Ser o no ser (ideólogo de los escuadrones de la muerte): la duda del príncipe danés convierte a Jorge Batlle en un Hamlet criollo. El ex presidente eludió confirmar o desmentir lo que un embajador estadounidense informó a su canciller en 1972. A cambio de mantener la duda, Batlle desistió de acusar al tupamaro Julio Marenales por difamación.
“Le perdonó la vida. Lo podía mandar en cana”, dijo, suficiente, el diputado colorado Daniel García Pintos, inclinándose sobre un correligionario, pero en realidad hablando para la tribuna.
La bravuconada era parte del show que el martes 26 se montó en el quinto piso del viejo edificio de La Mañana y El Diario, en el lugar que el Poder Judicial destina para los juicios orales y públicos.
La sala estaba abarrotada. En un costado, digamos la Colombes, se arracimaban connotados militantes de la lista 15 en torno a su líder, el ex presidente Jorge Batlle, y su abogado Jorge Barrera. Del lado de la Ámsterdam, Julio Marenales y su abogado Homero Guerrero apenas sobresalían del cerco de periodistas, fotógrafos y camarógrafos. En la Olímpica, la jueza Aída Vera Barreto sonreía, complacida. Después de una hora y pico de juicio por difamación e injurias, alguien comentó, muy cerca del mentor de Palo y Palo: “Una payasada”.
Pero no lo fue. Será engorroso, pero no ocioso, demostrar que la decisión de Batlle de desistir de la denuncia y “darse por satisfecho” ante lo que cierta prensa calificó como una “retractación” del dirigente tupamaro, mantiene en pie el aspecto esencial de la cuestión: según documentación oficial de Estados Unidos, desclasificada hace cinco años, en febrero de 1972 el entonces derrotado candidato presidencial Jorge Batlle propuso la creación de algo muy similar a un escuadrón de la muerte, afirmación que no fue desmentida por el demandante y que seguramente incorporará otro capítulo al expediente de la investigación sobre los crímenes del Escuadrón, que se sustancia en otro juzgado penal.
Este episodio de “difamación”, que permitió a Batlle “defender su honor”, fue en realidad un coletazo del empuje que cobró la investigación sobre la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto a raíz de la detención en Argentina del ex agente de la cia y fotógrafo policial Nelson Bardesio. A la salida de un juzgado donde, como dice José Mujica, se va a tramitar la campaña electoral, Marenales fue preguntado sobre la responsabilidad de Julio María Sanguinetti en el encubrimiento de los crímenes del Escuadrón de la Muerte. Marenales respondió que si bien no tenía pruebas, sí tenía la convicción de que Sanguinetti y Batlle habían sido los “cerebros políticos” de aquella organización paramilitar y parapolicial.
Batlle, en una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas, anunció su determinación de denunciar a Marenales por difamación ante la justicia. La jueza Vera Barreto fijó la primera audiencia para el martes 26 y convocó a Marenales mediante un cedulón que fue entregado en la sede del mln el jueves 21. La defensa del dirigente tupamaro advirtió a la magistrada que, debido al feriado del lunes 25, era imposible cumplir con el plazo “no menor de 48 horas” para la presentación de pruebas; la jueza desestimó modificar la fecha de la audiencia.
En medio de una considerable expectativa mediática, al comienzo de la audiencia la magistrada aceptó recibir la prueba en que se fundamentaba buena parte de la defensa. Se trataba de una fotocopia de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 2 de febrero de 1972, y que fue desclasificado a mediados de 2003. Dicho entre paréntesis, los informativos de la televisión privada y algunos programas radiales no registraron el detalle y refirieron simplemente a una publicación de Búsqueda que adelantó, en 2003, algunos de los conceptos más sustanciales.
El documento, firmado por el entonces embajador de Estados Unidos en Uruguay, Charles Adair, sintetizaba una serie de entrevistas que funcionarios de la embajada habían mantenido con Batlle. Buena parte de las cuatro carillas rotuladas como “confidencial” fue dedicada al análisis del papel que jugaría Batlle y los miembros del mayoritario sector del Partido Colorado, Unidad y Reforma, en el gobierno del electo Juan María Bordaberry que se estrenaría un mes más tarde. El análisis consignaba que Batlle, quien deslizaba diferencias con Bordaberry, se proponía monopolizar la conducción de la economía del futuro gobierno, desde el ministerio y desde el Banco Central y el Banco República.
En el ítem dedicado al “terrorismo”, el embajador Adair señalaba: “Como lo había hecho en anteriores conversaciones con nosotros, Batlle repitió que apoya atacar el problema terrorista con un nuevo, pequeño, secreto grupo que pelearía a los tupamaros en sus propios términos. Dijo que tal grupo tendría que ser establecido fuera de las autoridades legalmente constituidas”.
Esos conceptos –que la defensa subrayó en tanto provenían de un muy influyente dirigente colorado, que no podía desconocer la significación de los atentados y asesinatos que la derecha venía cometiendo desde comienzos de 1971– indicaban que Batlle era partidario –toda vez que su derrota electoral enterraba unos planes de pacificación para incorporar a los guerrilleros a la vida legal y cuyos términos nunca llegaron a conocerse– de impulsar grupos terroristas para combatir a los tupamaros.
Marenales explicó en la audiencia que, puesto que Batlle nunca desmintió la información de prensa que consignaba el contenido del documento diplomático estadounidense, se sintió en el derecho de inferir que Batlle era un “cerebro político” del Escuadrón. Y agregó: “Si esas afirmaciones son falsas, entonces no tendría inconveniente en pedir disculpas”.
El condicional de Marenales, que reclamaba implícitamente un desmentido formal de Batlle sobre los conceptos transcriptos por el embajador Adair, quedó flotando en el aire, pero no llegó a sacudir el ambiente porque fue eliminado con un pase de mosqueta: “Si es así, me doy por satisfecho”, anunció, rápido, el líder de la lista 15, dejando a los presentes con la duda de si había dicho lo que dijo, o si el embajador Adair había inventado su propuesta de crear escuadrones, que por cierto ya estaban operando.
La jueza Vera Barreto quitó de escena el asunto, preguntándole a Marenales si había tenido intención de ofender. El dirigente tupamaro explicó que no era su estilo agraviar a sus oponentes, y entonces el abogado Barrera anunció que desistía de la denuncia. La jueza procedió a clausurar la audiencia, y en el apuro olvidó darle la palabra al fiscal Luis Bajac, que bien podría haber reclamado una definición sobre la verdad o falsedad de las afirmaciones contenidas en el documento.
