En los últimos meses se percibe un ajuste en la posición del gobierno uruguayo con respecto a las crisis políticas de Nicaragua y Venezuela. Asimismo, hay diferencias importantes con relación a la postura del gobierno hacia uno y otro caso. El objetivo de esta columna es intentar interpretar a qué responden estos cambios y diferencias.
Las “crisis democráticas”. En Nicaragua y Venezuela el fin del ciclo de izquierda de la región ha golpeado en forma especialmente dura, hasta llegar a las actuales crisis. Estas situaciones son generadas por una compleja lista de factores, en su mayoría compartidos por ambos países, entre los que se destacan la baja de los precios internacionales de los commodities, el aislamiento con respecto al resto de la región, la radicalización de la disputa política doméstica, la corrupción generalizada, y la pérdida de apoyo popular y los excesos autoritarios de ambos gobiernos.
Además de estos factores, hay otro que interesa especialmente para el argumento que se pretende exponer: la imposibilidad de que la oposición política dispute el acceso al gobierno mediante mecanismos electorales. Ello responde a que en estos países la lógica populista, postulada en términos del “socialismo del siglo XXI”, ha llevado hasta el extremo la disputa en torno al sentido de la democracia.
En ambos casos se observan características tradicionalmente asociadas a los movimientos nacional-populares y, más ampliamente, a las formas de dominación carismática de sociedades modernas: el culto a la personalidad, la presencia de un séquito compuesto por familiares y amigos, el desprecio por instituciones características de la democracia representativa (el parlamento, los partidos políticos, la libertad de prensa), y la apelación a formas de democracia plebiscitaria para mantenerse en el gobierno durante períodos prolongados (reiteradas reformas constitucionales, reelecciones sucesivas y referendos revocatorios).
Hasta aquí tenemos muchas de las características que la dinámica política ha asumido en otros períodos de auge del populismo en Latinoamérica (típicamente, el peronismo, el varguismo y el cardenismo), así como en la actualidad en muchos países del mundo (Rusia, Turquía, India, Filipinas, pero también parcialmente Estados Unidos y Reino Unido). Por otra parte, estas dinámicas son las que justamente han impedido que los gobiernos de Nicaragua y Venezuela sean fácilmente derrocados por golpes de Estado, como sucedió en Honduras y Brasil. De hecho, desde los escritos de Max Weber sobre la Alemania de Bismarck en adelante hay una amplia literatura que teoriza la necesidad de apelar a algunas de aquellas dinámicas para generar un fuerte “interés nacional” en países que se proponen acelerar su transición hacia el desarrollo (evitando así, por ejemplo, la desagregación poliárquica de intereses, que acaba favoreciendo al capital trasnacional).
Se estima que es en este contexto que debe entenderse la persistente y expresa negativa de Uruguay a sumarse a diversas iniciativas que en varios ámbitos regionales (Mercosur, Oea o el llamado “Grupo de Lima”) han criticado la falta de compromiso democrático de estos gobiernos. De esa forma el gobierno evita asumir una defensa ingenua y a la vez puntillosa de la democracia representativa como única forma democrática válida. Esta postura uruguaya es particularmente clara con relación a Venezuela. Sin embargo, más recientemente, a aquellas prácticas democráticas heterodoxas se agregan en forma cada vez más evidente otras situaciones graves (desde la persecución política de opositores hasta la violación de derechos humanos, llegando a la crisis humanitaria), que se estima han llevado a revisar la postura uruguaya. Veamos este proceso en relación con ambos países.
Cambio de postura de Uruguay. Con respecto a Nicaragua, cuya crisis ya ha implicado más de 300 muertos y desaparecidos, el gobierno ajustó rápidamente su posición, acompañando el dramático agravamiento de la situación. En abril, durante el comienzo de las protestas, la cancillería emitió un comunicado en el que apoyaba el llamado al diálogo hecho por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, al tiempo que atribuía el descontento popular a una reacción contra la reforma de la seguridad social, evitando hacer mención al deterioro democrático en que se había sumido el país. Dos meses después, un nuevo comunicado ya alentaba al gobierno nicaragüense a buscar soluciones y juzgar a los responsables por violaciones de los derechos humanos, respaldando además lo actuado al respecto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, durante el último mes Uruguay se distanció aun más del gobierno nicaragüense, sumándose a un comunicado de la Oea y a otro de un grupo de países latinoamericanos en los que directamente se denuncia la presencia de paramilitares y se llama al gobierno nicaragüense a considerar las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Oea y convocar a elecciones libres y justas. A su vez, el apoyo expresado al gobierno de Nicaragua durante el reciente encuentro del Foro de San Pablo (que aglutina a diversos partidos de izquierda latinoamericanos), al que adhirieron los delegados del Frente Amplio, generó algunas críticas y cuestionamientos dentro de la fuerza política.
