La dualidad de criterios que el gobierno ha aplicado ante dos posibles litigios internacionales impulsados por distintas empresas portuarias recuerda la fórmula de la popular serie juvenil Elige tu propia aventura. En febrero de 2020, durante la transición entre la anterior y la actual administración, la empresa belga Katoen Natie dirigió una carta al gobierno de Tabaré Vázquez con copia al entonces presidente entrante, Luis Lacalle Pou. La misiva daba seguimiento a una notificación de octubre de 2019, en la que la empresa le comunicaba al Estado uruguayo su intención de recurrir a un arbitraje internacional para impugnar el «trato preferencial» que, a su entender, venía recibiendo en el país su competidora Montecon. El gobierno asumió en marzo y, en seguida, designó un equipo negociador integrado por autoridades de extrema confianza del presidente –sin dar cuenta ni a sus socios de la coalición ni a la oposición–. De allí salió el polémico acuerdo firmado en febrero de 2021 y anunciado por Lacalle Pou el mes siguiente ante la Asamblea General.
Como era previsible, ese acuerdo no cayó nada bien en Montecon, que reclamó que las nuevas reglas de juego la dejaban fuera de competencia en la operativa de contenedores del puerto, constituyendo un monopolio favorable a Katoen Natie. El 27 de abril de 2022 sus accionistas (el grupo chileno Ultramar, con 60 por ciento y el canadiense ATCO, con 40 por ciento) notificaron formalmente su intención de ir a un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo, amparados en los tratados de protección de inversiones que Uruguay tiene suscriptos con Chile y con Canadá (véase «La inversión», Brecha, 15-IV-22). Esos convenios establecen un período de seis meses de contactos y negociaciones amistosas, que empieza a correr cuando se notifica formalmente que se irá al arbitraje y en el que se busca resolver las diferencias sin necesidad de litigar (proceso que puede ser muy largo y muy costoso para las partes). Fue durante ese lapso que el Ejecutivo instaló la mesa de negociación (vía Zoom y con reuniones quincenales) con Katoen Natie, pues el tratado de Uruguay con Bélgica y Luxemburgo, en el que se amparó esa empresa en 2019 y 2020, prevé el mismo plazo para consultas amistosas. Cuando el acuerdo que emergió de allí se dio a conocer, el gobierno lo fundamentó en la necesidad de evitar un juicio en el que el grupo belga anunciaba que reclamaría 1.500 millones de dólares.
En el caso de la demanda de los accionistas de Montecon, los seis amistosos meses se cumplieron el 27 de octubre pasado. ¿Qué hizo entonces el gobierno, ante un escenario análogo al que lo llevó a negociar con la empresa belga dos años antes? «No ha habido ninguna negociación porque no ha habido contacto con las autoridades», respondió ante la consulta de Brecha, Martín González, gerente general de Montecon. «Luego de que se entregaron las cartas de intención, como establecen los tratados, no hubo ningún contacto» por parte del gobierno, aseguró González.
Este semanario se comunicó con Juan José Olaizola, que, en su calidad de subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), integró el equipo de negociación con Katoen Natie. Olaizola sostuvo que lo relativo al litigio con Montecon está «en la órbita de la secretaría de Presidencia». Preguntado por la participación del MTOP en el caso, dijo que «no lo está manejando» esa cartera.
MÁS ELEMENTOS EN LA DENUNCIA DEL FA
La deriva judicial del acuerdo del gobierno y Katoen Natie no transcurre solo en el ámbito empresarial ni en los tribunales internacionales. Los senadores del Frente Amplio (FA) presentaron el pasado 25 de octubre la segunda ampliación de su denuncia penal, en la que actúa el fiscal de delitos económicos y complejos Gilberto Rodríguez. La ampliación es un extenso documento de 54 páginas que pone en conocimiento del fiscal «hechos nuevos» que, de acuerdo a los senadores, implican responsabilidad penal. Uno de ellos es el «ocultamiento del dictamen de la asesoría jurídica de la Administración Nacional de Puertos [ANP] de setiembre de 2019», que «desecha completamente las pretensiones sobre las cuales se firmó el acuerdo con el grupo Katoen Natie» y que no le fue entregado a la bancada de senadores de la oposición en un pedido de acceso a la información pública sobre informes jurídicos que involucraran las leyes y decretos en que se funda el acuerdo. Otro punto señala «errores fácticos, normativos e incluso de comprensión lectora» en la resolución que la Junta de Transparencia y Ética Pública dictó a pedido del fiscal, en la que no se incluyó el informe en minoría de la directora por el FA.
El tercer hecho es la «omisión de la ANP de analizar el plan de inversiones» de Katoen Natie –la contrapartida de la extensión de la concesión en la terminal de contenedores hasta 2081. Uno de los decretos que efectivizó el acuerdo establecía que la ANP tenía 30 días para evaluar el plan de inversiones que debía presentar la empresa belga. Si el organismo no se pronunciaba dentro de ese plazo, el plan quedaría aprobado tácitamente. La ampliación de la demanda hace un seguimiento del expediente generado tras la presentación del plan y encuentra que la secretaria general de la ANP, Laura Reinaldo, tardó 42 días en darle curso hacia la gerencia general, cuando el tiempo total para la evaluación era de 30 días. En este punto, la oposición ubica como responsable al presidente de la ANP, Juan Curbelo, para quien pide la «inmediata formalización» por abuso innominado de funciones. Su delito sería haber brindado de forma personal un asesoramiento que le correspondía al directorio de la ANP. A su vez, el FA da por «acreditado» el delito de fraude de parte del extitular del MTOP Luis Alberto Heber y del prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés.
«El cuarto hecho hasta ahora desconocido […] refiere a la forma en la que los indagados Rodrigo Ferrés y Juan José Olaizola ocultaron a la fiscalía, a la oposición y a la opinión pública en general el rol que desempeñaron durante muchos años como asesores de los distintos directores vocales de la ANP en las administraciones anteriores», agrega la ampliación de la denuncia (véase «El dedo en el ojo», Brecha, 15-VII-22). «De haberse conocido estas vinculaciones, en la oportunidad de declarar como indagados se les podría haber consultado cómo permitieron que durante tantos años se incumpliera la preferencia o exclusividad que ahora le reconocieron al grupo Katoen Natie, sin efectuar ninguna advertencia a los directores a los que asesoraban», señalan los senadores del FA.
Respecto a este cuestionamiento, Olaizola respondió a Brecha que, en su caso personal, el asesoramiento que prestó a dos directores vocales de la ANP entre 2010 y 2015 está en su currículum. «Lo sabe todo el Uruguay. Creo que los únicos que no saben son los senadores del FA», ironizó, y luego aclaró que algunos opositores que compartieron con él la comisión de transporte de Diputados están al tanto de esa actuación. Cuando se le consultó si debió haberlo mencionado en fiscalía, respondió: «No me preguntó en ningún momento el fiscal por ese tema, que es de dominio público». El semanario quiso saber si, durante su período como asesor en ANP, había detectado ilegalidades en la operativa de contenedores y si las había comunicado. El subsecretario contestó que asesoró «a dos jerarcas entre 2010 y 2015» en lo que entendió necesario en ese momento. «Es absolutamente público y no voy a hablar más del tema», sentenció. A su entender, la denuncia del FA y su ampliación no son sino la «judicialización de la política» que impulsa la oposición.
Brecha intentó consultar al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sobre las (no) negociaciones con Montecon y la ampliación de la denuncia del FA, pero no obtuvo respuesta.
