Dos tercios menos de mujeres dedicadas a la prostitución en Estocolmo, 80 por ciento menos de clientes y una disminución apabullante del número de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que llegan al país (la mayoría de Europa del este o África), son los resultados que exhibe Suecia luego de 15 años de vigencia de su política antiprostitución. En algunas ciudades la actividad parece haber desaparecido, o casi, junto con los prostíbulos y casas de masajes.
Mientras que Uruguay no se decide a iniciar un debate que cuestione la categoría de “trabajo” que le es dada a la prostitución por nuestra legislación, los suecos llevan tres lustros con una ley que, además de despenalizar su ejercicio, dio un paso más allá penalizando a los clientes: quienes paguen por servicios sexuales podrán ser castigados con penas de cárcel de hasta un año, que pueden evitarse con el pago de multas (un tercio de los ingresos diarios del cliente durante un período de 40 a 80 días).
Lo más interesante de todo es que la ley forma parte del paquete normativo contra la violencia hacia las mujeres. O sea, el sustento filosófico de la ley radica en que “la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. Es reconocida oficialmente como una forma de explotación de mujeres, niñas y niños, y constituye un problema social significativo (…) la igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndolos”, citó en un artículo Marie de Santis, presidenta del Centro de Justicia para Mujeres, una Ong con sede en California dedicada al trabajo con mujeres hispanas que sufren violencia.
Bajo esta concepción es que la legislación prevé fondos para programas que dan ayuda sanitaria, psicológica y social a quienes deciden abandonar la actividad, y establece otros fondos para educación de la población, enfocados en denunciar, justamente, la violencia de género que entraña la demanda.
El año pasado los diputados franceses aprobaron una norma que multaba a los clientes con 1.500 euros y 3.750 en caso de reincidir. Cuando la ley se encaminaba a su aprobación en el Senado comenzó a circular el “Manifiesto de los 343 cabrones”. En un intento cínico de emular el “Manifiesto de las 343” promovido por Simone de Beauvoir en 1971, en el cual las mujeres afirmaban haber abortado cuando era ilegal, intelectuales destacados en el universo francés defendieron su derecho a “ir de putas”. “Consideramos que cada uno tiene el derecho de vender libremente sus encantos, e incluso de amar eso. Y rechazamos que los diputados dicten normas sobre nuestros deseos y placeres”, dijeron los cabrones. A éstos se les sumaron el sindicato de trabajadoras sexuales, que realizó marchas en varias ciudades francesas, y las encuestas que advertían que Francia no es Suecia y por lo tanto los galos no eran tan proclives a aceptar la norma. Hace dos meses, cuando el Senado iniciaba el debate, una comisión legislativa decidió retirar el artículo que penaba a los clientes, bajo el insostenible argumento de su poca efectividad.