En relación con Venezuela, la situación es más compleja: si bien el gobierno uruguayo también ha ajustado su posición, mantiene una postura más cauta, a la que además últimamente se agregan algunos matices crípticos. En mayo, luego de las últimas presidenciales que definieron la reelección de Nicolás Maduro para el período 2019-2025 (resultantes de una nueva reforma constitucional), el gobierno mantuvo su posición de llamar al diálogo entre las partes y evitar aislar a Venezuela de la región. Poco después de las elecciones, Uruguay fue uno de los países que se abstuvieron en la votación de la Asamblea General de la Oea para suspender a Venezuela de la organización.
Sin embargo, la postura uruguaya se hace difícil de sostener en algunos momentos, por ejemplo luego del supuesto ataque con drones recientemente sufrido por Maduro. En la ocasión, la cancillería emitió un comunicado en el que no menciona ningún atentado; se solidariza con las víctimas (¡que no hubo!), evita expresar solidaridad con el gobierno del país (como es la usanza en este tipo de acontecimientos) y finaliza manifestando “su más absoluto rechazo a todo acto ilegal de violencia con fines políticos, independientemente de sus autores o destinatarios”, lo que tiende un manto de duda sobre la versión oficial venezolana.
De todos modos, el gobierno uruguayo mantiene el rechazo a que el sistema interamericano se inmiscuya en la situación venezolana, al tiempo que evita referirse a la situación de la democracia. Al margen de los países del eje bolivariano, Uruguay se mantiene como uno de los pocos que mantienen abiertos los canales de diálogo con Venezuela, en procura de una solución pacífica.
En el último mes además se ha acentuado la presión internacional para que Uruguay cambie de posición, luego de comunicaciones recibidas de Human Rights Watch (Hrw) y Amnistía Internacional (AI). Vale subrayar los diversos tonos adoptados por estas organizaciones. AI fue recibida por el canciller Rodolfo Nin en una reunión en la que se planteó la preocupación tanto por la persecución política de opositores como por la situación humanitaria de Venezuela. Hrw, por su parte, dirigió una carta que prácticamente instaba a Uruguay, a través de un ultimátum, a denunciar al gobierno de Maduro, la cual fue duramente respondida desde el gobierno, aludiendo indirectamente al criterio selectivo de esta organización en su compromiso con los derechos humanos.
El criterio para la diferenciación. Luego de este repaso de antecedentes cabe realizar una serie de interpretaciones preliminares sobre la evolución de las posturas adoptadas por el gobierno uruguayo, así como las diferencias de éstas frente a cada caso. Con relación al primer punto, parece claro que a priori el gobierno evita conceder al sistema interamericano un rol privilegiado en los conflictos domésticos de los países latinoamericanos. Esto es especialmente evidente en relación con la cuestión democrática. Sin embargo, esta postura cambia cuando nos enfrentamos a violaciones sistemáticas y groseras de los derechos humanos, con cientos de muertos y desapariciones forzadas.
Esto último justamente es uno de los puntos que en parte explican las diferencias de postura ante Nicaragua y Venezuela. A ello se agrega la existencia de organizaciones subregionales específicas para abordar la situación venezolana, así como el compromiso con la noción de Sudamérica como una zona de paz, que rigió la construcción de la Unasur. Además, tampoco es posible descartar el peso que puede asumir aquí el reconocimiento al régimen bolivariano como un socio fundamental de Uruguay durante toda una década, a lo que se suma la existencia de intereses económicos concretos del país en relación con Venezuela (punto difícil de valorar, pero imposible de descartar).
Por último, pasando del nivel gubernamental al político-partidario, y sobre el antecedente del episodio en el Foro de San Pablo, una cuestión aparte que en algún momento debe ser planteada es hasta dónde puede llegar el compromiso de la izquierda con gobiernos que reprimen estudiantes con el apoyo de soldados o que entregan los recursos naturales a multinacionales, sin ningún miramiento hacia el ambiente o las poblaciones indígenas. Pero eso ya es un tema aparte.