En los últimos días sucedió en el país algo que pocas veces se deja ver: conocimos otro fragmento –aún no sabemos de qué tamaño– de la red de protección al crimen por parte de las más altas jerarquías del gobierno. Aunque por el momento se desconocen varios aspectos (compensaciones, intencionalidades, torpezas, vivezas criollas, etcétera), hemos ido un poco más allá en la identificación de los nodos y las conexiones que componen la compleja trama etiquetada con el nombre Marset.
MARSET ES MUCHO MÁS QUE MARSET
Por fin la discusión pública trascendió la visión del villano sobrenatural arraigada en la mayoría de nosotros. Elevamos la discusión al anclar el análisis en las redes de protección políticas del caso Marset porque sabemos, gracias a las investigaciones internacionales y nacionales sobre el crimen organizado, que la ilegalidad se expande y sobrevive por medio de la legalidad. Es la corrupción, la colusión y la connivencia de funcionarios públicos y privados en posiciones clave, de actores políticos de peso y de las fuerzas de seguridad pública, ya sea como prestadores de servicios o integrantes de las propias organizaciones, las que permiten el desarrollo de los mercados ilícitos y la expansión local y planetaria de las organizaciones criminales.
Escobar, el Chapo y otros como Marset representan no una persona, sino una división del trabajo criminal, que fluye entre la esfera de la legalidad y de la ilegalidad con la colaboración de protectores del capital (intermediarios, arregladores, gestores y facilitadores). Este es un punto clave porque la impunidad de quienes integran la red se juega en su capacidad de circular con protección (económica, financiera, política, judicial y de violencia) entre la legalidad y la ilegalidad. En otros términos, la capacidad de desdibujar las fronteras entre las «manzanas podridas» y los «ciudadanos honestos» no la tienen –o no tanto– los Marset como aquellos que ocupan posiciones de prestigio destinadas a las «gentes de bien»: ministros, viceministros, directores, asesores, etcétera. Los Marset y la mayoría de las más de 15 mil personas privadas de libertad en el país únicamente pueden ser «manzanas podridas». Descubrimos, entonces –además de lo inservible de esta forma binaria de categorizar a las personas entre podridos y honestos–, que los delitos de los poderosos están entre nosotros, pero fuera de nuestra vista porque están bajo protección.
EL DOMINIO DE LOS NADIE1
La red de protección –redituable económicamente como los propios mercados ilícitos– se presenta con el efecto invisible del poder burocrático: en apariencia ningún individuo domina, no hay a quién reclamarle. Las personas que componen la red de protección son nodos conectados en grados de verticalidad o en relaciones horizontales a través de empresas, mercancías u otras personas que actúan como intermediadores.
Los intercambios entre nodos pueden no ser tangibles (favores, mensajes, influencias, etcétera) y cuando son perceptibles se busca su ocultación (cerrojos del secretismo, confidencialidad, restricción a la circulación de información, concentración de poder y, por supuesto, las estrategias para legitimar activos sucios). De esta forma es muy difícil señalar responsables.
Por las contadas veces que damos cuenta de que detrás del dominio de los nadie hay alguien, creemos estar ante un descubrimiento excepcional. El mito de la excepción oriental, de que acá no pasa nada, neutraliza la capacidad de prevención. Los ejemplos sobran en los discursos y las acciones de varios de quienes llevan adelante la política y la persecución criminal en homicidios, tráfico de drogas ilegales, lavado de dinero y corrupción.
¿RECIÉN EMPIEZA?
Los hechos conocidos y los que vendrán pondrán a prueba (más aún) al Poder Judicial. Mostrarán si la Justicia está «ciega» o, cada tanto, recibe un milagro divino que le permite reconocer a quien juzga. Sabremos si la balanza de la «diosa de la justicia» está calibrada si las pesas que reposan en sus dos platos se distribuyen de igual forma. Se pondrá atención a su celeridad y certeza, así como a la aplicación de penas justas en el marco de lo que dispone una ley penal que ya sabemos que se distribuye de forma desigual en la sociedad.
También pondrán a prueba al Poder Legislativo para que, de una vez por todas, fortalezca las vigilancias, controles y sanciones en el financiamiento de las campañas políticas, para que cree la figura de enriquecimiento ilícito en la función pública y regule las capacidades de presión (el lobby) a funcionarios públicos y autoridades políticas. Señales y acciones de blindaje institucional de urgente consideración.
Al Poder Ejecutivo ya se lo puso a prueba.
1. Concepto trabajado por Hannah Arendt para referirse a la burocracia.
