El lanzamiento que se hizo a mediados de mayo, con gran esfuerzo mediático, del plan Avanzar (para regularización de asentamientos) y la difusión reciente de la reglamentación del programa habitacional Entre Todos1 descorren un poco el velo sobre la orientación que tendrá la política de vivienda en los meses por venir. Ya comentamos estos temas hace algún tiempo,2 pero ahora hay elementos nuevos que resulta oportuno analizar.
AVANZAR, ¿CUÁNTO?
En la conferencia de prensa en que se lanzó el plan Avanzar –con la presencia de la plana mayor del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y del propio presidente de la república, Luis Lacalle Pou–, varias cosas quedaron claras y otras continuaron oscuras, a la espera de futuras luces. La primera de ellas, quizá una sutileza semántica, es el nombre del plan: pues Avanzar (al que la ministra agregó un Cambiando Realidades) sugiere bastante menos que el enfático Asentamientos Cero, con el cual Lacalle había bautizado la iniciativa originalmente, cuando todavía estaba lejos de ser presidente. Porque avanzar puede ser poco o mucho (y también se puede avanzar poco o mucho en el cambio de la realidad), mientras que cero es cero (y avanzar hasta ahí, bastante más difícil).
Se supo en la conferencia referida que el plan se haría en conjunto con las intendencias departamentales, aunque no quedó claro qué rol desempeñarán estos organismos (además de definir los «lugares de intervención»). Tampoco se aclaró si las intendencias seguirán siendo los organismos ejecutores o el convenio a establecer con MEVIR (Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) marca la participación de un actor distinto. Por lo que se dijo, la acción se desarrollará en cuatro planos: regularización, relocalización, atención a la emergencia y prevención. Esto parece adecuado, si bien no queda claro de qué manera se abordará el plano más importante, en definitiva, que es la prevención. El punto importa porque sobre esto hay dos alternativas extremas: prevenir mediante un fuerte impacto en el ofrecimiento de soluciones o prevenir mediante la represión, una idea que ya fue establecida en la rendición de cuentas 2020, cuando se endilgó a las intendencias departamentales la responsabilidad de evitar la formación de asentamientos.3
Un punto de este plan que ha resultado muy discutido es el de los recursos: se anunció que se invertirán en el quinquenio 240 millones de dólares, lo que ha sido calificado, según quién opine y las cuentas que haga, como «mucho» o «poco». Según el oficialismo, los 240 millones duplican la inversión de anteriores períodos, pero las cifras que emanan del propio ministerio indican otra cosa. En efecto, en los tres programas que están en la órbita de la nueva Dirección de Integración Social y Urbana (Mejoramiento de Barrios, Relocalizaciones y Juntos), en el quinquenio 2015-2019, se invirtieron 218 millones de dólares, mientras que lo que está previsto en el presupuesto quinquenal 2020-2024 son solo 198. Quizá los 42 que faltan para 240 salgan de uno de los fideicomisos creados, pero, de todos modos, 240 no es el doble de 218.
La otra cuenta que se ha hecho, esta vez del lado de la oposición, es dividir los 240 millones de dólares prometidos entre los 120 asentamientos en los que se va a actuar, lo cual da como resultado 2 millones por asentamiento. A todas luces es muy poco. Pero esta cuenta tampoco es correcta, porque hay asentamientos grandes y asentamientos chicos, e intervenciones que se empiezan y otras que se terminan. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Según lo informado en la conferencia de prensa, los 120 asentamientos comprenden unas 15 mil familias. En promedio serían 120 por asentamiento. Pero en 40 de ellos, con 4.100 familias, ya se estaba trabajando, o sea que las tareas han comenzado, con diferente grado de avance. Lo mismo pasa en otros 20, con 5.200 familias, en los que se retomaría el trabajo interrumpido por los recortes de inversiones de 2020. Finalmente, los asentamientos en que se iniciarían trabajos son los 60 restantes, que comprenden otras 5.200 familias, con un promedio de 87 familias por asentamiento. En resumidas cuentas, buena parte de la inversión ya está hecha y otra parte se hará en el quinquenio próximo, porque muchos proyectos no se concluirán en este. O sea, ni tanta plata ni tan poca.
¿ENTRE TODOS?
