El gobierno nacional y la Intendencia de Maldonado (IDM) avanzan en su intención de promover el desarrollo de zonas francas como generadoras de fuentes laborales, mientras se espera la reactivación del turismo –principal industria departamental– en los próximos meses. A principios de esta semana, jerarcas de la IDM y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comenzaron a elaborar un «acuerdo marco» para habilitar un nuevo espacio bajo régimen tributario especial, que se sumará a los ya adjudicados para el World Trade Center (WTC) y Punta del Este Film Studios.
«El plan es firmar el acuerdo el mes próximo para luego formular las bases de un llamado a interesados en explotar la zona franca de acuerdo a las leyes 15.921 y 19.566», dijo a Brecha el prosecretario general de la IDM, Álvaro Villegas, quien el lunes 19 se reunió con el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza, y con el director general de Secretaría del MEF, Mauricio di Lorenzo, para avanzar en el tema. El equipo, también integrado por la directora de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, «analiza una adjudicación con un efecto amplio, previo llamado público abierto y competitivo», acotó Villegas, en línea con el anuncio del intendente Enrique Antía y el presidente Luis Lacalle Pou, el 10 de junio, en Maldonado. «Hay empresas del sector audiovisual, sanitario, tecnológico y logístico interesadas en este régimen. Vamos a hacer que los interesados tengan un planteo lo más abarcativo posible, para generar una fuerte demanda de trabajo», dijo ese día el mandatario, en una rueda de prensa. También el intendente destacó el régimen de zona franca como una fuente de empleos en su departamento, golpeado por la merma del turismo, a raíz de la pandemia de covid-19 y por la caída del 35 por ciento en la inversión pública con respecto al último gobierno departamental del Frente Amplio (2010-2015), según destacó la bancada opositora durante la aprobación del presupuesto quinquenal (2020-2025) la semana pasada.
DOS EN MARCHA
En junio, el MEF adjudicó a Midony SA (que pasará a llamarse World Trade Center Punta del Este Free Zone SA) una zona franca de servicios que generaría entre 1.000 y 1.200 puestos de trabajo, según estimó su promotor, Carlos Lecueder. Las oficinas se instalarán en una torre de 26 niveles más dos subsuelos en la calle Gorlero, en la esquina cruzada con la Plaza de los Artesanos, que comenzaría a construirse entre fines de este año y principios de 2022. De acuerdo al texto de la autorización del MEF al WTC, se estima que la inversión total en infraestructura rondará los 29,3 millones de dólares.
Otra zona franca, para el sector audiovisual, fue adjudicada por el entonces presidente, Tabaré Vázquez, a Portya Investments, en noviembre de 2019. El proyecto conocido como Punta del Este Film Studios es promovido desde hace años por el empresario Nicolás Aznárez, asociado ahora con un inversor argentino después que la firma brasileña Quanta se bajó del proyecto en la coyuntura pandémica. La inversión para la infraestructura del parque, que se ubicará muy cerca del hotel Fasano Las Piedras, se estima en 21 millones de dólares en la primera etapa, dijo Aznárez a Brecha, al confirmar el cambio del inversor inicial. La zona franca tendrá una planta de aproximadamente 30 hectáreas, destinada a las áreas de investigación, desarrollo, producción, almacenamiento, procesamiento y distribución de servicios audiovisuales.
Antía aseguró en junio que la propuesta está «próxima a consolidarse», con la expectativa de que la construcción comience entre fines de este año y el próximo. Mientras, la empresa avanza en la instalación de los servicios necesarios para la infraestructura y en la certificación internacional del personal especializado en las diferentes áreas. Aznárez señaló a Brecha que el sector es un gran generador de mano de obra, pero se necesita una cantidad importante de técnicos altamente especializados. Contó a este semanario que, con ese objetivo, en setiembre comenzará un curso de producción de cine y TV que dictará la Academia de Cine de Nueva York, con un subsidio del 75 por ciento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
Con el llamado a licitación previsto para los próximos meses, por otra parte, resurge la posibilidad de lograr una zona franca de salud destinada a usuarios extranjeros de alto poder adquisitivo. Aunque Antía comentó que los inversores interesados en explotar estos servicios «pusieron la plata en otra parte» tras fracasar un intento en la pasada administración, el diputado herrerista Rodrigo Blás –opositor de Antía en la interna blanca durante las elecciones de 2020– aseguró en su cuenta de Twitter que «está en avance la presentación de la zona franca de salud».
IMPACTO GLOBAL
En medio del optimismo oficialista, el exsubsecretario de Economía del último gobierno frenteamplista Pablo Ferreri advierte que las zonas francas no pueden ser consideradas como una herramienta para sustituir empleos que deberían crearse por inversión pública. «No alcanza con poner una zona franca, hay que aumentar la inversión pública, que bajó a nivel nacional. El presupuesto de vialidad es menor que en años anteriores y no se visualizan grandes proyectos, salvo en algunos comentarios o anuncios. Uruguay debería contar con una cantidad de proyectos de inversión pública, a la vez de fomentar las inversiones privadas y, dentro de estas, las zonas francas», señaló a Brecha.
Por otro lado, Ferreri opinó que el impuesto mínimo corporativo global, propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y avalado por los ministros de finanzas del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), impactará sobre los regímenes de exoneraciones fiscales y podría afectar la operativa de multinacionales que eligieron instalarse en zonas francas en Uruguay. El compromiso está firmado por casi todos los países en el marco del Foro de Transparencia Global de la OCDE y se aplicará a empresas que facturan más de 750 millones de dólares anuales, con un gravamen mínimo del 15 por ciento sobre sus beneficios. Ferreri cree que en una próxima etapa se ampliará a empresas con menor facturación y que «en los próximos meses» empezaremos a ver su impacto. «La cara buena es que empresas que utilizaban ingeniería financiera para pagar menos impuestos o evitar pagarlos (como Google, Amazon o Microsoft) van a empezar a pagarlos. La cara complicada es que las multinacionales que operan en zonas francas podrían pagar el mínimo global al fisco del país donde se encuentra su casa matriz. Entonces, las zonas francas dejarían de tener cero por ciento de tributos y pasarían a tener un impuesto a la renta. Esto impactaría en países de mercados pequeños, como Uruguay, que han ido usando y potenciando los regímenes tributarios para promover las inversiones y la radicación de determinadas actividades (software y biotecnología, por ejemplo), aunque todavía están en discusión excepciones al régimen de 15 por ciento», explicó el exjerarca de Economía.
Según un reporte del MEF divulgado por Uruguay XXI, las 12 zonas francas privadas de Uruguay cuentan con unas 1.100 empresas que emplean a 15.337 personas (sin considerar los no dependientes). En 2020 el 21 por ciento de las exportaciones totales de bienes de Uruguay fueron desde zonas francas. Para Ferreri, actual asesor de inversiones de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el régimen de zonas francas «es positivo» para Uruguay, porque genera empleo y está mejor remunerado que otras actividades privadas, y porque las modificaciones aprobadas durante el anterior gobierno eliminaron a las «empresas de papel», que utilizaban el régimen especial, y aseguran que todas desarrollen «una verdadera actividad económica», como reclamó la OCDE en sus auditorías. En este contexto, cree que Maldonado es un departamento «atractivo» para captar inversores y que un llamado público a presentación de proyectos permitirá elegir la mejor iniciativa de la manera más transparente.
