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Un informe de la gestión de Coutinho en Salto, encargado por su sucesor frenteamplista, Andrés Lima, y al que tuvo acceso Brecha, da cuenta de obras pendientes, trámites sin autorización, licitaciones con procedimientos poco claros y dobles fideicomisos para una misma iniciativa. El gobierno departamental se prepara para llevar a tribunales la tercera denuncia penal.

Foto: Federico Gutiérrez/ARCHIVO

Varios trapitos al sol dejaron a Germán Coutinho lejos del podio de la Intendencia salteña. Tras su mediática salida de la comuna en 2015, algunos remanentes de su gestión fueron puestos arriba de la mesa. Esta Intendencia quedó con un déficit que superaba los 700 millones de pesos, sueldos sin pagar, un superávit de cargos de confianza y abultadas deudas con empresas estatales y proveedores privados.

Con esos antecedentes a cuestas, Coutinho se fue por la puerta trasera de la administración litoraleña dejando tras de sí la popularidad que lo había catapultado como figura destacada del partido y compañero de fórmula de Pedro Bordaberry. Con los planes de reelección frustrados, partió al sillón del Senado escoltado por algunas denuncias por su gestión, pero bajo el amparo de sus fueros parlamentarios.

La primera fue presentada a la justicia penal por Adeom Salto a raíz de la retención de salarios que no se habían volcado al pago de los préstamos bancarios de los trabajadores. Otras dos fueron promovidas por el actual intendente, el frenteamplista Andrés Lima. Una tuvo que ver con la donación de 61 mil dólares que la embajada de Japón realizó para un banco de leche materna y que nunca llegó a destino. La otra llegó al montevideano Juzgado de Crimen Organizado con la carátula “asociación para delinquir” por la venta, de apariencia “irregular”, de dos máquinas viales y el pago, a través del Congreso de Intendentes, de varios cargos de confianza que, de acuerdo al escrito, no desarrollaban ninguna tarea específica en el congreso (véase Brecha, 22-XII-15).

Un informe de la consultora Deloitte solicitado por la actual administración salteña pone de nuevo a la gestión de Couti­nho bajo la lupa. La investigación, a la que tuvo acceso Brecha, aplica procedimientos de auditoría entre enero de 2013 y junio de 2015. De acuerdo al informe, hay irregularidades en proyectos especiales, fideicomisos, licitaciones, eventos y compras directas de la gestión colorada. Con ese documento como insumo, el abogado Federico Álvarez Petraglia, patrocinante del gobierno salteño, radicará una nueva denuncia en la justicia penal de Salto.

VEO DOBLE. Fuentes tanto del gobierno nacional como departamental consultadas por Brecha coincidieron en que lo más alarmante en los resultados que arroja la auditoría radica en las irregularidades que, a priori, parecen tener algunos fideicomisos. En los seis casos analizados por la consultora, se encontró que la Intendencia de Salto abrió cuentas específicas para cada fideicomiso sólo para “cumplir con las formalidades necesarias para recibir el dinero”, pero luego lo “volcó a la cuenta general de la comuna”, por lo que se perdió la posibilidad de realizar un seguimiento de los fondos.

Además, constató fideicomisos con “objetos coincidentes”, es decir, “que se constituyó más de un fideicomiso para ejecutar la misma obra”. Es el caso –entre otras– de las obras Renovación del Área Central de la Ciudad de Salto y Recalificación del Frente Costero, que aparecen en el Fideicomiso I y III. Estas duplicaciones también aparecen entre algunos fideicomisos y proyectos especiales financiados por el Fondo de Desarrollo del Interior (Fdi) de la Opp. El director de Descentralización e Inversión Pública de la institución, Pedro Apezteguía, reconoció a Brecha que habían detectado esa situación y no descartó que existan obras que se pagaron dos veces: por un lado, a través del fideicomiso y, por otro, a través del Fdi. Sin embargo, el jerarca argumentó que la Opp no tiene cómo saberlo ya que el fondo reintegra los gastos que tuvo la obra según el proyecto presentado al organismo en un primer momento. Si se certifica que la obra avanza, el fondo libera los montos acordados: “Ahora, si la Intendencia por su parte hizo un fideicomiso al que le dijo que cuando se terminara la misma obra se le iba a liberar la plata, nosotros no tenemos forma de saberlo”.

Las incongruencias de los fideicomisos campean en el documento de más de 70 páginas. En el Fideicomiso I, por ejemplo, existe una diferencia de 18.453.367 pesos entre lo que se estimó para la obra Renovación del Área Central de la Ciudad de Salto (37 millones de pesos) y lo que efectivamente se gastó, según avances de obra (18.546.633 pesos). En el Fideicomiso III se certifica la construcción de viviendas de interés social por un monto de 53 millones de pesos, pero la descripción del proyecto no determina las características, cantidades, condiciones ni la ubicación geográfica de las construcciones. Para el caso del fideicomiso denominado Salto VI –en el cual Deloitte constató tres obras y la compra de camiones para los proyectos– el personal del Departamento de Obras de la Intendencia le informó a la consultora que no estaban “en conocimiento” de su existencia.

