Marcelo Arámbulo fue el perito asignado por el Itf con la misión de ayudar al juez penal Marcelo Souto en una decisión delicada: el magistrado de Maldonado debía resolver si enviaba a prisión al contador Humberto Capote –ex presidente del Bcu durante el segundo mandato del colorado Julio Sanguinetti–, acusado de favorecer la operativa ilegal del Cambio Nelson (Camvirey SA) como consejero y asesor del dueño de la empresa, Francisco Sanabria.
A pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, el juez puso tras las rejas a Sanabria (expulsado del Partido Colorado a raíz del escándalo), al gerente y a la contadora del cambio por aceptar depósitos ilegales de terceros, desviar los fondos hacia otras empresas y maquillar balances contables para impedir que el Bcu los descubriera. También procesó, con arresto domiciliario, a una contadora que fraguaba recibos de sueldo y planillas de los trabajadores ante el Banco de Previsión Social. Pero con Capote le tembló el pulso. No quería prejuzgar, alegó entonces a Brecha. Se imponía “un tercero imparcial” entre la determinación del fiscal, convencido a fuerza de testimonios e informes del Bcu, y los argumentos del abogado de la defensa, Amadeo Otatti, quien se amparaba en los pronunciamientos del gremio de contadores (Cceau) para defender la inocencia de Capote. Así que Souto postergó el fallo y justificó la pericia del Itf como una diligencia “imprescindible” para expedirse, aunque para el fiscal había pruebas suficientes para procesar.
Arámbulo inspeccionó las claves de acceso a los tres módulos del sistema informático del cambio y concluyó que Capote no tenía permiso para visualizar los módulos de gestión (donde figuraban los movimientos por cliente), por lo cual “no podía ingresar y/o modificar los datos allí contenidos”. Si bien reconoció que el contador accedía al módulo de contabilidad, “la información que éste brinda es global, no permitiéndole conocer detalles” sobre esa operativa, agregó el perito en el documento de seis carillas, al que accedió Brecha. Así, el perito contradijo la versión de los restantes indagados y la opinión de los técnicos del Bcu interrogados en la etapa de investigación judicial, quienes atribuyeron a Capote el deliberado ocultamiento de información contable del cambio. Pero además, defiende al contador en cuestión, quien, en el marco de las actuaciones del Bcu tras el cierre del cambio, aportó un inventario de “las cuentas 101 y 102”, donde figuran los movimientos financieros al 20 de febrero de 2017. Según consta en el informe que el Bcu entregó a la policía de crimen organizado y al que accedió Brecha, Capote entregó el detalle de los saldos deudores y acreedores en los rubros “pendientes en pesos” y “pendientes en dólares”, confirmando que sí tenía acceso a información puntual sobre la contabilidad de la empresa.
CONTRA EL BCU. Aunque admitió que “la valoración global” sobre el caso es “resorte exclusivo del juez”, el perito desgranó juicios como “auxiliar que coadyuva en la búsqueda de la verdad objetiva”. Dedicó buena parte de su escrito a fustigar la actuación del Bcu como supervisor de las casas cambiarias. Por ejemplo, en consonancia con un polémico comunicado emitido semanas atrás por el Cceau (véase Brecha, 21-IV-2017), sentenció que “el informe de compilación realizado por el contador Capote, en cuanto asesor externo e independiente, no contiene sino las afirmaciones brindadas por la empresa, con total ausencia de opiniones y/o valoraciones del profesional, situación conocida por todos los profesionales del área, así como también por el propio Bcu”.
E insiste: “Si el Bcu entiende que los estados contables que le presentaron no reflejan la real operativa desarrollada y en consecuencia la contabilidad no cumple con el presupuesto básico de ser fiel reflejo de la realidad, no puede atribuirle esa responsabilidad a Capote en tanto asesor externo y sin acceso al sistema de gestión”. Pero no quedó allí. También se permitió una “pequeña digresión”. “Me llama poderosamente la atención el poco control de los organismos estatales, por lo que me pregunto: ¿quién controla al controlador?”, lanzó, para exponer el papel del Bcu como organismo regulador y supervisor del sistema de pagos y del sistema financiero. “Da la impresión de que el Bcu recién se desayunara de que la operativa de pagos y cobranzas se encontraba totalmente desvirtuada (…) responsabilizando a terceros de una tarea que le es inherente, supervisión y control; hecho que a mi criterio carece de toda lógica, debido a que si bien una tarea se puede delegar, nunca se delega la responsabilidad que ella conlleva”, opinó Arámbulo. Y sugirió que, de haber inspeccionado con más frecuencia al cambio, el Bcu no estaría “desayunándose” ahora de las irregularidades.
Para el fiscal Morosoli, si el Bcu cumplió o no con su papel escapa al asunto judicial y no exime de delito a quienes participaron de las maniobras. Reiteró a Brecha que la pericia “no aporta novedades sobre lo que ya se había diligenciado durante la investigación; es un insumo más para ayudar al juez a tomar una decisión”. Este viernes impugnará el peritaje, convencido de que se excede de sus cometidos y no es válido como prueba porque incurre en subjetividades.
Si el juez considera la opinión de Arámbulo, puede archivar el pedido de procesamiento de Capote. De lo contrario, los antecedentes pasarán a consideración de un tribunal. Mientras esto se define, las actuaciones de la sede vinculadas al cierre del Cambio Nelson están suspendidas. Souto tiene pendiente la indagatoria a los titulares y representantes de las empresas de Sanabria que se beneficiaban con el desvío de fondos de terceros colocados en el cambio. En tanto, la copia del expediente todavía no ha llegado al juzgado especializado en crimen organizado, que investigará la presunción de lavado de activos.