Datos recopilados por el Ministerio de Salud brasileño y enviados al Ministerio de los Pueblos Indígenas la semana pasada muestran que 586 niños menores de 5 años en la tierra indígena yanomami tienen un «peso muy bajo para su edad». Otros 968 son de «peso bajo para su edad». En total, al menos 1.556 pequeños yanomamis tienen hoy algún déficit de peso. Para llegar a esta cifra, el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), tomó el peso y las medidas de 4.332 niños. De acuerdo a esa muestra, más de un tercio de los niños yanomamis (36 por ciento) tienen un peso que no corresponde a su estatura, un importante indicador de desnutrición.
De todos modos, la ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, ha dicho que los números de Salud no reflejan toda la gravedad de la situación y que el sector ha sufrido un apagón estadístico. El médico Paulo Cesar Basta, doctor en Salud Pública y uno de los profesionales más experimentados en el campo de la salud yanomami, con numerosos trabajos publicados sobre el tema y amplia experiencia de campo con equipos multidisciplinarios de salud indígena, dijo a Agência Pública el lunes 23: «El estado nutricional de los niños yanomamis es realmente muy malo, solo comparable a los datos de los niños en algunas regiones del África subsahariana».
Basta explicó que los investigadores trabajan básicamente con tres indicadores para evaluar el estado nutricional de los menores de 5 años. Peso para la edad, «que es el más común y actúa como proxy [aproximación de una variable que no se mide directamente] de la desnutrición aguda», talla para la edad, «que actualmente actúa como proxy de la desnutrición crónica», y peso para la estatura, «que evalúa la distribución corporal del niño y, cuando es superior a ciertos niveles, indica sobrepeso».
La conclusión de estos estudios es devastadora. «Recientemente publicamos algunos artículos sobre el tema entre los yanomamis, y nuestros datos, así como los de SESAI, revelaron déficits de peso para la edad de alrededor del 50 por ciento y déficits de talla para la edad de alrededor del 80 por ciento. Estos datos revelan que la desnutrición entre los yanomamis es una de las más graves del mundo», dijo Basta.
La explicación de esta desnutrición está ligada a la explosiva invasión de la tierra indígena por garimpeiros (buscadores de oro) en los últimos cinco años. Los líderes yanomamis estiman que actualmente hay entre 20 mil y 30 mil invasores en el territorio. En los últimos cuatro años, el gobierno de Jair Bolsonaro no fue capaz de llevar a cabo una operación completa para expulsar a todos los invasores. Se limitó a acciones puntuales, en su mayoría por iniciativa de los inspectores del Instituto Brasileño del Medioambiente y de los Recursos Naturales, que tuvieron efectos inmediatos, pero no lograron resolver el problema de forma duradera. El exvicepresidente y ahora senador electo Hamilton Mourão, coordinador del Consejo Nacional por la Amazonia Legal, un aparato casi enteramente militar creado por él y Bolsonaro, repitió a lo largo de los años que era «complejo» sacar a los mineros de la tierra yanomami, al tiempo que afirmaba que eran solo 3.500.
La presencia de los invasores, tolerada por el gobierno a pesar de las numerosas denuncias de organizaciones indígenas e indigenistas, afecta la alimentación de los yanomamis. Una investigación reciente, financiada por Unicef y a cargo de Basta y el epidemiólogo e investigador de la Fundación Oswaldo Cruz en el Amazonas Jesem Orellana, señaló que «la alta concentración de personas y el sedentarismo de la población local llevaron a una explotación desmedida de los recursos naturales, haciendo disminuir la caza y la pesca en la región, además de hacer menos productivos los sitios de explotación agrícola».
Esto «contribuye a la escasez de proteínas y alimentos, lo que se traduce en un mayor gasto de tiempo y energía para obtener nutrientes. Este hecho no solo da origen a una constante sensación de carencia, sino que también reduce el tiempo de las actividades dedicadas a la socialización (rituales tradicionales, prácticas chamánicas, procesos de aprendizaje, visitas a otras comunidades, etcétera) y tiene, además, la potencial consecuencia de comprometer el estado nutricional de las personas», dice la investigación.
