Más de una década después de que el sistema político argentino colapsara y el uruguayo se sacudiera, en el tercer gobierno del Frente Amplio se plantea una medida que resume o simboliza uno de los nudos que intentan desatar el Estado democrático y las izquierdas que ejercen o ejercieron los gobiernos de la región durante la “era progresista”: el manejo, la reacción y la convivencia con la protesta social, sobre la cual habían construido y acumulado su capital electoral.
La propuesta de vallar el perímetro del Parlamento surgió como consecuencia directa de los mismos hechos que ya habían provocado la reacción institucional de los otros dos poderes del Estado. La del Ejecutivo, primero cuando decretó la esencialidad en la educación y después al ordenar el desalojo del edificio del Codicen; y la del Judicial, con los procesamientos de ocho dirigentes sindicales del taxi y de asociaciones docentes, estudiantiles y de funcionarios del sistema educativo por las consecuencias derivadas de la intervención policial en el polémico desalojo.
El miércoles 23 de setiembre, un día después del desalojo, estudiantes y docentes organizados, con apoyo de otros colectivos, se concentraron en la Plaza del Entrevero para luego marchar hasta el Parlamento y repudiar la represión policial. Al culminar la movilización se pudo leer sobre las paredes de mármol varias pintadas –con espray y alquitrán– del tipo: “Gobierno puto”, “Quemar todo”, “6% ya”, “Tabaré facho”, entre otras, con el denominador común de que no fueron reivindicadas.
Esos hechos determinaron que las autoridades de ambas cámaras solicitaran una evaluación del daño, del costo, y de las acciones a tomar. “No es lo mismo despintar una pared cualquiera que las del Parlamento, ni tampoco es lo mismo el daño eventual e irreparable que acciones como éstas pueden ocasionar al patrimonio histórico y arquitectónico que representa el Palacio”, dijeron a Brecha fuentes políticas vinculadas a ambas presidencias.
Las conversaciones entre Alejandro Sánchez, titular de Diputados, y Raúl Sendic, de Senadores, concluyeron en la necesidad de denunciar lo sucedido en la Seccional 6ª, lo cual se concretó el 28 de setiembre con la firma del secretario de la Comisión Administrativa, Wilder Leal. “Cuando se fue a chequear las cámaras que están instaladas, se comprobó que no funcionaban”, explicaron las fuentes, por lo cual al presentar la denuncia institucional no fue posible aportar más elementos probatorios que fotos sacadas tras los hechos e informes de prensa.
En ese contexto también se consideró importante avanzar en medidas que eviten el daño patrimonial, más allá de las necesarias para poder identificar a los autores, y entre ellas cobró fuerza la de instalar “un vallado general del Parlamento, al estilo del que rodea al Congreso argentino”, que eliminó la libre circulación en el entorno y marcó un primer nivel de acceso al predio, previo a los controles posteriores que se deben sortear antes de cruzar la puerta de entrada al edificio en sí (véase recuadro Vaya valla).
En trámite. El secretario de la Comisión Administrativa confirmó a Brecha que se está trabajando sobre la opción del vallado, pero que “aún no ha sido formalmente presentada a los integrantes de la comisión”. Por tal motivo, Leal se excusó de aportar otros detalles, salvo que espera terminar en breve un informe oficial para poner el tema sobre la mesa y que los demás integrantes de la comisión puedan estudiarlo y, si obtiene el respaldo suficiente, incluirlo en las inversiones a ejecutar a partir de 2016.
Pero el tratamiento del proyecto de presupuesto quinquenal seguirá acaparando, por lo menos hasta finales de noviembre, casi toda la atención y dedicación de legisladores y funcionarios, en detrimento de otros ámbitos de trabajo. Por ejemplo el de la Comisión Administrativa, que no se ha reunido después de las pintadas y que se salteó en octubre la sesión mensual que por reglamento debe efectuar los primeros jueves de cada mes. Y más allá de lo ocurrido el 23 de setiembre, la falta de reuniones dejó en suspenso la definición sobre la implementación de una serie de medidas de seguridad que se empezaron a estudiar hace unos cuatro meses.
