Telefonía celular: el gobierno busca consolidar portabilidad numérica antes de que venza el plazo para el referéndum

Suenan las alarmas

El gobierno pretende adjudicar, lo antes posible, el llamado para administrar la base de datos del sistema que permitirá a los usuarios de telefonía celular conservar el mismo número, aunque cambien de empresa proveedora. Para eso, intenta sortear los recursos presentados por diversos oferentes, exigido por la aproximación de la fecha en la que deben presentarse las firmas para convocar a un referéndum contra buena parte de la LUC, que, entre otras cosas, pretende derogar todo el capítulo referido a este sistema.

Torre de ANTEL Héctor Piastri

El proceso avanzaba a toda marcha. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) tenía previsto terminar en mayo con el proceso de selección del administrador de la base de datos para implementar el sistema de portabilidad numérica, que fue creado por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Pero no pudo hacerlo. Las críticas presentadas por algunas de las empresas oferentes obligaron a postergar la apertura del último sobre, que contiene la oferta económica, por tiempo indefinido. Sin embargo, el Poder Ejecutivo está decidido a que este proceso termine rápidamente, de ser posible antes del 9 de julio. Ese día vence el plazo para que la Comisión Nacional Pro Referéndum entregue las 670 mil firmas que se necesitan para habilitar la consulta popular contra 135 artículos de la LUC, entre ellos, los seis que crearon este sistema.

La portabilidad numérica permite a los usuarios de telefonía móvil conservar su número telefónico «sin deterioro de la calidad y confiabilidad» en caso de cambiar de compañía. La LUC estableció la obligación de las tres empresas de telefonía móvil (ANTEL, Movistar y Claro) de brindar este servicio y dispuso la creación del Comité de Portabilidad Numérica –que funciona en la órbita de la URSEC– para elaborar las bases técnicas y económicas del llamado a interesados para operar la base de datos. En este proceso, varios oferentes presentaron dudas sobre los aspectos técnicos del llamado, y también sobre los económicos. Una de las críticas refería a la ausencia de estadísticas que permitieran dimensionar, con razonable certeza, el número de solicitudes de portación que demandará el mercado uruguayo por mes y por año, lo cual, al decir de una de las empresas, causa el riesgo de recibir ofertas especulativas.

En definitiva, la URSEC recibió cinco ofertas. Tras analizar la propuesta técnica y administrativa, solo dos alcanzaron el puntaje mínimo y resultaron preclasificadas: el consorcio Sonda Uruguay SA-Mediafon Datapro y el consorcio Cleartech Ltda.-Cietel SA. Ambos son alianzas entre empresas uruguayas y extranjeras: Cleartech Ltda. es una compañía de servicios de comunicación de Brasil y Mediafon Datapro es una empresa con sede en Lituania, que integra Mediafon Group. Este proceso fue puesto a consideración de todas las empresas oferentes, que presentaron sus descargos y objeciones. En este marco, la empresa Inetum España SA presentó un recurso administrativo, en el que cuestionó su bajo puntaje y la selección de sus competidoras. Entre otras cosas, argumentó que el consorcio Cleartech Ltda.-Cietel SA «no acreditó la experiencia en materia de portabilidad numérica» que establecía el pliego y que la otra oferta preseleccionada vulnera «el requisito de la necesaria independencia e imparcialidad», ya que Sonda tiene un acuerdo de cooperación estratégica con ANTEL.

El recurso de la empresa española provocó un debate en el comité sobre el alcance de sus decisiones –si ostentan la calidad de acto administrativo– y los efectos de este tipo de recursos en el proceso. Ante esto, la URSEC resolvió contratar a la abogada Cristina Vázquez (de Ferrere Abogados), catedrática grado 5 en Derecho Administrativo, para que haga un informe sobre el alcance de este proceso de selección. La consulta tuvo un costo de 5 mil dólares. En una resolución fechada el 10 de junio, la unidad reguladora desestimó el recurso de Inetum y habilitó la continuidad del proceso. Según la resolución, los informes o pronunciamientos del comité no son actos administrativos, sino «una actividad preparatoria de dichos actos administrativos», por lo que no son recurribles. De esta forma, solo podrán recurrirse las resoluciones de preclasificación y evaluación final de ofertas, y la selección del administrador de la base de datos dictadas por el directorio de la URSEC (es decir, cuando se dispongan la adjudicación y la firma del contrato).