EL GARIMPO Y LA GUERRA POR LA TIERRA
«¿Dónde están los yanomamis?», preguntaron miles de personas en las redes sociales en mayo del año pasado, en referencia a los indígenas de la aldea Aracaçá, en Roraima, desaparecidos tras haber denunciado que una niña yanomami de 12 años murió tras ser violada por garimpeiros. Cuando la Policía acudió a la zona para investigar la denuncia, encontró la aldea indígena completamente quemada y deshabitada.
El caso es emblemático de la violencia que promueve la minería depredadora en los territorios indígenas, que destruye no solo ríos y bosques, sino también los lazos entre los miembros de las comunidades, según la antropóloga Luísa Molina. «Nuestro deber es entender lo que este inclasificable caso de violencia contra una niña yanomami nos dice sobre la fuerza de destrucción de la minería y sobre la complicidad del gobierno de Bolsonaro con esa destrucción», dice Molina. La antropóloga y estudiante de doctorado de la Universidad de Brasilia trabaja en una investigación sobre el pueblo munduruku del medio Tapajós, en Pará, uno de los territorios más afectados por el garimpo.
Dentro de las tierras de demarcación oficial indígena, el área ocupada por la minería ilegal creció 495 por ciento entre 2010 y 2020, según el proyecto Mapbiomas, que reúne a académicos y ONG especializadas. Para Molina, las múltiples causas de este avance incluyen el desempleo y la inflación –que empujan a la población local hacia el garimpo–, la legislación permisiva y el apoyo político a la minería ilegal por parte de las autoridades locales, los parlamentarios y, en su momento, el propio presidente Bolsonaro. «Los últimos años fueron de fortalecimiento del garimpo no solo como elemento de destrucción, sino también de los grupos políticos que lo apoyan. Desde 1988 no se había vivido un momento políticamente tan favorable a este flagelo», explica. La antropóloga agrega que la «bestia de siete cabezas» del garimpo necesita ser atacada en todos los frentes para ser detenida y derrotada, y eso dependerá del compromiso del actual presidente de la república.
Varios estudios e informes prueban que la elección de Bolsonaro intensificó la ofensiva de buscadores, madereros y acaparadores de tierras contra territorios indígenas, como los munduruku y los yanomamis. «En los territorios vemos ese odio que se estampó en la boca del presidente, en el asedio, en la intimidación, en las amenazas de muerte, en la persecución, en la guerra», dice la antropóloga. Para ella, el cerco a las zonas indígenas revela que Brasil vive una verdadera guerra por el territorio, uno de los factores que cree que llevaron a la elección de Bolsonaro en 2018: «Hasta que no nos demos cuenta de la profunda relación que existe entre el proyecto político de extrema derecha y el problema de la tierra, corremos el grave riesgo de no salir pronto de esta situación», advierte.
(Con base en artículos publicados originalmente en Agência Pública. Traducción y titulación de Brecha.)
Más de 19 mil voluntarios responden a la convocatoria del Estado ante la crisis yanomami
El otro Brasil
Catarina Barbosa
El genocidio yanomami expone el horror provocado por cuatro años de extrema derecha en el poder en Brasil. Y da origen al primer movimiento masivo de solidaridad en una población que ha sido rehén del odio y la manipulación del gobierno de Jair Bolsonaro. Ante las imágenes de niños muriendo de hambre y de enfermedades tratables, en solo dos días, el 22 y 23 de enero, 19.400 profesionales de la salud se inscribieron como voluntarios en el programa Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud (FN-SUS): médicos, enfermeros, psicólogos, entre muchas otras profesiones, dispuestos a salir de su rutina en el momento en que son llamados para actuar directamente en la tierra indígena yanomami y colaborar para salvar tantas vidas como sea posible. El número de inscriptos representa un aumento del 700 por ciento: a diciembre de 2022, la FN-SUS tenía 2.502 voluntarios registrados; hoy hay más de 33 mil.