Ante este nuevo escenario la intención sería reformular el planteo original añadiendo el vallado, que, de sortear el debate conceptual que promete su discusión, tendrá que evaluarse también desde la óptica económica, ya que elevaría el presupuesto inicial que se pensaba asignar al rubro seguridad en una cifra estimada en medio millón de dólares.
El diputado nacionalista Alberto Perdomo, uno de los siete legisladores que integran la Comisión Administrativa, dijo desconocer la idea del vallado y explicó a Brecha los proyectos en los que están trabajando. “Estamos estudiando mecanismos de seguridad no por hechos relacionados al desalojo del Codicen sino desde mucho antes, y por cuestiones que no tienen que ver con lo político. Hay informes que indican que existe ingreso y tránsito de personas sin control, la presencia de vendedores como en todo edificio público, cuestiones que pueden entorpecer la labor legislativa y provocar otro tipo de problemas.”
Las dimensiones y la complejidad arquitectónica del histórico edificio –“en el Anexo es más fácil”, acota Perdomo– hacen que “la solución sea compleja”, ya que se contabilizan más de un centenar de objetivos relevantes (internos y externos) para controlar con cámaras de seguridad, y unos 30 puntos de acceso en los que se piensa colocar escáneres. “Espero no ver el Palacio amurallado”, expresó Perdomo, para quien la iniciativa se interpretaría como la colocación de una barrera a la democracia. “Con las herramientas que estamos analizando instrumentar y ejerciendo un buen control, sería suficiente para tener a buen resguardo el valor arquitectónico del edificio”, opinó el nacionalista.
Pensamiento similar aportó el senador colorado José Amorín Batlle, compañero de Perdomo en la comisión. “Entiendo que el Parlamento debe ser accesible a todos, siempre ha sido así, y la gente es la que debe entender la importancia no sólo simbólica que tiene este edificio. Mejorando los mecanismos de seguridad considero que no es necesario estar pensando en la colocación de vallas. No me gusta, y salvo que haya razones que hoy no conozco, no acompañaría una medida de ese tipo”, adelantó Amorín.
Están rodeados. Casi un mes después de las pintadas que dispararon la idea del vallado, otras consignas fueron escritas en distintos sectores de la sede parlamentaria. Fue el 14 de octubre, cuando la marcha convocada por sindicatos de docentes y de estudiantes partió de la explanada de la Universidad de la República con destino al Palacio con el propósito de rodearlo mientras la Cámara baja votaba los artículos del presupuesto relacionados con la educación. “Grafitearon, pero esta vez no llegaron arriba, al mármol, sino que pintaron donde pudieron”, resumieron las fuentes legislativas consultadas.
El jueves 15 de octubre, mientras el auto oficial que trasladaba al presidente, Tabaré Vázquez, terminaba de subir por la rampa derecha de la entrada principal al Parlamento, sobre uno de los pilares laterales que marcan el inicio de la escalinata central una hidrolavadora operada por el empleado de una empresa privada terminaba de borrar el último vestigio de lo que había pasado al cierre de la jornada anterior.
Las fuentes consultadas por Brecha recurrieron a los mismos argumentos que el gobierno a la hora de analizar el partido que se está jugando, y que tiene puntos de contacto con los manejados por el Pit-Cnt, cuyo Secretariado Ejecutivo aprobó un comunicado el día después del desalojo manifestando un enérgico rechazo a la represión policial. En el mensaje también tomó distancia “de algunas metodologías aplicadas por pequeños grupos” que “desde fuera de las organizaciones populares de masas actúan bajo la premisa del cuanto peor mejor y que escudándose en los estudiantes constituyen diversos escenarios de provocación”.
El mismo 24 de setiembre, pero en declaraciones a Búsqueda, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostenía que la resistencia al desalojo no provino de los estudiantes que habían ocupado la sede del Codicen, sino que estaba “programada políticamente. No por los estudiantes, sino por otro tipo de organización que quiere que haya un enfrentamiento de estas características y tener mártires”, aseguró.
Las autoridades legislativas tienen idéntica percepción, y si bien consideran que el trámite del presupuesto agitó puntualmente el clima político y la confrontación ideológica, no descartan que este tipo de “actos vandálicos” contra el edificio hayan venido para quedarse y continúen más allá de noviembre, poniendo en riesgo su valor patrimonial y desvirtuando su condición de ser la caja de resonancia de la democracia . De ahí la necesidad del vallado.