La reglamentación del programa Entre Todos, por su parte, cubre lagunas que había dejado su decreto de creación, pero deja otras por llenar. Básicamente, se trata de un programa de participación público-privada: los inversores presentarían los proyectos y el Estado se haría cargo –según la propuesta inicial– del 70 por ciento del costo (más todas las exoneraciones tributarias de la vivienda promovida) y el inversor privado del 30 por ciento restante (a su riesgo, pues la recuperación se haría mediante un fideicomiso, con los pagos por las viviendas construidas).
Lo que hacía interesante el negocio para el privado era lo limitado de su aporte. Pero como el presupuesto no prevé destinar para este programa recursos importantes hasta 2024 –y eso significaría prácticamente dejar la construcción para el próximo período de gobierno–, el MVOT había ideado otro fideicomiso (que la ley autorizó) para captar recursos garantizados por las partidas de 2024. Claro que eso significa emisión de deuda, lo cual no estaba en los planes de los organismos internacionales de crédito ni del Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, la ministra Azucena Arbeleche vetó la iniciativa.
La solución que se buscó consiste en que el inversor privado incremente sustancialmente su aporte, hasta el 100 por ciento, lo que aumenta el esfuerzo y el riesgo. Para entusiasmarlo, entonces, el Estado se compromete a garantizar el cobro de las deudas… con los recursos del Fondo de Vivienda. Esto recuerda mucho al triste negocio que se hizo con la compra de aviones para PLUNA, en que se recurrió a un privado porque el Estado no podía hacer la inversión, pero el privado lo que hizo fue tomar un crédito con la garantía del Estado, que fue el que terminó pagando.
La excepción a esta forma de financiamiento, según el programa, sería solamente para el caso de proyectos pequeños, de hasta ocho viviendas –que se supone que interesarán solo a pequeños inversores–, en los que el MVOT pondrá el 80 por ciento del costo. De todos modos, el ministerio se reserva la posibilidad, «a su solo criterio», de coinvertir en otro tipo de proyectos, como estaba pensado inicialmente, aportando hasta dos tercios del costo. Pero eso solo podría hacerlo en 2024, cuando tenga los recursos.
¿Para quién serían estas viviendas? No Se apunta a toda la población objetivo del Plan de Vivienda, sino solo a aquellos que puedan pagar el 70 por ciento de la cuota correspondiente (el 30 por ciento puede ser subsidiado: lo que la resolución llama «contribución económica no reembolsable»). Teniendo en cuenta que la cuota pensada es de entre 10 y 15 mil pesos, los sectores de ingresos bajos y medio-bajos, objetivo de la vivienda promovida, nuevamente quedarán al costado del camino. Más aún cuando se exige como parte del pago una «entrada» del 10 por ciento del precio, lo que puede ser otra barrera infranqueable. Es cierto que para constituir la entrada se puede usar parte del subsidio, pero en ese caso se retaceará el subsidio a la cuota, lo que recuerda a aquella imagen de la frazada corta.
Los proyectos que se presenten para ser financiados por este programa deberán cumplir con las condiciones de precio que se establezcan, como lo señala el artículo 10 de la reglamentación aprobada. Esa es la buena noticia, aunque seguramente no para los inversores. La mala noticia es que esas condiciones de precio por ahora no son conocidas. Habida cuenta del tironeo que por este tema sostuvo el ministerio con los promotores privados, existe el riesgo de que esos topes no estén muy topeados.
Pero hay otro problema, y muy importante: tal como surge de la distribución de los recursos por programas del presupuesto nacional, los que se volcarán a Entre Todos no provienen de un incremento del presupuesto para vivienda, sino de la reducción presupuestal a la mitad –durante 2023 y sobre todo durante 2024– de los recursos destinados al programa Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales. Este es el que nutre las modalidades de cooperativas y autoconstrucción, con lo cual los sectores de ingresos bajos y medio-bajos no solo no tendrán acceso a Entre Todos, sino que además lo verán duramente limitado a esas líneas de producción autogestionaria.
Piden queso, les dan hueso.
1. Creado por decreto 59/22 a principios de febrero, concretando lo previsto en el presupuesto quinquenal para este período.
2. Véase «¿Vivienda “promovida” para pobres?», Brecha, 18-II-22.
3. Véase «Otra vez, la solución es reprimir», Brecha, 3-IX-21.