La psicóloga Juliana Sangoi, de 39 años, residente en Brasilia, es una de las profesionales que se inscribieron en el programa FN-SUS. «Cuando vi las imágenes de los yanomamis con tal desnutrición y leí sobre la violencia que vienen sufriendo, inmediatamente se me vinieron a la mente las imágenes que vemos en los libros de historia, en los reportajes y en las visitas a los memoriales de las víctimas del holocausto en Berlín o Praga», dice. «Me invadió una profunda tristeza. Lo que los yanomamis están experimentando es una catástrofe humanitaria global.»
Genocidio ya no es una palabra en boca de apenas una parte de la población opuesta a las políticas de Bolsonaro. Se ha convertido en uno de los términos más pronunciados esta última semana en Brasil. El lunes 23, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública envió un oficio a la Policía Federal por el que ordena investigar varios crímenes del último gobierno. Entre ellos, el delito de genocidio y omisión de asistencia. Tres días antes, el 20 de enero, Sumaúma informó que al menos 570 niños menores de cinco años habían muerto por causas evitables en territorio yanomami en los cuatro años de gobierno de Bolsonaro: un 29 por ciento más que en los cuatro años anteriores, bajo Dilma Rousseff y Michel Temer. Es probable que el número sea mucho mayor, ya que la tierra indígena ha sufrido un apagón estadístico.
En los últimos días, el gobierno de Lula da Silva promovió varios cambios en la dirección de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, incluidos más de 40 despidos. Al menos 13 militares fueron apartados de sus cargos en esa entidad. En territorio yanomami, más de 1.000 indígenas con graves problemas de salud y situaciones de extrema vulnerabilidad, la mayoría con desnutrición y malaria, han sido rescatados en los últimos días por el sistema de salud, dijo esta semana a la prensa el nuevo secretario de Salud Indígena, Ricardo Weibe Tapeba.
Otra profesional registrada en la FN-SUS es la médica Cecília Machado, de 24 años. Graduada hace poco más de un año, vive en Salvador de Bahía, donde es pediatra. «Me enteré del caso por las redes sociales y decidí apuntarme porque la situación me conmovió mucho. Me registré usando el formulario. Creo que tengo mucho que aportar en este contexto», dice. «No es tolerable que, en un país con tanto potencial como el nuestro, el hambre siga matando. Lo que realmente queremos es ver al SUS funcionando como debe ser, dando más a quienes más lo necesitan.»
La FN-SUS se activa en situaciones extremas, cuando se agota la capacidad de respuesta del estado o municipio involucrado. En el caso de los yanomamis, fue solicitada luego de un decreto de emergencia en salud pública de importancia nacional, emitido el 20 de enero. Entre los trabajadores que pueden colaborar se encuentran asistentes sociales, biólogos, biomédicos, conductores de vehículos de emergencia, odontólogos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, profesionales de educación física, psicólogos, socorristas, técnicos en enfermería, técnicos en radiología, terapeutas ocupacionales y veterinarios, entre otros profesionales de la salud.
«La tarea ahora es tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posible», dice la médica familiar y comunitaria Debora Fontenelle, de 60 años, de Río de Janeiro, también inscripta a la FN-SUS. Dice que se anotó en el momento en que se enfrentó al horror de lo que estaba sucediendo: «Cuando supe de la situación de los yanomamis, me inscribí de inmediato. Mucha gente piensa que solo existe la Fuerza Nacional de Seguridad, pero también existe la Fuerza Nacional de Salud. El alto número de anotados muestra la fuerza de la solidaridad. No estamos del todo perdidos».
(Publicado originalmente en Sumaúma. Titulación y traducción de fragmentos a cargo de Brecha.)
