En un hecho inédito desde el fin de la dictadura, en 1990, el gobierno de Sebastián Piñera decidió instaurar el estado de emergencia en la capital y en diferentes ciudades del país durante los últimos días y desplegó a las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden público, con toque de queda incluido. La decisión fue aplaudida por los partidarios más duros del gobierno de derecha, pero cuestionada por amplias capas de la población que han criticado la medida, al juzgar que agrava los enfrentamientos y los hechos de violencia.
Solamente una vez, desde el retorno de la democracia, un gobierno había tomado una decisión similar: fue luego del terremoto de febrero de 2010, cuando las tropas resguardaron el orden público en la zona más afectada, donde el Estado colapsó, las comunicaciones se interrumpieron, los vecinos organizaron juntas de vigilancia y hubo saqueos y destrozos. Si bien en ese momento el gobierno de centroizquierda de Michelle Bachelet fue cuestionado por la decisión, y hubo muertos y acusaciones de tortura, el discurso generalmente aceptado decía que las condiciones de desastre natural explicaban la decisión, un contexto radicalmente diferente al actual.
¿Cuáles han sido los resultados del despliegue militar? Como era previsible, durante el primer día los manifestantes de puntos emblemáticos de Santiago, como la Plaza Italia, increparon a los uniformados y los llamaron a volver a los cuarteles. En el momento de publicarse esta nota, a la cifra oficial de 18 muertos –las cifras informales hablan de muchos más– se le suman acusaciones de tortura, y los videos de disparos contra civiles inundan las redes sociales. Pero también hay imágenes de soldados que confraternizan con los manifestantes, dicen que entienden sus demandas y les piden que, de protestar, lo hagan de manera pacífica. El propio general Javier Iturriaga, a cargo de las fuerzas en Santiago, se desmarcó explícitamente del discurso de guerra del presidente Piñera.
Es difícil hacer una evaluación de la reacción militar a la crisis. Sin embargo, el gobierno corrió un gran riesgo, posiblemente muy poco meditado, al exponer a las Fuerzas Armadas a enfrentarse con la población movilizada. Hasta este momento, los militares llevaban casi treinta años intentando construir una imagen renovada y desmarcada del sangriento legado de la dictadura. Los próximos días dirán cuál será el efecto de la decisión del gobierno sobre una institución militar golpeada por comentados casos de corrupción.
Al mismo tiempo, las organizaciones sociales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalan como responsable de los hechos más graves de represión al personal de Carabineros, la policía militarizada, que ha intentado disolver las protestas con gases lacrimógenos, carros lanzaaguas y disparos contra los manifestantes y la prensa. Se ha denunciado, incluso, la existencia de un centro de tortura en una comisaría ubicada en una estación de metro, algo que el INDH investiga.
