Se dice que a Uruguay todo llega tarde, por eso quizás nadie lo había advertido. El 28 de agosto, temprano en la mañana, la Policía Federal (PF) de Brasil desplegó la operación contra el crimen organizado más grande de la historia del país. En un movimiento coordinado –que incluyó al Ministerio Público y a la Secretaría de Ingresos Federales (Receita Federal)–, las autoridades pusieron al descubierto un megaesquema de lavado de dinero enquistado en toda la cadena del mercado de combustibles con epicentro en San Pablo. La estructura era intermediada por bancos digitales y montada en buena medida encima del dinero del Primer Comando de la Capital (PCC). Nunca antes habían quedado tan explícitos los vasos comunicantes entre el crimen organizado, el mercado financiero y la economía formal del país más importante de la región.
Solo hubo una falla. A pesar de haber movilizado marcialmente a cerca de 1400 agentes en ocho estados de la federación, con órdenes de allanamiento, pedidos de detención y el despliegue de tres operaciones paralelas, la mayoría de los 14 sospechosos se hicieron humo antes de que la Policía llegara. Entre ellos, dos personas que la investigación señala como los principales líderes del esquema: Mohamad Hussein Mourad, el Primo, y Roberto Augusto Leme Da Silva, el Beto Louco. En total, solo se pudo detener a seis personas. «No es una estadística normal para una operación de la Policía Federal», dijo en conferencia de prensa el director del organismo, Andrei Rodrigues, quien ahí mismo aseguró que el hecho merecía una investigación.
Los policías que fueron a detener a Beto Louco, por ejemplo, no lo encontraron, ni a él ni a sus familiares. Y hasta ahora es poco lo que se sabe de este discreto empresario del ramo de los combustibles que experimentó un ascenso meteórico en los últimos años y, según el Ministerio Público de San Pablo, se ha movido de forma nada discreta en tiendas, hoteles y restaurantes de lujo en Londres y Dubai. Mientras la prensa brasileña especula que podría estar en Líbano, Brecha supo que la PF emitió una alerta dirigida al gobierno uruguayo indicando que el empresario podría haber volado a Punta del Este en su intento de evadir a la Justicia.
LA INFILTRACIÓN
A través de Carbono Oculto –así se bautizó la operación– las autoridades brasileñas afirman haber llegado a la alarmante constatación de que el PCC ha montado en el país una estructura de tal sofisticación que prácticamente «secuestró» gran parte del mercado de los combustibles, «controlando toda la cadena productiva, desde la estructura portuaria, la producción y refinación, hasta el transporte, la distribución y las estaciones de servicio», según el diario Folha de Sao Paulo.
El PCC surgió en las prisiones y se convirtió con el tiempo en una exitosa organización empresarial que logró controlar gran parte de la logística del tráfico de drogas en Brasil. Su comprensión del mercado fue tal, que hoy día, por ejemplo, es un actor capaz de incidir directamente en la reducción de la tasa de homicidios del país al margen de la acción del Estado. Pero, aunque el rumor circulaba desde hace tiempo, pocos imaginaban hasta qué punto el grupo se había enquistado también en el sistema financiero y en buena parte de un mercado estratégico de la economía formal, como el de los combustibles.
Se descubrió, por ejemplo, que la organización tenía una red de alrededor de 1200 puestos de gasolina a lo largo del país, que utilizaba entre otras cosas para captar dinero ilícito e introducirlo en la economía formal. En muchos de ellos se detectaron incluso graves irregularidades, como la manipulación del combustible a través de metanol, importado de forma fraudulenta para ofrecerlo a precios más económicos. Los puestos también servían para hacer circular el dinero de la organización, que era gestionado por fintechs, la segunda parte del mecanismo.
Fintech es el nombre que se utiliza para referirse a las firmas que prestan servicios financieros a través de innovaciones tecnológicas, muy eficientes para empresarios e inversores, pero muy opacas para los organismos públicos que buscan rastrear el origen del dinero. En el esquema del PCC había decenas de ellas, utilizadas para camuflar el dinero de la organización. De los 350 objetivos –físicos y jurídicos– de la operación Carbono Oculto, más de 40 tenían oficina en la avenida Faria Lima, corazón financiero de San Pablo. La vinculación directa del mercado financiero es el elemento más novedoso del caso.
Estas empresas ofrecían un servicio único: abrían una cuenta en un banco respetado de plaza y, mediante un mecanismo denominado For Benefit Of (FBO), gestionaban, bajo ese mismo registro, subcuentas independientes a nombre de supuestos clientes, sin necesidad de informar al banco sobre su titularidad. En síntesis, mediante las fintech se lograba bancarizar el dinero de los depositantes sin que estos fueran socios directos de ninguna institución de plaza ni se acogieran a los requisitos correspondientes. Esto le permitía a la organización inyectar dinero de forma fraccionada a nombre de empresas como BK, por ejemplo, en el banco Santander o en la Caixa Económica Federal.
