Militante estudiantil, abogado, militante de derechos humanos, político, legislador, gobernante, docente, funcionario internacional… Las referencias a la intensa actividad de Felipe Michelini, cuando cumplía 59 años, revelan un amplio abanico de diferentes disciplinas. Fue un hombre de partido y de principios, cualidades que no siempre aparecen juntas y a veces son antagónicas. Si un momento crítico determina el futuro y condiciona el derrotero, en el caso de Felipe, como en el de todos sus hermanos, con mayor o menor intensidad, ese momento tiene fecha: 20 de mayo de 1976. Felipe, como sus hermanos, levantó la bandera que enarbolaba su padre, Zelmar, el día que los sicarios de la dictadura lo asesinaron en Buenos Aires, porque su denuncia de las atrocidades del terrorismo de Estado era implacable y su figura concentraba las expectativas de una salida negociada, dos amenazas que para los responsables de los sicarios sólo podían segarse a balazos.
Felipe tenía apenas 15 años cuando el cuádruple asesinato, pero el relevo no fue simplemente un mandato heredado: la enseñanza política en el hogar de los Michelini Delle Piane, en aquellos cruciales años del pachecato, el Congreso del Pueblo, el surgimiento del Frente Amplio, elecciones con medidas prontas de seguridad y un Parlamento sordo a las denuncias y obsecuente con las bayonetas, venía de la mano de firmes principios: los que llevaron a Zelmar a abandonar el Partido Colorado y fueron la argamasa que fraguó, junto con el magnicidio, una conducta invariable respecto de los derechos humanos.
Por eso, en 1986, su madre, Elisa, asumió la responsabilidad de estar a la cabeza, junto con Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, del movimiento prorreferéndum para derogar la ley de caducidad. Por eso, a sus 20 años, Felipe fue uno de los fundadores de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (Asceep), que retomó la posta de la Feuu. De su currículo merece destacarse, en este aspecto, su condición de docente grado 3 en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), su máster en Derechos Humanos de la Universidad Columbia, de Nueva York, su condición de responsable de cursos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su condición de miembro del equipo técnico de Naciones Unidas en la Comisión de la Verdad de El Salvador. Todo ello sin desmerecer su actividad como miembro del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas y su actuación como vicepresidente en la Comisión Administradora del Río de la Plata (Carp), que finalmente destrabó el acuerdo con Argentina para dragar el canal Martín García.
Pero en la relación de Felipe Michelini con los derechos humanos hay un hito reciente: la coordinación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), de cuyo consejo fue un miembro honorario. Un decreto de 2015 firmado por Tabaré Vázquez encomendó al Gtvj, que actuaría en la órbita de Presidencia, el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. La iniciativa generó la expectativa de que, finalmente, un organismo independiente avanzara en la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de los responsables, como no lo habían hecho hasta ese momento ni los ministros de Defensa Nacional de los distintos gobiernos, ni los sucesivos Parlamentos, ni el Poder Judicial. La heterogénea composición del consejo, honorario y a tiempo parcial, y la compleja relación con la Secretaría para el Pasado Reciente, un organismo de Presidencia, remunerado y a tiempo completo, que oficiaría como soporte funcional, fue la primera, pero no la única, fuente de dificultades. “Un entorno externo altamente agresivo”; el permanente “hostigamiento de sectores que amparan a los perpetradores, los promotores de la impunidad y sus cómplices”, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que “termina consolidando la idea de que el Estado en su conjunto viola una vez más la dignidad de las víctimas y sus familiares”, fueron las “debilidades” que Felipe anotó en su informe final.
Quedaba claro que la iniciativa de Tabaré Vázquez contenía contradicciones frustrantes y paralizantes. Felipe podría haber optado por abandonar el trabajo, como lo hicieron, por distintas razones, otros miembros del consejo del Gtvj. En esas condiciones, sin embargo, se empeñó en avanzar: respaldó el trabajo de digitalización de los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Prefectura General Naval y los Fusileros Navales, y estimuló el estudio del llamado “archivo Berrutti”. Enfrentando los criterios secretistas y censores imperantes en otras áreas del Estado –que, con el pretexto de la salvaguarda de la intimidad de las personas, favorecen la impunidad–, mantuvo una defensa rigurosa del imperio del artículo 12 de la ley de acceso a la información, que sostiene que en materia de derechos humanos no rige ninguna limitación, lo que habilitó que cualquier persona pudiera acceder al acervo documental del Gtvj.
De la misma forma, enfrentó las maniobras de la inteligencia militar, que, en las narices de los ministros, dificultaron y entorpecieron las excavaciones en los predios militares: las amenazas a los arqueólogos forenses, la implantación de explosivos en los lugares de trabajo, la intimidación mediante “fichajes” filmados, la incursión de drones y la utilización de información falsa (la última, proporcionada por el general Guido Manini Ríos) para desviar la atención puesta en el Batallón 13 de Infantería y, a la vez, estimular las críticas por la ausencia de resultados.
Pese a todo ese esfuerzo de los defensores de los impunes y la contribución de los indiferentes, el Gtvj logró ubicar, el 27 de agosto de 2019, los restos de Eduardo Bleier, dirigente comunista desaparecido en octubre de 1975. Una multitud congregada en las escalinatas del local central de la Udelar (donde los restos fueron velados) despidió a Bleier. En nombre de los familiares del dirigente comunista, habló Felipe Michelini: “El régimen de terrorismo de Estado en nuestro país avasalló todas las instituciones democráticas, sometió a un férreo control social y represivo a nuestro pueblo, consolidó la tortura sistemática, la violación y el abuso sexual de los detenidos, la prisión prolongada, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Las víctimas fueron personas indefensas. La acción represiva fue diseñada, ordenada y ejecutada por las máximas autoridades del régimen, incluidos, obviamente, los mandos militares. Recuperada la democracia, más allá de todos los esfuerzos, el país fue sumido en la impunidad, a través de la sanción, la aplicación y la interpretación de la ley de caducidad. Aún hoy, con toda la evidencia desplegada ante nosotros, nos cuesta creer que, desde el Estado, contando con todos los medios, haya ocurrido tanta saña”.
Felipe falleció, víctima de un accidente doméstico, el domingo 19. Por su compromiso con los derechos humanos, aunque no sólo por ello, se notará su ausencia.