A fines de abril de 2026, Il Fatto Quotidiano publicó una investigación que cuestionaba el indulto otorgado por el presidente italiano Sergio Mattarella a Nicole Minetti, esposa del empresario Giuseppe Cipriani. El caso se conectaba con Uruguay al denunciar presuntas irregularidades en el proceso de adopción de un niño de Maldonado por parte de la pareja. La situación de salud del niño había sido presentada por Minetti como uno de los principales argumentos humanitarios para solicitar el indulto (véase «Otra vez las fallas», Brecha, 8-V-26).
Minetti fue condenada a dos años y diez meses de prisión en Italia por inducción a la prostitución en el denominado caso Rubygate. Un antecedente que el reportaje retomaba al denunciar que en la chacra Gin Tonic, que la mujer tiene junto con Cipriani en La Barra, Maldonado, se hacían fiestas en las que habría consumo de drogas, con la participación de mujeres llegadas del extranjero y la asistencia de clientes vip.
Además, el reportaje señalaba que tanto el niño adoptado como otros menores de edad a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) visitaban la chacra. También incorporaba otros hechos, entre ellos, la desaparición de su madre biológica y la muerte de la abogada que había ejercido la defensa pública del niño, ocurrida en circunstancias que hasta hoy se siguen investigando como posible homicidio. A raíz de esta investigación, Cipriani denunció al medio italiano ante la Justicia en Nueva York.
Al mismo tiempo, las denuncias de Il Fatto Quotidiano abrieron vías de investigación tanto en Italia como en Uruguay. En Italia, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía de Milán que revisara los hechos denunciados, lo que derivó en la intervención de Interpol. Mientras tanto en Uruguay, el INAU abrió una investigación, que continúa hasta hoy, sobre el proceso de adopción y las visitas a la chacra.
LA VÍA ITALIANA
Un mes después de conocerse el reportaje, el 3 de junio de 2026, la Fiscalía de Milán emitió un comunicado en el que señaló que, de acuerdo con las averiguaciones hechas, no encontró elementos que contradijeran las pruebas reunidas hasta ese momento para otorgar el indulto. También indicó que el Procuratore della Repubblica –así menciona a la autoridad uruguaya contactada– informó que no se detectaron irregularidades en el procedimiento de adopción. Brecha se comunicó con el INAU para confirmar si esa información había sido proporcionada por la investigación del organismo, pero no obtuvo respuesta.
La Fiscalía de Milán sostiene, además, que quedaron desacreditadas las versiones sobre supuestas fiestas con drogas y sexo en las que Minetti habría participado. Según la autoridad italiana, los Carabinieri –la Policía de ese país– recogieron numerosos testimonios de personas que tenían conocimiento de los hechos, aunque el comunicado no explica si eran personas de Uruguay o de Italia. El escrito también descarta la existencia de indicios de delito relacionados con la muerte de la abogada que representaba al niño, y menciona que la profesional había dado su conformidad al proceso de adopción.
LA VÍA URUGUAYA
Por el lado uruguayo, Brecha consultó al INAU sobre la investigación administrativa que abrió en mayo sobre el proceso de adopción y las visitas a la chacra Gin Tonic de niños y niñas institucionalizados. Pasados cuatro meses, el organismo informó que la abogada a cargo del caso solicitó una prórroga para continuar con el análisis de los expedientes. En su momento, el vicepresidente del INAU reconoció al diario El País (11-V-26) que había «elementos que daban cuenta de una situación extraña».
Uno de los elementos centrales a investigar es por qué, si Minetti contaba con antecedentes judiciales al momento de iniciar el trámite de adopción, pudo completar el proceso, cuando la normativa impide adoptar a las personas que tengan antecedentes. Más aun teniendo en cuenta que se trata de una condena por un delito sexual.
En el proceso de adopción también había sido valorada una familia de Pan de Azúcar que había compartido tiempo con el niño en su casa. Otro elemento a determinar es cuál fue el criterio utilizado para optar por el matrimonio italiano y no por el uruguayo. Fuentes consultadas por este semanario señalaron que, incluso para los trabajadores del centro donde se encontraba el niño, un Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, esa decisión resultó extraña.
Por último, la investigación del INAU también deberá aclarar qué permisos y valoraciones institucionales se tuvieron en cuenta para autorizar las visitas de niños y niñas bajo el sistema de protección del organismo a la chacra Gin Tonic. En el reportaje de Il Fatto Quotidiano (27-IV-26) se señala que la pareja italiana había construido una estrecha relación con el organismo público: «dona dinero y bienes, y los fines de semana abre la chacra a los niños».
Desde hace meses, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU e INISA viene denunciando en Maldonado una situación de crisis, marcada por prácticas de negligencia institucional, principalmente en los servicios de 24 horas. «Se ordenan lineamientos que no son los institucionales ni se encuentran en ningún protocolo», «no se respetan las intervenciones técnicas, ejerciendo presión para modificarlas», señala un comunicado del gremio, fechado en noviembre de 2025.
UN NÚMERO MÁS
Mientras tanto, nadie parece estar buscando a la madre del niño adoptado. María de los Ángeles Colinet, de 29 años, está desaparecida desde febrero de este año. Colinet vivía en situación de calle y tenía un consumo problemático de drogas.
En el pedido de indulto de Minetti se señalaba que el niño había sido abandonado al nacer y que no mantenía vínculos con su familia de origen. Sin embargo, su separación de la madre y posterior incorporación al sistema de protección del INAU se produjo luego de que profesionales de la salud alertaran a la Justicia sobre la situación de consumo de la mujer.
La desaparición de Colinet no ha sido relacionada por el Ministerio del Interior (MI) con el proceso de adopción de Minetti y Cipriani. Su nombre, en cambio, es uno más en la lista de mujeres desaparecidas que el Estado acumula en su plataforma de personas ausentes.
María Zino, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, dijo a Brecha que estas situaciones son más frecuentes cuando se trata de mujeres con consumo problemático y provenientes de contextos de pobreza. «En vez de entenderlo como una circunstancia que las coloca en una situación mucho más vulnerable, se las responsabiliza.»
El colectivo lleva casi diez años acompañando a familiares de mujeres desaparecidas. Según Zino, durante este tiempo han visto cómo, en estos casos, el MI desestima las denuncias o directamente «no las registra». «Parece que hubiera víctimas de primera y de segunda», concluye la integrante del colectivo.