La mutualista Casa de Galicia cerró sus puertas hace poco más de un año. A través de la Ley N.º 20.022 se le otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de determinar cuáles serían los prestadores de asistencia integral de salud que absorberían a los socios junto con sus cápitas Fonasa.
Fueron cinco las mutualistas seleccionadas para fagocitar a los casi 40 mil usuarios: Hospital Evangélico, Sociedad Médica Universal, CUDAM y Círculo Católico (esta última se llevó la porción más grande: un total de 19 mil usuarios nuevos). A su vez, el tercer artículo de la ley mencionada explica que los usuarios podrán migrar entre esas cinco mutualistas una vez pasados los 30 días de notificados, mientras que pasados los dos años –que se cumplen en abril de 2024– podrán elegir libremente cualquier otro prestador.
No solo se trataba de los socios. Según la misma ley, los trabajadores médicos y no médicos dependientes de Casa de Galicia también deberían ser contratados por los prestadores asistenciales de manera proporcional a la migración de usuarios, bajo el presupuesto de que deberían existir suficientes recursos humanos para atender a la nueva población.
Luego de varias negociaciones, a instancias de los consejos de salarios, el 8 de abril de 2022 se resolvió destinar un total de 19 millones de pesos mensuales para la contratación del personal médico. Ese monto se dividiría a prorrata de acuerdo al número de usuarios que recibió cada institución. Sin embargo, según declaró a Brecha la vocera del gremio médico de Casa de Galicia, Ximena Carrera, esto no está sucediendo. «Se está incumpliendo el acuerdo y, por lo tanto, se llevan ahorrados o “no destinados” un total de 55 millones de pesos en este primer año», afirmó.
Pero, de acuerdo con Carrera, no es lo único que se incumple. En ese mismo convenio del 8 de abril también quedó estipulado que a los trabajadores absorbidos se les debe mantener como mínimo el 70 por ciento de la carga horaria y del sueldo que percibían en Casa de Galicia. Según Carrera, la contratación del personal médico «fue extremadamente lenta e hizo que las últimas contrataciones se hicieran recién en enero o febrero de este año»; agregó que este punto del acuerdo tampoco se respeta.
Según lo estipulado en la ley, existe una base de datos en la que figura todo el personal a ser redistribuido. La médica explicó que solo en caso de que no existan más personas en esta bolsa de trabajo la mutualista puede hacer contrataciones externas. Carrera afirmó que hay en este momento más de 400 médicos que aún no fueron asignados. A su vez, explicó que no todo el personal aceptó la oferta de trabajar en alguna de estas cinco mutualistas, debido a que las ofertas externas que reciben los médicos son por una mayor remuneración: «Sabemos que hay gente que renunció y sabemos que hay instituciones que no están gastando mensualmente el monto de plata que estaba destinado para ello».
Según explicó la sindicalista, la comisión de seguimiento del caso planteó estas inquietudes al Poder Ejecutivo y se están llevando adelante reuniones con las empresas con el fin de lograr que se ejecuten los convenios pautados.