Para el cientista político Gabriel Delacoste, aunque el edificio del Parlamento sea “el símbolo máximo de la democracia uruguaya, cercarlo daría dos mensajes equivocados. Por un lado, que el edificio corre algún peligro al continuar al alcance del público”, ya que “más allá de vandalismos ocasionales de grupos diminutos sin la menor capacidad de amenazar al edificio, ni al Parlamento, ni a lo que representa, el mensaje es equivocado, porque es exagerado y porque comunica debilidad de una institución que no debería necesitar protegerse tras ninguna cerca. Por otro lado, impone una separación física con respecto al resto de la ciudad que tiene un efecto simbólico sobre cómo nos imaginamos la distancia entre los representantes y la ciudadanía”.
Vaya valla
La colocación de un vallado en el perímetro del Congreso argentino –la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, también cuenta con un dispositivo similar– agitó el debate y el enfrentamiento que sostenía buena parte del sistema de partidos y representantes del gobierno con los colectivos sociales que canalizaban el reclamo social por aquellos años. Las críticas desde un lado y otro de las vallas apuntaban a que cristalizaban el divorcio de la clase política con la gente y marcaban la frontera desde la cual criminalizar la protesta.
Vallas adentro lo hizo el diputado Luis Zamora, referente histórico de parte de la izquierda argentina “radical” posdictadura, cuando presentó el 13 de marzo de 2002 un proyecto de ley para “dejar sin efecto la decisión de la presidencia de esta Cámara de construir un vallado de seguridad fijo alrededor del edificio del Anexo y desmontar las obras ya realizadas con ese objetivo”. Lo definía como una provocación directa para “numerosos sectores del pueblo argentino que cuestionan duramente las actitudes y decisiones de los legisladores. No se corresponde con quienes alegan ser representantes del pueblo y encuentran serias dificultades para contactarse físicamente con quienes pretenden que sean sus representados”.
El proyecto de Zamora quedó en eso, y la primera estructura provisoria –armada en pleno estallido social con las clásicas vallas de contención policial– fue remplazada en 2009 por un enrejado inspirado en dos estructuras de hierro originales del edificio. En total son 42 toneladas de hierro macizo que, como dijo el entonces vicepresidente Julio César Cobos, uno de los responsables de la nueva imagen del Congreso argentino, tienen como finalidad “jerarquizar el valor patrimonial que tiene este edificio, que debe ser uno de los más bonitos”.
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Competencias y compensaciones
La Comisión Administrativa fue creada por ley en 1934, y entre sus cometidos figuran “la administración de todos los servicios de apoyo a la labor legislativa y la coordinación de las tareas que se deben prestar para la conservación y mantenimiento del Palacio Legislativo y los demás edificios administrados por el Poder Legislativo”. Es presidida por el titular de la Asamblea General –en este período Raúl Sendic– y completan su integración tres senadores y tres diputados, “más un eventual observador por la minoría no representada”.
La superintendencia de todos los servicios y funcionarios está a cargo de la secretaría de la Comisión Administrativa, integrada por un secretario y dos prosecretarios. Cuenta con aproximadamente 500 funcionarios para atender los distintos servicios a su cargo, mientras que en lo relativo a la seguridad recibe el apoyo de los ministerios del Interior y de Defensa por intermedio de la Dirección Nacional de Bomberos, el Cuerpo de Seguridad Legislativa y el Batallón de Infantería número 1, Florida, “unidad oficialmente encargada de la custodia del Poder Legislativo”.
El servicio brindado por estos funcionarios fue especialmente reconocido el 6 de agosto con el aumento de las partidas extrasalariales que perciben por su tarea. Con la firma de Sendic y Leal se dispuso, con base en la “eficiencia demostrada por ambos cuerpos en diversas circunstancias en cumplimiento de sus cometidos”, incrementar a partir del 1 de setiembre las compensaciones mensuales, que en el caso de los policías pasaron a ser de 23 mil, 14 mil y 10.500 pesos según el grado y la responsabilidad, y en el de los militares de 23 mil y 10.500 según los mismos criterios.
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