La calle Juan Carlos Gómez estaba particularmente tranquila, aunque esa mañana del 29 de abril se realizaba la audiencia preparatoria de la causa Operación Océano. Casi sin presencia de la prensa, varios abogados de los imputados por delitos de «retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos» se palmeaban las espaldas y se daban ánimo antes de entrar a la Oficina Penal Centralizada (OPEC).
El juez Huberto Álvarez declaró la reserva del caso, por lo que la prensa y la ciudadanía no podrán acceder a ninguna de las instancias del juicio oral y público. Consultado sobre las razones de la decisión, Álvarez dijo que es «en bien de proteger a las víctimas».
—Las víctimas no están presentes, solamente los abogados de las partes, la Fiscalía y los imputados –le contesta la periodista.
—Sí, pero las chicas van a ser nombradas –dictaminó.
Tal como lo había conversado en la puerta de la OPEC con sus colegas, Andrés Añasco, abogado defensor de algunos de los imputados, solicitó que las audiencias se lleven adelante dos veces por semana, entre las 9.00 y las 13.00 horas. La Fiscalía propuso una frecuencia de tres, pero las defensas no contaban con esa disponibilidad. En total, se calcula que el proceso durará un año y medio.
El juicio comenzará el 10 de junio y en la primera instancia se evaluaron diversas estrategias para la organización de las audiencias, como la división en víctimas y victimarios. No obstante, se decidió que la Fiscalía presentará todas las pruebas de manera conjunta y luego cada defensa actuará según lo considere conveniente. Los acusados deberán asistir a todas las audiencias.
EN PRINCIPIO
En marzo se cumplieron cinco años de la muerte de una adolescente, Paula,1 que se ahogó en la Rambla Sur, en Montevideo. Su cuerpo apareció cuatro días después en la desembocadura del arroyo Solís Chico, en Canelones.
Al comienzo se intuyó que la muerte se trataba de un suicidio por una nota que había dejado Paula en la casa de su padre. Sin embargo, no demoró en aparecer una pieza fundamental que fue el puntapié inicial de esta megacausa: meses antes, Paula había denunciado a un hombre apodado el Paraguayo por abuso sexual. Como contrademanda, el hombre denunció a Paula y a su amiga Sofía por difamación. Para ese entonces ya circulaba en redes sociales un video del Paraguayo y Paula teniendo relaciones sexuales; el video fue subido por Sofía, que pretendía que el hombre pagara lo prometido por mantener sexo con ellas. Cuando los celulares de los involucrados fueron incautados, se conoció que las jóvenes tenían contacto con varios hombres con quienes tenían sexo a cambio de dinero. Todas ellas eran menores de edad. Todos ellos eran hombres que superaban los 30 años. El Paraguayo fue la punta del iceberg.
Inicialmente, eran tres víctimas y un único abusador, pero estas cifras aumentaron conforme avanzó la investigación. La primera fiscal a cargo fue Sabrina Flores, pero Darviña Viera, que sustituyó a la fiscal en medio de la investigación, fue la encargada de presentar el caso públicamente. Las primeras formalizaciones las llevó a cabo la jueza Adriana de los Santos en mayo de 2020. En febrero de 2021, la jueza Beatriz Larrieu tomó el caso y estuvo a cargo de las declaraciones anticipadas de las víctimas. En octubre de ese mismo año, quien asumió como jueza fue María Noel Tonarelli, que logró las primeras condenas en procesos abreviados. Además de estos cambios, en 2021 Viera dejó la Fiscalía por motivos de salud y quien asumió fue Mariana Alfaro.
Alrededor de 20 adolescentes son las víctimas de la Operación Océano. Sin embargo, una testigo clave declaró durante días y permitió identificar a los 33 formalizados en esta megacausa. Del total de formalizaciones, nueve asumieron su responsabilidad y se declararon culpables en procesos abreviados, 13 fueron sobreseídos por falta de pruebas y 11 se enfrentarán al juicio oral.
No obstante, este caso no descubrió una red. Los hombres no se conocían entre ellos y lo único que los linkea es que todos prometieron pagar o pagaron por actos sexuales y eróticos a las mismas víctimas: niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años. Las contactaban por distintas redes sociales, como Badoo, Tinder, Locanto y Seeking. Al principio, las adolescentes no revelaban sus verdaderos nombres y tampoco su edad; además decían que estudiaban y que buscaban encuentros frecuentes con hombres para sortear sus dificultades económicas. Según palabras de la propia Fiscalía, todas las chicas se encontraban en diferentes situaciones de vulnerabilidad y una de ellas estaba al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
PECES GORDOS
Al momento de crear una cuenta en la página web de Seeking hay que decir qué se está buscando. Hay dos opciones: «miembros atractivos»,que refiere a «individuos hermosos que aportan emoción al ambiente», o «miembros exitosos», definidos como «individuos generosos que quieren mejorar tu estilo de vida». Ningún usuario puede alegar desconocer que la finalidad de la red es conectar a personas que se ayuden entre sí: compañía a cambio de algún tipo de retribución.
Sin embargo, lo que sostiene la defensa de los acusados es que se trata de hombres que fueron engañados por las menores. Por ejemplo, el abogado de dos acusados, Martín Frustaci, declaró a Montevideo Portal (29-IV-25) que intentará «demostrar que fueron inducidos en el error» y «generar la duda sobre qué tanta previsibilidad tenían nuestros clientes respecto a la edad de las muchachas que se hacían pasar por mayores; que había perfiles falsos, que había documentos de identidad falsos». Dos de las víctimas tenían 13 años; uno de sus defendidos tiene, ahora, más de 70.
