Sujeto omitido

Jihad Diyab en huelga de hambre. Cancillería sin respuestas

Foto: óscar Bonilla, Archivo

Hace una semana exacta que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), a través de un resolución firmada por sus cinco directores, “recomendó” al canciller uruguayo varias medidas para establecer con certeza cuál es la situación del refugiado sirio Jihad Diyab, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en las puertas del consulado y embajada oriental en Caracas, un mes atrás. A saber: que solicitara al gobierno caribeño que informe dónde y por qué está detenido Diyab, quién decidió su privación de libertad, cuál es su estado de salud, y que “de manera inmediata” se permita que el sirio reciba visitas. También solicitó que cancillería informe, “en el plazo más breve posible”, qué medidas tomará para definir la situación, o sea, qué país tendrá como destino Jihad Diyab, dado que el ex recluso de Guantánamo no quiere volver a Uruguay, y qué medidas se llevarán adelante para “proteger sus derechos como persona con estatus de refugiado otorgado por el Estado uruguayo” (Véase edición de la semana pasada).

Hasta ahora la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, dada por vía telefónica (“avance en la comunicación”, dijo Peralta), fue que el ministro Rodolfo Nin se encuentra “realizando gestiones al más alto nivel en pos de llegar a buen término con toda esta situación”, confirmó a Brecha Ariela Peralta, presidenta de la Inddhh. Consultada sobre si fueron informados los cargos en contra de Diyab, Peralta dijo: “No. Información veraz, una resolución judicial, un decreto, o algo que sea dentro del marco legal venezolano, no tenemos nada, nada (…)”. “Para nosotros sí”, respondió ante la pregunta de si a la institución le resulta extraño que a un mes de la detención ni Venezuela diga, ni el gobierno uruguayo logre averiguar si hay cargos contra el refugiado. “La comunicación con el ministerio es buena”, aseguró la jerarca, sin embargo. “Tuvimos esa comunicación telefónica con cancillería, es lo que tenemos”, reiteró. “Pero esas otras respuestas, por ejemplo cuáles son los cargos, nosotros nunca las obtuvimos por ningún medio en forma cierta, ni desde Venezuela ni desde otro lado.”

NO HAY LUZ QUE ALUMBRE. En protesta por su situación, Jihad Diyab está haciendo una huelga de hambre que ya lleva al menos una semana, confirmaron varias fuentes desde Caracas y Montevideo. Brecha supo además que funcionarios uruguayos manejan la información de que desde el lunes pasado Diyab tampoco está ingiriendo líquidos.

Desde cancillería, sin embargo, declinaron hacer todo comentario al respecto, amparándose en la “confidencialidad” que protege por ley a los refugiados. Blanco sobre negro, puede decirse que la preocupación de cancillería por cuidar la intimidad de Jihad Diyab contrasta con la actitud hasta ahora mostrada por ese ministerio. Recuérdese que durante las primeras semanas de la detención del sirio, el ministro Nin aseguraba que, al haber abandonado el país, Uruguay no tenía ninguna responsabilidad en la suerte que corriera el refugiado, al que llegó a calificar de “malagradecido”. “Al irse de Uruguay, Uruguay ya no tiene responsabilidad sobre su seguridad”, dijo a radio Universal (9 de agosto). A eso se suma la ausencia de respuesta formal a los oficios de la Inddhh y las vacaciones que desde el lunes 15 –y hasta mañana sábado– se tomaron el subsecretario José Luis Cancela y la directora de Derechos Humanos del ministerio, Alejandra Costa, ambos supuestamente encargados de llevar adelante las gestiones por Diyab. En su lugar quedó Silvana Lesca, adjunta a la Dirección de Derechos Humanos, quien, según varias fuentes consultadas por Brecha, tiene preocupación por el tema pero su margen de acción es reducido.

Ante la ausencia de respuesta aquí, el semanario intentó averiguar en el Ministerio Público de Venezuela (encargado de llevar un registro de todas las órdenes judiciales de detención) si existía una orden judicial por la detención, pero la Dirección de Derechos Fundamentales del organismo dijo al semanario que la información sobre Diyab sólo sería brindada a la embajada uruguaya en aquel país. Brecha intentó entonces hablar con la encargada de negocios, Pamela Vivas, responsable de la sede diplomática mientras el cargo de embajador esté vacante, para saber si Uruguay solicitó información en el Ministerio Público que confirmara si la detención de Diyab es ilegal o no, pero desde su despacho respondieron que la embajada no estaba autorizada a brindar declaraciones sobre el caso.

En tierras de Simón Bolívar no parece existir mayor preocupación por el destino del ex preso de la cárcel estadounidense. En la Defensoría del Pueblo venezolana tampoco la suerte fue mejor. Apenas Diyab fue detenido, y ante la falta de noticias sobre su paradero, Andrés Conteris, activista integrante de Testigos contra la Tortura (Wat), radicó una denuncia en la institución, cuyo rol es velar por el cumplimiento de la Constitución y los derechos humanos por parte del Estado. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, no respondió las consultas vía correo electrónico enviadas la semana pasada (así se había solicitado a Brecha que lo hiciera cuando llamó la primera vez), y su secretaria cortó abruptamente el teléfono las innumerables veces que las periodistas intentaron la comunicación esta semana.

A un mes de la detención de Jihad Diyab, y alertados por el comienzo de la huelga de hambre que sólo puede empeorar la ya precaria salud del ex recluso de Guantánamo, el entorno uruguayo del sirio se muestra seriamente preocupado. No comprende las razones para la opacidad venezolana ni tampoco la demora uruguaya para salir a buscar las respuestas.

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