Menuda sorpresa tuvieron los senadores oficialistas el martes pasado, cuando desde la oposición comenzaron a manejar una carta del secretario general de la Oea, Luis Almagro (véase recuadro), que dirigida a la autoridad electoral venezolana contiene comentarios muy críticos sobre el gobierno caribeño y el escenario donde se desarrollarán los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. Los senadores frenteamplistas no la conocían.
Almagro fue canciller durante el gobierno de José Mujica y fue electo senador (banca que finalmente no asumió), por el Mpp, en las últimas elecciones nacionales. El Frente Amplio, con matices y distintos énfasis, hasta el momento ha sido un defensor del proceso iniciado por Hugo Chávez en Venezuela. Una adhesión que con el paso del tiempo se fue enfriando en varios dirigentes de la coalición de izquierda. Pero salvo las declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa, que comparó al gobierno de Nicolás Maduro con el pachecato y por eso recibió hartas críticas (incluyendo una declaración de la dirección frenteamplista), hasta ahora no hubo cuestionamientos fuertes y públicos a la conducción venezolana. Por eso sorprendió la misiva del secretario general de la Oea y despertó apoyos y rechazos.
Por supuesto la oposición hizo causa común con Almagro. Pero también se sumó el ministro de Economía, que calificó de “magnífica” la epístola, a lo que deben agregarse los dichos de Mujica en Colombia, que parafraseando a los intelectuales españoles durante el franquismo, dijo “me duele Venezuela”, y agregó “no me gustan los presos políticos en ninguna parte de la Tierra”, en referencia al opositor venezolano Leopoldo López. De todas formas, también agregó un matiz, cuando sostuvo que en Venezuela “tienen que arreglar los problemas entre ellos”.
Otros dirigentes del FA descalificaron la carta de Almagro, en una gradación que va desde la oportunidad o no de la misiva, hasta el rechazo de su contenido.
Sin embargo, la postura frente a lo escrito por el secretario de la Oea contiene muchos aspectos de las discusiones que hoy recorren a los procesos progresistas de Latinoamérica y a la propia coalición de centroizquierda uruguaya. Resulta obvio que hoy hay una serie de problemas en las distintas administraciones progresistas. Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia) dijo días atrás en el Paraninfo de la Udelar que el continente enfrenta una ofensiva de la derecha, dirigida a terminar con el ciclo progresista, pero que también existen errores propios que facilitan esos ataques. Entre ellos destacó la falta de un relato que genere una hegemonía cultural de la izquierda, amén de errores en la gestión. El caso de Venezuela es atípico para los códigos del progresismo uruguayo, en especial por la activa participación (incluso en su gestación) de los militares. Los dichos de Nicolás Maduro de que si los resultados de las parlamentarias le resultan adversos, gobernará con una coalición cívico-militar, provocan ruido en una región que vivió las dictaduras de las Fuerzas Armadas en los setenta y ochenta del pasado siglo. La mayoría de los dirigentes frenteamplistas reconocen que los gobiernos progresistas han disfrutado del alto precio de los bienes primarios sin transformar la matriz productiva de los respectivos países, y que hoy se enfrentan a que la rentabilidad de los commodities ha disminuido notoriamente. Venezuela ha tenido ejemplos paradigmáticos en políticas sociales, pero todo logrado a partir de la renta petrolera. Y hoy vive crisis de desabastecimiento (también provocada por agentes económicos contrarios al chavismo), protestas de algunos sectores sociales, que Maduro intenta resolver sin mucha suerte. La disyuntiva para el Frente (al menos para los sectores de izquierda) es cómo parar la ofensiva de la derecha, sin afectar principios democráticos, entendiendo –como sostiene García Linera– que puede abrirse una nueva oleada de neoliberalismo en América. En términos geopolíticos es claro que una derrota del chavismo, o su desestabilización, es un problema para el progresismo y puede provocar un efecto dominó en el continente.