En el informe también se pone de relieve las omisiones en los tiempos de Coutinho. Luego de haber realizado inspecciones oculares para constatar el cumplimiento de las obras, la consultora se encontró con que varias no fueron realizadas. Por ejemplo, sobre la obra Construcción del Parque Sauzal no se identificaron las reformas a la vieja estación noroeste, así como tampoco la ciclovía ni los arreglos a la Plaza de los Recuerdos, “que se incluyen en el diseño arquitectónico facilitado por la Intendencia”. Tampoco avanzó la renovación y ampliación de la piscina cerrada de Arapey. El proyecto de la obra, además de contar con estas reformas omitidas, preveía la creación de un “nuevo edificio conectado a través de una galería con el edificio existente, que contendría los nuevos vestuarios, hall de acceso, enfermería y administración”. Todas estas construcciones –siempre de acuerdo al informe– no existieron. Coutinho dio sus explicaciones a Brecha: “Si tenía un fideicomiso de obras para hacer una piscina pero se me ocurría cambiarla para hacer una plaza, le informaba a Afisa, y si Afisa estaba de acuerdo, se podía hacer. Ahí hay un documento que les está faltando. Era un tema entre el dueño del fideicomiso y nosotros”.

OTRAS MANCHAS DE TIGRE. El informe también pone sobre la mesa información sobre doce proyectos especiales. El primer dato llamativo es que ninguna de las obras que se iban a realizar a través de estos proyectos fue concluida totalmente. A su vez, “se encontraron certificaciones realizadas por la Intendencia que acreditan el cumplimiento de avances de obra que posteriormente la auditoría no pudo apreciar”.

Al igual que con los fideicomisos, los montos recibidos del Fdi para proyectos específicos se derivaban a la cuenta general de la Intendencia “contraviniendo, en algunos casos, las cláusulas de los propios acuerdos de parte”. También se encontraron “diferencias” en algunos proyectos entre el “monto asignado por el Fdi” y lo “efectivamente vertido” en la obra. El informe pone como ejemplo el proyecto de mejora urbana del barrio Víctor Lima, donde el importe total certificado por las obras fue de 20.295.913 pesos, lo cual “no coincide con la suma de fondos destinados al proyecto” de 22.667.934 pesos. Sobre este punto, Apezteguía precisó que el Fdi hace constataciones sobre las obras y si no coinciden con lo que los jerarcas municipales certifican, se retiene el dinero o se pide que corrijan la situación.

Sobre las donaciones recibidas para proyectos especiales, el informe se centra en los tres contenedores enviados por una fundación noruega para el área de discapacidad de la comuna. Se encontraron tan sólo dos actas labradas por una escribana sobre los bienes recibidos en dos contenedores mientras que para un tercero no apareció acta alguna.

Pasando a las licitaciones, el informe evidencia que, en algunas de las 30 licitaciones analizadas, “no se visualizaron expedientes físicos, pliegos de condiciones particulares, propuestas de oferentes, ponderaciones de factores” y en algunas hasta “se comprobó que no coincidían los criterios definidos en el pliego con las ponderaciones realizadas y con las contrataciones finalmente hechas”.

En el rastreo que se hizo a 30 compras directas figuraron 83 observaciones de “naturaleza formal” referidas a órdenes de gastos no firmadas o montos superiores a los permitidos. Por otro lado, en el análisis de 11 eventos organizados por la Intendencia se advirtieron algunas contrataciones de empresas cuyos trabajos no han podido ser verificados, pagos duplicados, gastos que no tienen justificación clara (por ejemplo, cobertura fotográfica cuando la Intendencia tiene sus propios fotógrafos) y gastos en los que no interviene el contador. A su vez, se encontraron 21 órdenes de gasto a nombre de una cerrajería de plaza en el rubro contable de publicidad.

A pesar de las denuncias penales que recaen sobre Coutinho, el informe sobre su gestión y varios datos de la realidad, el ex intendente se muestra seguro sobre su accionar: “Me fui de la Intendencia el 24 de enero de 2015 y estoy convencido que hice todo absoluta y correctamente bien. Yo no era ordenador del gasto, nunca hice un manejo de cuentas y además deslindé esa responsabilidad al sector que manejaba la economía, por lo tanto estoy muy tranquilo con cómo he manejado las cosas en mi gestión”. 

Figuras repetidas en las últimas intendencias salteñas

Herencia maldita

 

Elección tras elección la Intendencia salteña no pasa desapercibida. Inmediatamente luego de asumir la jefatura, el frenteamplista Ramón Fonticiella (2005-2010) denunció a su antecesor colorado, Eduardo Malaquina, por haber aumentado el déficit de la comuna de 112 millones de pesos a 150 millones en los últimos meses de su gestión. Pero luego, la propia gestión de Fonticiella también estuvo en el tapete mediático. En 2011, El Espectador informó que el Tribunal de Cuentas había concluido que hubo un manejo “irregular” de los fondos públicos: “doble facturaciones”, “gastos en whisky y golosinas”, “contrataciones de artistas que actuaron en el mismo día y a la misma hora en dos lugares diferentes”.

 

Coutinho, sucesor de Fonticiella, agregó a Brecha otra factura para el frenteamplista: “Su Intendencia no se fue en cero”. A su vez, sostuvo que durante la transición mejoraron los sueldos de 600 funcionarios: “Los que ganaron durante su gestión siete mil pesos, conmigo empezaron a ganar 27 mil. También allí me dejaron una herencia”. Cuando le toca hacer un balance de su gestión, el colorado se centra en el déficit y compara: “Fijate que todo este barullo de las deudas de Salto es un año de publicidad de Ancap”. Para el dirigente colorado su gestión fue “histórica” y “difícil de superar”. Explica que perdió por un “traspié electoral” y reivindica que fue la persona “más votada de Salto”. A pesar de estar cómodo en su banca senatorial, asegura que quiere ser candidato nuevamente a la Intendencia de Salto y reflexiona acerca de los números que dejó en la comuna: “Sobre el famoso déficit que anduvo en los 600 millones de pesos, gastamos 100 millones más por año. Hoy uno ve a los legisladores del Frente Amplio defender las inversiones de Ancap y argumentar que es difícil cuando las empresas no cierran. ¿Y en Salto no era necesario invertir 100 millones de pesos de más?”.

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