universidad de la República, que de hecho extendió un aval al proclamar por unanimidad el respaldo al equipo universitario que realizó el trabajo. Esperé hasta acceder a la versión taquigráfica de la sesión del Cdc para formular esta respuesta. No hubo nada nuevo.
En su carta a Brecha, Caetano señala: “No puedo permitir en particular ninguna sospecha de duda a la supervisión académica que compartiera con un ser humano tan excepcional como José Pedro Barrán, a quien tanto extrañamos y del que tanto aprendimos”. Bien: además de las múltiples menciones a Barrán, que se asemejan a un argumento de autoridad, la enérgica respuesta defiende la supervisión académica. Pero esa supervisión académica no se extendió a la versión digital que, reitero, tiene profundas diferencias con la inicial en papel. Respeto profundamente a Caetano, por lo que quiero creer que su intervención en la controversia fue producto de una confusión sobre la versión que fue analizada y criticada. En aquella obra supervisada por Caetano no registré las manipulaciones que se observan en la última versión. Si no fuera así, entonces lamento que, por razones que no comprendo, Caetano avale las groseras manipulaciones.
Una última apreciación: en el fondo de todo este enredo lo que subsiste es una política de ocultamiento, de restricción del acceso a los documentos. La aplicación de esos criterios no debería existir en el ámbito universitario para controlar un acceso que, visto en perspectiva, va en el rumbo opuesto de la transparencia.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