LOS POSICIONAMIENTOS. El dirigente de VA, Enrique Rubio, comentó a Brecha que existió un error inicial de Venezuela al no aceptar una misión de la Oea, pero observó que la misiva tiene consideraciones “excesivas, que no vienen al caso”. Y recordó la necesidad de ser cuidadosos a la hora de los juicios, porque “no podemos desconocer que hay una ofensiva continental de la derecha y un reflujo de los gobiernos progresistas, resultante de sus propios errores”.
El secretario general del PS, Yerú Pardiñas, indicó a Brecha que resulta lógico que la Oea pretenda participar como observador de las elecciones de Venezuela, pero lo que “resulta preocupante es que, sabiendo el contexto continental, la carta se fundamente en cómo fue el proceso judicial de López, se mezcle en aspectos internos del país, incluso en cuestiones como la forma de elegir los congresistas. La Oea podría observar a Uruguay, porque adjudica dos diputados como mínimo por departamento, sin importar la cantidad de votantes, por lo que los legisladores tienen valores diferentes en votos”. Pardiñas se preguntó quién ayudó a redactar la carta, porque el lenguaje es el mismo de la oposición venezolana. También, quién la subió a las redes sociales. Para el dirigente socialista, las elecciones venezolanas (en las cuales alguna vez participó como observador) tienen las garantías necesarias. Por eso la misiva de Almagro sólo apuesta “a generar desconfianza”.
La senadora Constanza Moreira (Casa Grande) señaló a Brecha que en la carta hay cosas muy atendibles sobre el estado de excepción, pero “luego hay unas reflexiones sobre la asignación de bancas (eso corresponde al régimen venezolano sobre la proporcionalidad del sistema). Más adelante alerta sobre la falta de igualdad de condiciones de los candidatos en los medios de comunicación. En Uruguay tampoco hay igualdad para los candidatos en los medios de comunicación. Estuve en varios procesos electorales y las denuncias de fraude se hacían antes siquiera de que empezaran las elecciones. Creo que la carta de la Oea es complicada porque pone bajo sospecha el proceso electoral. Eso no está bueno. Y no lo está, porque al poner en cuestión con anticipación las condiciones en que se van a llevar las elecciones del seis de diciembre, también opera sobre la legitimidad que tienen los comicios para el resto. Creo que le agrega un poco más de leña al fuego. Son comicios parlamentarios, que no ponen en cuestión la presidencia”.
Leonardo de León, senador de la 711, comentó a Brecha que no hay antecedentes hasta ahora de irregularidades en las elecciones venezolanas. Y advirtió que la derecha latinoamericana tiene un plan muy definido, muy diseñado de ir muy agresivamente contra los procesos progresistas. Con respecto a Venezuela, piensa, desarrollan un relato que es igual al que hace la derecha en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina: “La cuestión es plantear que si Maduro pierde las elecciones legislativas del 6 de diciembre, se tendría que ir al otro día. ¿Quién dijo que si no se tiene mayoría parlamentaria, un presidente se tiene que ir? Obama tendría que haber renunciado, porque no tiene mayoría en el Congreso. Y no veo que la derecha uruguaya pida que Obama se vaya”.
Pero un cuestionamiento muy fuerte vino de las propias filas del Mpp: el diputado Alejandro Sánchez dijo a Brecha que la carta de Almagro no “contribuye a la estabilidad de la región”, y que “existe una presión informativa para que cualquier resultado favorable al chavismo sea registrado como un fraude”. Luego añadió que Almagro no está en ese puesto en representación del Mpp y que la misiva fue un error, en la medida en que ya se había resuelto la participación de la Unasur. Para Sánchez se trata de respaldar las transformaciones en Venezuela, a la vez que confía en que se respetará el resultado de las urnas.
Hasta ayer, la única declaración orgánica de un sector frenteamplista que existía era la del Pvp. En un comunicado público sostiene que las 19 instancias electorales realizadas con anterioridad en Venezuela avalan su sistema electoral y su transparencia. El Pvp reclama que “si el mismo celo y fervor democrático se hubieran puesto de manifiesto en situaciones como la de Paraguay en el alejamiento de Fernando Lugo de la presidencia o lo que sucede en Haití con procesos electorales amañados y sin ninguna garantía para sus electores, otra sería la suerte de esta América Latina”.
