«En Uruguay da lo mismo ser un buen profesor que un mal profesor; prima sobre todo la antigüedad.» Las palabras corresponden al profesor Robert Silva, en una entrevista de 2015 para El País, cuando fue designado, por el Partido Colorado, integrante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Efectivamente, ese es el criterio de ordenamiento de los docentes desde hace mucho tiempo, tal como lo establece el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Docente (EFD). Silva acertaba al considerar este criterio reñido con la profesionalización docente: mientras el tiempo transcurra, al margen de una mediocre o memorable actuación, el aumento del grado de un docente está asegurado y, junto con él, la posibilidad de elegir horas de trabajo antes que colegas que ingresaron al sistema en fechas posteriores.
Hoy Silva es el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), de la Administración Nacional de Educación Pública. La asunción de su cargo, en lugar de garantizar la puesta en práctica de la reformulación del capítulo XIV del EFD, que daba cierre en el Consejo de Formación en Educación (CFE) a la lógica del ordenamiento docente con criterios de antigüedad, ha significado un franco retroceso en la materia. Aunque las declaraciones puedan afirmar que se busca garantizar los derechos del profesorado –entre ellos, la valoración de sus aptitudes académicas y su formación–, la seguidilla de resoluciones y considerados del actual CFE no ha hecho más que vulnerar derechos adquiridos, en algunos casos con una violación flagrante de la normativa vigente.
UN POCO DE HISTORIA
Entre 2018 y 2019 las autoridades del CFE llevaron a cabo una acción inédita: realizaron un llamado a concursos para la provisión de cargos en efectividad a docentes que en algunos casos hacía décadas que trabajaban en el sistema en carácter interino. Fueron concursos de oposición y méritos, es decir, implicaron la presentación de proyectos, defensas orales y la evaluación de carpetas de méritos. Se convocó a tribunales especializados en cada área, en su mayoría integrados por miembros externos al CFE, lo cual supuso para la educación pública una inversión de largo aliento. El resultado a la fecha: más de 1.000 docentes efectivos en el sistema, cuando antes de los concursos casi el 90 por ciento del plantel era interino.
Más atrás, la Ley General de Educación, de 2008, había establecido la creación del Instituto Universitario de Educación, que luego devino en Universidad de la Educación (UNED), tema que fue discutido en los sucesivos congresos nacionales de educación. Las actas de los congresos registraron la tradición que respaldaba la propuesta de contar con una formación docente universitaria.1 La Asamblea Técnico Docente (ATD) del CFE apoyó la creación de una universidad autónoma, cogobernada, nacional, pública y gratuita, con la convicción de que permitiría desplegar, de manera sistemática, una masa crítica de educadoras y educadores capaces de realizar, con sus investigaciones en temas educativos, aportes significativos a las transformaciones de las estructuras institucionales y al hacer de sus profesionales.
El proceso para llegar a esta modificación estatutaria tuvo diversas etapas, en las que participaron autoridades, la ATD y la Intergremial. En setiembre de 2019 el Codicen estableció la reforma, con vigencia retroactiva a marzo de 2019, a los efectos de homologar los concursos en trámite. Los cambios eran notorios y profundos: una estructura académica de cinco grados de acceso abierto, el ingreso en carácter efectivo por concurso a cada uno de esos grados, evaluaciones periódicas. Quienes concursaron sabían que del nuevo capítulo XIV resultaba el marco normativo que daba sentido a las evaluaciones en curso y que sería puesto en vigencia una vez finalizado el proceso de provisión de los cargos. ¿O cabía otra posibilidad?
VAIVENES POLÍTICOS
Las nuevas autoridades del CFE resolvieron solicitar al Codicen que suspendiera la aplicación de la reforma del EFD, argumentando que su redacción no era del todo clara. La decisión modificó las condiciones laborales de quienes habían adquirido la efectividad en los recientes concursos. El panorama se colmó de incertidumbre y primó la sensación amarga de que los nuevos intereses políticos, contrarios a la consolidación y la puesta en funcionamiento de la UNED, echaban por tierra lo construido en colectivo durante años. Se desconocía ese primer paso hacia una estructura universitaria que era la modificación estatutaria.
Cuando el 11 de noviembre una resolución del CFE estableció que el criterio de ordenamiento de los nuevos efectivos iba a ser la antigüedad, un grupo de docentes, movido por la certeza de que la nueva disposición violaba la normativa vigente y lesionaba los derechos emanados de los concursos, porque desconocía sus resultados, tomó la decisión de llevar adelante acciones legales para solicitar la revocación del acta. Algunos de sus representantes explicaron a las autoridades del CFE las razones del recurso presentado, gestión que no modificó el rumbo de los acontecimientos. Por el contrario, las irregularidades se agravaron, en tanto nuevas resoluciones sumaron vicios de nulidad.2 A esto se agregó la publicación de sucesivos escalafones departamentales para la elección de horas de 2021 con una gran cantidad de errores. Los involucrados veían que sus reclamos, en lugar de ser atendidos, se multiplicaban: el docente no aparecía en las secciones o las subsecciones correspondientes y no se habían calculado correctamente sus años de trabajo. Para algunos, esto ocurría poco antes de iniciarse las elecciones de horas para 2021, actos en los cuales se sigue el orden escalafonario. Dadas las irregularidades y la falta de garantías, el núcleo Instituto de Profesores Artigas-Semipresencial de la Intergremial intentó frenar, sin éxito, las elecciones de horas. ¿Ineptitud de las autoridades? ¿Desidia? ¿Falta de compromiso con la educación pública? ¿U otras motivaciones, de cuyo nombre no queremos acordarnos?
Ordenados por un criterio que valora doblemente la antigüedad en el sistema –pues ya había sido evaluada en los méritos de los concursos– y formando parte de un escalafón de 2019, en el que –según el artículo 36 del EFD– ni siquiera deberíamos figurar,3 quienes concursamos en el CFE escuchamos con indignación declaraciones de las autoridades que afirman no estar afectando los derechos adquiridos de trabajadoras y trabajadores, cuando los hechos revelan lo contrario.
Un afiche que ha circulado en las redes sociales sobre esta situación expresa: «Las arrugas por delante y la calidad universitaria ausente». Aunque establezca una falsa oposición, el tema cuestiona una lógica de larga tradición en nuestro sistema educativo. Tal vez sea hora de que nos preguntemos si no es la formación permanente la que capitaliza los años de experiencia. Como afirma Miguel Escotet en Aprender para el futuro (1991), la clave de toda educación universitaria parece estar hoy en saber de lo propio y de disciplinas afines, conciliar el ser y el quehacer con la naturaleza cambiante de la sociedad y sus epistemologías diversas.
Gabriela Sosa San Martín es docentes efectivos en el Departamento de Literatura del CFE desde 2020.
1. Disponible en https://www.ceip.edu.uy/documentos/galerias/prensa/1875/Congreso-eje-4.pdf
2. El acta 44, por ejemplo, que establece la ubicación de las y los concursantes al final del grado 1, sin explicación de tal criterio.
3. Según el artículo 36 del EFD, el año de radicación de la efectividad de los concursantes en este caso comenzó el 1 de marzo de 2020 y finaliza el 28 de febrero de 2021. El ingreso al escalafón recién debería producirse el 1 de marzo de 2021, por lo cual no se cumplieron los plazos establecidos. Esto ha provocado irregularidades en la evaluación de la actividad computada y la aptitud docente.