Según el periodista especializado Allan de Abreu, de la revista Piauí, el dinero también procedía de (y se licuaba con) alrededor de 80 contratos que BK mantenía con el Estado, por cerca de 500 millones de reales. La empresa vendía principalmente –al Correo, al Congreso– servicios de tickets para canjear por alimentación y por beneficios sociales; también ofrecían máquinas de POS para tarjetas de débito y de crédito.
El segundo paso consistía en volcar el grueso del dinero en fondos de inversión (había cerca de 40 de ellos), mediante los cuales los empresarios vinculados al PCC invertían en el ramo de los combustibles –un sector con altos índices de evasión fiscal– importando insumos, infiltrándose en parte de la estructura portuaria, refinando y elaborando químicamente el material, distribuyéndolo y hasta adquiriendo usinas de producción de etanol a través de la caña de azúcar. Varios de los fondos involucraron también a respetadas gestoras –como Reag Investimentos– que operan en el mercado de inversiones y cotizan en bolsa. Según la PF, en cinco años, toda la operación dio apariencia legal a cerca de 140 mil millones de reales procedentes de la economía ilegal.
MEGACAUSA EN CIERNES
La Policía uruguaya tampoco encontró a Beto Louco en el país cuando fue a buscarlo, en respuesta al aviso que emitió la PF brasileña. Según fuentes consultadas por Brecha,actualmente rige una alerta internacional de Interpol en su contra. En Brasil, tres jueces federales y otros tres del estado de San Pablo se ocupan del tema. De acuerdo con algunos medios brasileños, en el ámbito judicial es cada vez más fuerte el rumor sobre la posibilidad de que el empresario se acoja a los beneficios de la llamada delación premiada, un mecanismo de colaboración con la Justicia a cambio de la reducción de penas. Este procedimiento ha sido crucial en los grandes casos penales que involucran al poder en Brasil en los últimos años, como el Mensalão, el Lava Jato y hasta el juicio al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Si eso ocurre, según el periodista de O Globo, Lauro Jardim, «se prevé que el medio político será fuertemente afectado».
Las repercusiones en este sentido ya se hicieron notar. En el marco de la investigación, el piloto Mauro Caputti Mattosinho, funcionario de la empresa Táxi Aéreo Piracicaba (TAP) –que ofrecía servicios de vuelo privado a Primo y a Beto Louco–, declaró a la PF que el presidente del partido União Brasil, Antônio de Rueda, era uno de los propietarios de los aviones de la empresa y sugirió que la compra de aeronaves estaba relacionada con el lavado de dinero. Más tarde, el sitio de noticias ICL denunció que De Rueda actuó como intermediario en la venta de una empresa de gas, vinculada a los ya citados empresarios relacionados con el PCC. A raíz de las denuncias, el partido de centroderecha ordenó retirar a todos sus afiliados que integran el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (el partido lidera actualmente el Ministerio de Turismo, producto de un acuerdo electoral).
El piloto Caputti aseguró que trabajó para la empresa de taxis aéreos TAP entre noviembre de 2023 y setiembre de este año. En ese período afirmó haber trasladado al menos 30 veces a Beto Louco y a Primo en distintos viajes privados. En noviembre de 2024, contó, por ejemplo, que trasladó al primero –con su familia– a Punta del Este, en lo que parecía un viaje de descanso.
Sobre la eventualidad de que esta vez Beto Louco haya escapado hacia (o vía) Uruguay, Caputti declaró, el 19 de setiembre al sitio ICL, que un día antes de que la PF desplegara la operación Carbono Oculto le fue solicitado que trasladara a toda la familia del empresario nuevamente a Punta del Este. El viaje habría ocurrido el 27 de agosto. La PF sospecha que el empresario, por su parte, ingresó a Uruguay por vía terrestre, según averiguaciones de Brecha, y de allí voló hacia un lugar desconocido.
La Justicia brasileña considera que Beto Louco es integrante efectivo del PCC –una intrincada red de jerarquías, organizada en distintos grupos con tareas diversas– y lo relaciona con casos de tráfico de drogas, además de citar su nombre desde 2018 en investigaciones sobre lavado de activos en el rubro de los combustibles. De acuerdo a un reportaje del sitio G1, Beto y su esposa, Thalita Martins Leme, no declaran ingresos desde 2017. Sin embargo, según las autoridades, ambos gastaron casi 8 millones de reales en compras en los últimos cinco años; incluidos 250 mil reales en tiendas, hoteles y restaurantes de lujo en Londres y Dubai.
Carbono Oculto parece haber sido solo el comienzo. Evidencias recientes muestran que puede haber una inserción significativa del PCC en la cadena legal del mercado de los agrotóxicos y en el lucrativo mercado de apuestas deportivas de Brasil. De acuerdo con un informe del Ministerio Público de San Pablo, el grupo tiene 2078 integrantes dispersos por el mundo y redes tendidas en 28 países diferentes. Los países que alojan a más miembros de la organización son Paraguay (699), Venezuela (656) y Bolivia (146). Según el informe del organismo, habría 140 miembros en Uruguay. El país donde todo tarda, pero algún día llega.
