La reunión mensual con Arely Gómez no llegó a durar ni media hora. “No presentaron resultados contundentes sobre la situación de Tomás Zerón de Lucio y argumentaron que la investigación interna que hicieron no gira en torno a él sino a las torturas e irregularidades que cometieron otros servidores públicos, en cuanto a la presentación de evidencias y a cómo realizaron las investigaciones”, explicó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan.
La Procuraduría está en jaque desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) dejó el país y publicó su segundo y último informe en el que se documentó cómo la versión oficial de lo sucedido con los estudiantes, a la que en México se alude con el término “verdad histórica” –que fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan–, fue construida en base a información falsa. Por un lado, el Giei denunció la obtención de información de los detenidos mediante tortura y también señaló a Tomás Zerón de Lucio como el responsable de haber sembrado pruebas falsas.
Zerón ocupaba el cargo de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (Pgr) cuando el 28 de octubre de 2014 –a un mes del secuestro de los estudiantes– visitó el río San Juan por fuera del protocolo y del registro de la investigación oficial, antes de que en el lugar fuera hallada una bolsa con restos humanos que pertenecían uno de los jóvenes desaparecidos.
“Nos informaron que tienen un resultado de su investigación interna, pero que se nos daría a conocer por intermedio de una representación legal en una futura reunión con abogados. Los padres decidieron levantar el diálogo con la Pgr y no volver a sentarse a la mesa hasta que no se tenga respuesta sobre la situación de Tomás Zerón de Lucio.”
Los padres no tienen confianza en la investigación oficial mientras Zerón siga siendo un funcionario de la Procuraduría.
Así lo dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los normalistas desaparecidos: “Queremos la información con detalle, queremos saber la verdad. A un año y 23 meses seguimos exigiendo al gobierno mexicano la presentación con vida de nuestros hijos, no podemos irnos a nuestros casas”.
Epifanio Álvarez Carbajal, padre de Jorge Álvarez Nava, lo sintetizó de este modo: “Nos empezaron a dar muchas vueltas al asunto, como si los padres fuésemos incapaces de pensar. Nos da mucho coraje que hablen tanto, cuando sólo tienen que dar resultados. Están protegiendo al autor intelectual de la siembra de evidencias en el río San Juan, y forman parte de este crimen por encubrir la verdad”.
La premura también se debe a que debe concretarse la llegada de un nuevo equipo enviado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conformar el Mecanismo de Seguimiento Internacional que dé seguimiento a la investigación oficial del caso, y continúe la tarea del Giei. “Pero de nada serviría su llegada si este personaje sigue metiendo las manos, porque no nos genera confianza.”
En esta pelea los padres perdieron una pulseada, ya que pretendían que un grupo igual de numeroso que el Giei –que incluyera a alguno de sus ex integrantes para garantizar continuidad– fuera el que visitara México una vez al mes para vigilar la investigación oficial. Pero serán sólo dos las personas que lo harán cada seis meses, además de la tarea que pueda desarrollar el relator del organismo internacional para el país, que no está dedicado únicamente a este caso, sino a las múltiples violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano continúa cometiendo contra la gente.