IMPACTO ESTATAL

El proceso de selección fue cuestionado en febrero por el director de ANTEL en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa. Según el delegado, el Directorio de ANTEL resolvió acompañar el proceso de selección del administrador de la base de datos sin contar con los informes técnicos, jurídicos y económicos que analicen el impacto que tendrá la implementación de la portabilidad numérica en la empresa estatal. Señaló que ANTEL no cuenta con un informe que refleje los posibles riesgos de perder clientes ni con  una definición de la estrategia a seguir para mitigar ese eventual impacto negativo.

Al fundamentar su voto contrario, Larrosa indicó que un análisis primario permite aventurar que este sistema tendría diversos sobrecostos para ANTEL; entre ellos, una inversión de entre 2 y 7 millones de dólares para instalar la infraestructura del administrador de la base de datos, los costos internos de adecuar los sistemas informáticos y de gestión a este negocio y un costo mensual estimado de entre 20 mil y 40 mil dólares mensuales, dependiendo de la cantidad de portaciones que se hagan cada mes. De acuerdo con Larrosa, este perjuicio recaerá en los usuarios, que terminarán pagando estos sobrecostos. Además, señaló que, de las tres empresas operativas en Uruguay, la que corre un mayor riesgo de tener un impacto negativo es ANTEL, ya que es la que tiene mayor participación en el mercado de la telefonía móvil y, por tanto, la que podría perder más clientes. A esto se suma que Claro (Wireless Uruguay SA) y Movistar (Telefónica Móviles del Uruguay SA) son multinacionales cuyos sistemas informáticos están adaptados a esta modalidad y experiencia comercial y de marketing para lograr la captación de clientes de ANTEL mediante agresivas campañas y promociones.

También se cuestionó que la base del llamado obligue a las tres operadoras de telefonía móvil a firmar contratos idénticos con la empresa seleccionada para implementar la portabilidad numérica, lo que, a juicio de Larrosa, está fuera de la lógica de cualquier contrato y de los principios de buena administración. En declaraciones a Brecha, afirmó que la portabilidad numérica –es decir, mantener el mismo número de teléfono móvil– ya no es una ventaja para los usuarios. «Hoy, ante un cambio en el número de teléfono, las aplicaciones actualizan las agendas electrónicas automáticamente. No es verdad que el número de teléfono constituya la identidad digital de una persona. Los usuarios terminarán pagando los costos de una herramienta que hoy es obsoleta y deteriora la calidad de las telecomunicaciones al agregar un eslabón más de falla al sistema», opinó.

En este contexto, en distintos ámbitos se analiza con preocupación que el gobierno siga adelante con este llamado, cuando la creación del sistema de portabilidad numérica es uno de los puntos objetados por la recolección de firmas contra la LUC. Si se logran las firmas y si la consulta popular determina que se deroguen los seis artículos mencionados, el proceso de selección quedará sin efecto. En ese escenario, si la URSEC firma el contrato de adjudicación antes del 9 de julio, la empresa elegida tendría «derechos adquiridos» –a través de un acto administrativo del organismo–, por lo que el Estado uruguayo podría enfrentar juicios millonarios por afectar sus derechos. «Se crea un escenario de inseguridad jurídica y eventuales perjuicios comerciales», dijeron fuentes políticas a Brecha. Más aún si se tiene en cuenta que el llamado no estableció ninguna cláusula precautoria para desandar el contrato por causas de fuerza mayor, incluso cuando la Comisión Nacional Pro Referéndum ya había iniciado su campaña de recolección de firmas.

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