Los acusados en Océano no cuentan con representación legal de la defensoría pública: sus defensas están a cargo de abogados de reconocida trayectoria y prestigio en el ámbito legal. Entre estos se encuentran figuras como Alejandro Balbi, Andrés Añasco, Jorge Pereira Schurmann, Pablo Casas, Ignacio Durán, Juan Fagúndez y Martín Frustaci, quien previamente representó a los hombres sobreseídos en la causa de la violación grupal en Cordón, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase «Justicia finita», Brecha, 12-IV-24).
Según consta en un recurso de apelación al que accedió este semanario, la insistencia por parte de los hombres para mantener encuentros con las adolescentes, que muchas veces cancelaban las salidas, era frecuente. Un caso es el de un imputado –patrocinado por Balbi y Pereira Schurmann– que se contactó con gurisas de 14 años cuando él tenía 65. El acusado le había comprado a la menor un pasaje para verse en Punta del Este, pero a último momento la adolescente canceló. Según se desprende del escrito, el hombre le pidió una foto de su documento para verificar su edad. Ante la negativa de la adolescente –que dijo que no tenía los documentos con ella–, el hombre siguió insistiendo con verla: «Podés recuperar ese pasaje y venir, acá te doy más plata», le decía. «Dale, nena, que me gustaste mucho», «tengo 5.000 para vos acá», «el martes creo que voy a Carrasco, a la vuelta te puedo traer», «sos muy linda», «me calentás un montón», «me gustaría verte un par de veces por semana y así ayudarte económicamente».
Sin embargo, faltaba el documento. «En un rato paso por Atlántida con el auto, ¿nos vemos?», «vamos a Punta y te vuelves a medianoche o mañana de mañana», «necesito que me conteste eso así arreglo», «salvo que te encuentre unos minutos nos conocemos y quedamos para otro día».
Ese encuentro tampoco se dio por negativa de la víctima. Sin embargo, los ofrecimientos siguieron: «Tal vez 100 [dólares] cada vez que nos veamos» y un audio en el que le aclaraba: «Eso puede significar aproximadamente 800 dólares por mes». En el documento no queda claro si llegaron o no a encontrarse alguna vez.
Otro caso es el del «Sr. Buena Onda» (como aparecía en la red social Seeking), que se encontró con María en 2016, cuando ella tenía 16 años y estaba bajo el amparo del INAU. Cuando tenía salidas transitorias los fines de semana, María no tenía dónde dormir, así que reentabló una conversación con «Buena Onda» (defendido por Añasco): «Durante tres días, el imputado y la víctima mantuvieron relaciones sexuales a cambio de que la víctima tuviera un lugar donde quedarse a dormir, un lugar para bañarse y comer», se desprende del escrito. En ese momento, María le contó su situación al hombre, incluida su edad y que estaba en el INAU, en espera de que al ser su «sugar daddy la ayudaría a encontrar una solución económica a la situación que estaba pasando». Sin embargo, el hombre le pagó por esos tres días 500 pesos y en otra ocasión, de iguales características, con un «manojo de monedas».
Entre los perfiles de las personas imputadas se encuentran un psicólogo, un arquitecto, un maestro, varios empresarios, docentes de facultad y de liceo, el director de un colegio de Punta del Este, un exjuez de menores y un diputado suplente del Partido Colorado.
«UN BUEN TIPO»
En una librería del centro capitalino, esta periodista pide un libro que narra el caso de la Operación Océano. «Ah, ese es el caso de Chirico», dice un cliente, que se siente aludido, mientras mira tarjetas sobre el mostrador. El hombre se explica: «Sí, en ese libro se nombra a Nicolás Chirico, pobre, la pasó como el culo, te paso el teléfono así lo llamás… Bueno, mejor te paso el Instagram porque me va a cagar a pedos. Llamalo, es un buen tipo».
Nicolás Chirico es uno de los dueños de La Terraza, una reconocida fiesta de electrónica que se celebra en Montevideo y Punta del Este. Es uno de los nueve imputados que se declararon culpables –aunque sigue sosteniendo públicamente su inocencia– ante la jueza María Noel Tonarelli, en un proceso abreviado de mayo de 2022. Actualmente enfrenta tres años de penitenciaría en régimen de prisión domiciliaria y libertad vigilada por el delito de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Por este mismo delito también asumieron su responsabilidad el empresario Manuel Nande Bagnulo, el arquitecto Mauricio Alfredo Zardo Cabrera, el maestro Claudio Alberto Buzzi Sosa, el escritor y fotógrafo Leonel Enrique D’Albenas Castro, Gabriel Pizano Roiría y Hermen Daoiz Silvera Núñez. Todos enfrentan entre dos y tres años de penitenciaría, con un tercio de la pena en prisión efectiva y el resto domiciliaria. Por último, el psicólogo Sergio Daniel Opiolo de Arteaga fue condenado a seis meses de prisión bajo el régimen de libertad vigilada por el crimen de contacto de menores de edad por medios tecnológicos con el propósito de cometer delito contra su integridad sexual y obtener material pornográfico.
Operadores judiciales mencionaron a Brecha que en Uruguay existen muchísimas Operaciones Océano, pero la mediatización de este caso generó un antes y un después sobre los delitos sexuales cometidos por adultos hacia niñas, niños y adolescentes para mercantilizar sus cuerpos.
- Todos los nombres utilizados en las víctimas son ficticios. ↩︎