Los aviones fantasma registrados en Estados Unidos
Chapa N
En los últimos días los vuelos vinculados al crimen organizado también han sido noticia en Argentina. El caso del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert tiene en el negocio aeronáutico una de sus claves (véase «Perder un amigo», Brecha, 10-X-25). Espert recibió al menos 200 mil dólares del empresario argentino Federico Fred Machado, requerido por las justicias de Texas y Florida por una larga lista de delitos –narcotráfico, lavado de dinero, estafa–. El diputado también viajó al menos 36 veces en aviones de Machado. Su cercanía al presidente Javier Milei encendió las alarmas por la presunta financiación del narcotráfico en las altas esferas de la política argentina, pero, además, arrimó al sur del continente información sobre un esquema de negocios gestado en el corazón de los Estados Unidos e investigado allí desde hace más de una década.
El canal WFAA comenzó a publicar en 2014 los resultados de Broken Trust, una investigación periodística de cuatro años sobre la opacidad que rodea el registro de aviones privados de una compañía en Onalaska, un pequeño pueblo de Texas sin aeropuerto, pero con más aeronaves registradas que habitantes. En setiembre de 2017, la unidad de investigación Spotlight del Boston Globe publicó un reportaje en dos entregas sobre ese y otros casos. Titulada «Secretos en el cielo» (17-IX-17), el trabajo desmenuzó cómo la prohibición de que ciudadanos extranjeros registren aeronaves en Estados Unidos es burlada sistemáticamente a través de la máscara de los fideicomisos y las empresas de papel.
Fred Machado está al frente de Aircraft Guaranty Corp., que se dedica desde hace años a constituir compañías en jurisdicciones opacas como Florida y Delaware y fideicomisos en paraísos fiscales extranjeros. Los aviones son registrados oficialmente a nombre de esas cáscaras empresariales, sin rastro de sus verdaderos propietarios, a los que las autoridades no logran acceder o lo hacen con gran dificultad y lentitud. La socia de Machado, Debbie Mercer-Erwin, de Texas, ya ha sido condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y delitos financieros. Se le confiscaron bienes por 50 millones de dólares y se la condenó a pagar indemnizaciones por 144 millones de dólares a 17 empresas.
Aircraft Guaranty ha registrado más de mil aviones a través de estas artimañas, aunque no es la única. Los periodistas del Boston Globe también identificaron una empresa en Georgia –Plane Fun Inc.–, en la que tienen su domicilio legal más de 200 registros de aviones a nombre de fideicomisos. Cuando consultaron a la dueña del pequeño apartamento georgiano en el que tiene sede la empresa, ella respondió que el negocio estaba a cargo de su hijo, al que los investigadores no pudieron encontrar.
Pero Aircraft Guaranty no ha necesitado irse tan lejos. La empresa, con tres décadas de actividad, rentaba computadoras dentro de las oficinas de la propia Federal Aviation Administration (FAA), el organismo público en el que se registran los aviones, con casi nulos controles y verificaciones. «Una de cada seis aeronaves está registrada a través de […] técnicas utilizadas habitualmente para dificultar el discernimiento del verdadero propietario», concluyó la investigación periodística del Boston Globe en 2017, dando cuenta de que podrían ser más, por los subregistros de la FAA. El número bruto: la friolera de 54.232 aviones registrados con tácticas de secretismo.
El sistema ha quedado en evidencia en casos candentes. En 2015, un jet privado fue derribado en Aruba por la fuerza aérea venezolana con más de una tonelada de cocaína. Sus tres tripulantes murieron. Los fiscales estadounidenses vincularon el avión con dos narcotraficantes colombianos, pero en los papeles su registro conducía a una compañía de Delaware que tenía como presidente a un veterano abogado dedicado al rubro. También un ciudadano mexicano condenado a 78 meses de cárcel en Estados Unidos por tráfico de cocaína registró un avión a través de Aircraft Guaranty.
En abril de 2008, un avión tuvo una falla mecánica y se estrelló sobre un hogar en la ciudad venezolana de Catia La Mar, matando a varias personas, entre ellas una niña de 8 años. La aeronave se dirigía a Curazao y era conducida por un narcotraficante con profusos antecedentes y prohibición de salir de Venezuela, que murió junto a la tripulación. Uno de los familiares de las víctimas del accidente quiso rastrear a los propietarios del avión, alquilado a una empresa venezolana por Aircraft Guaranty. Se encontró con que su supuesto dueño era un fantasma: Luis Núñez. «Un funcionario judicial [estadounidense] que visitó la dirección de Núñez en Miami encontró telarañas en el pomo de la puerta y un paquete dirigido a otra persona», contó The Boston Globe. También fracasaron en su búsqueda un detective privado y el propio equipo periodístico.
Todos estos aviones tienen la letra N como inicial de su patente. Es la que identifica las aeronaves registradas en Estados Unidos, que, dado su origen, despiertan mayor confianza a la hora de las inspecciones aeroportuarias. Un factor que es aprovechado por criminales de alto vuelo.