[notice]Breve síntesis de la carta
El secretario general de la Oea y ex canciller de Uruguay Luis Almagro, en carta dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, hace duros cuestionamientos a las instancias preparatorias de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
En primer lugar lamenta que se rechazara “el ofrecimiento que realizáramos de una observación electoral de la Oea en las elecciones parlamentarias a llevarse a cabo el 6 de diciembre de 2015”. Luego añade que “estaríamos faltando gravemente a nuestro trabajo si no tuviéramos en cuenta las condiciones en que se desarrolla la campaña electoral en Venezuela respecto a las futuras elecciones legislativas. Es preocupante que del análisis de esas condiciones tengamos que concluir que, hoy por hoy, las dificultades solamente alcanzan a los partidos de la oposición. La oposición de su país nos ha pedido reiteradamente que la misma se realice y, como ya lo expresara, las garantías usted se las debe también a ellos, pues su gobierno tiene muchas formas de asegurarse que el resultado sea justo”.
Más adelante agrega que ha “sido informado que la ausencia de topes o controles al gasto de campaña significa que los candidatos del gobierno pueden, y en efecto lo harían, utilizar recursos. El gobierno incluso despliega a una gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales para la campaña. Al parecer esto se suma a la ausencia de garantías de acceso a los medios de comunicación para aquellas candidaturas que no cuenten con el financiamiento del Estado”.
También destaca que en ese país “se desarrolla una actividad permanente de amenazas y judicialización a los trabajadores, estudiantes o sectores populares que en la calle expresan su malestar por la situación económica y social del país. Es preocupante que esa actividad sea además promovida por el presidente Nicolás Maduro, quien asegura que tendrá mano dura contra quien proteste en el marco de esta coyuntura electoral, así como para el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien apoya y da difusión a actividades ilegales de espionaje y seguimiento a opositores”.
Tras recordar que hay siete individuos inhabilitados, afirma que las razones para ello están “basadas en acusaciones que no han sido sustanciadas en procedimientos en los que consta la existencia de garantías básicas para descargos y defensa. La oposición llega a las elecciones con importantes liderazgos proscriptos o detenidos, con limitada capacidad para acceder a los medios de comunicación, bajo el escrutinio del sistema de inteligencia del país y con el peso de la interpretación del marco jurídico del país en contra”. En estos párrafos incluye una extensa explicación de cómo fue el proceso a Leopoldo López.
Aunque “la situación más grave es la negación de los derechos y garantías constitucionales por vía de la declaración del estado de excepción en 23 municipios de tres estados (N de R: los fronterizos con Colombia) del país, en períodos que varían desde el 19 de agosto hasta el 7 de diciembre del 2015”.
Y que “si bien los decretos de estado de excepción no afectan directamente el derecho efectivo al sufragio, sí afectan indirectamente a la campaña electoral al limitar los derechos de reunión, organización y movilización, al concentrar la discrecionalidad de los gobernadores para permitir o no esas actividades y al facultar la ejecución de registros sin orden judicial”.
Tras referirse a distintas expresiones de censura a los medios de comunicación, entre ellos el desconocimiento de la resolución de la Corte Interamericana de restablecer los permisos a Rctv, Almagro señala el problema de elecciones con proscriptos y candidatos presos. Y concluye que “desde hacía tiempo en nuestro continente no se daba que uno de los máximos dirigentes opositores estuviera preso cuando una elección. La última referencia es la de Wilson Ferreira Aldunate en Uruguay en 1984”.
No faltó en el texto la crítica al sistema de representación proporcional por el cual se eligen los parlamentarios.
Almagro concluye: “Toda esta concatenación de eventos reviste una enorme gravedad en el funcionamiento del sistema democrático. No podemos mirar para otro lado, señora Lucena, ni usted ni yo. Por todo lo expuesto en esta carta, existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral que usted desde el Cne debería garantizar. Sin perjuicio de ello tengo la esperanza que en el tiempo que queda hasta esa fecha usted pueda brindar soluciones a por lo menos algunas de esas condiciones esenciales, para evitar que las dificultades que ya se plantean en el proceso electoral y en la campaña se trasladen al proceso de escrutinio”.
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