¿Está despuntando entre los magistrados un revisionismo hacia la impunidad? ¿O por el contrario la lógica judicial penal resulta incapaz de abarcar lo más perverso del terrorismo de Estado? Entre estos dos extremos basculan las opiniones tras los recientes fallos de tribunales de apelaciones que revocaron decisiones de jueces de primera instancia en procesamiento de militares.
El caso que con mayor fuerza grafica un territorio de ambigüedad –en la imposibilidad de determinar con precisión todos los detalles de episodios amparados por una impenetrable y generalizada complicidad del silencio– corresponde a la muerte, en el penal de Libertad, en 1981, del militante tupamaro Horacio Ramos, cuyo cuerpo fue encontrado en un calabozo de castigo en el módulo llamado La Isla, sugiriendo...
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