Sobre el trabajo doméstico y cómo los Fernández Manhard evadieron sus responsabilidades patronales
Una deuda de casi 300 mil pesos ante el bps es la consecuencia que –por ahora– debió enfrentar el matrimonio de empresarios, por contratar personal doméstico y no registrarlo o subdeclararlo ante el organismo de previsión social. Las actuaciones del banco fueron más allá de la situación que involucró a varias trabajadoras bolivianas.
Con paciencia detectivesca los inspectores del bps trabajaron y cerraron meses atrás la investigación que determinó que el matrimonio de empresarios compuesto por Javier Fernández y Nathalie Manhard evadía sistemáticamente sus obligaciones patronales ante el organismo.
Los lectores de Brecha seguro recordarán cuando, en agosto del año pasado, el semanario publicara una nota recogiendo el testimonio de tres ciudadanas bolivianas llegadas especialmente para trabajar en la casa de la familia, y que fueran sometidas a diversos grados de explotación laboral. Pues bien, la investigación no sólo concluyó que las trabajadoras decían la verdad en cuanto a las evasiones fiscales (el resto de los asuntos sigue dirimiéndose), sino que demostró que nueve trabajadoras bolivianas pasaron por la casa en el período de un año y ninguna fue inscripta en la institución. Además, el personal uruguayo que trabajó allí en los últimos tres años –14 en total– estuvo siempre subdeclarado.
Debido a estas irregularidades el matrimonio fue conminado a pagarle 295.239 pesos al bps,* según consta en el informe realizado por el banco y al que Brecha accedió. Cabe destacar que aquí no se contabilizan los adeudos a los trabajadores (que se establecen en el Ministerio de Trabajo) ni el resultado de posibles juicios que los perjudicados tienen ahora la posibilidad de entablar.
INSPECCIÓN. Inicialmente la investigación se enfocó en saber si las dos empleadas bolivianas presentes cuando el Ministerio de Trabajo (mtss) realizó una inspección en la casa familiar estaban regularizadas en el bps. Pero rápidamente –“dada la notoriedad mediática y las características especiales del personal doméstico implicado”, dice el documento– el banco decidió abarcar en su trabajo el tiempo transcurrido desde la fecha en que la familia se había establecido en la residencia (1 de agosto de 2009), hasta días antes del inicio de las actuaciones (31 de julio de 2012), sin tener en cuenta la nacionalidad de los trabajadores. Contrastando la información presentada por la familia con la del banco y las declaraciones de los involucrados, se fue construyendo la historia de la evasión de dos de los integrantes de una de las familias más ricas del país. A saber: durante el período indicado pasaron por allí 23 trabajadores, nacionales y extranjeros. En el listado de nombres al que Brecha accedió, sin embargo, no figura el de al menos una de las personas que dieron su testimonio al semanario. Y según los datos de Cotidiano Mujer,** al menos 12 personas de nacionalidad boliviana trabajaron para la familia, por lo que puede presumirse que en la reconstrucción realizada algún nombre haya quedado por el camino y las evasiones sean aun mayores.
Un aspecto que llamó la atención de los inspectores fue la alta rotación de personal. Los 23 trabajadores que pasaron por la casa en los últimos tres años debieron cubrir sólo cuatro puestos. Según los datos del bps, solamente una persona laboró durante dos años y otra durante diez meses, el resto de los uruguayos resistieron poco más de un mes, y hay dos casos con cuatro y cinco meses de permanencia.{resctrict} El recorrido de varios días en ómnibus que hacían las trabajadoras bolivianas ameritaba que permanecieran un poco más: ocho meses la que más duró; un promedio de dos meses para el resto, y las que fueron regularizadas cuando la situación explotó llevaban trabajando tres meses como máximo, y seguían empleadas al finalizar el informe a fines de octubre de 2012.
En lo que refiere al personal uruguayo, la familia tenía la “costumbre” de registrarlo en planillas separadas. Javier registraba en su empresa (véase recuadro) a los hombres (dedicados al mantenimiento y la jardinería), y Nathalie hacía lo propio con las mujeres (encargadas de las tareas dentro de la casa y el cuidado de los niños). De esa forma los recibos de sueldo eran confeccionados “en la administración de la empresa” donde trabaja, con la información que ella misma suministraba. Contrastando la información proporcionada por la familia (listado de trabajadores, recibos de sueldos –muchos sin firmar–, contratos), los inspectores determinaron que los patrones subdeclaraban los pagos a sus empleados. Por ejemplo, había contratos con salarios acordados mayores a los que figuraban en los recibos de sueldo, y el informe señala que en los registros de ambos “pudieron verificarse inconsistencias entre los montos declarados oportunamente y los importes reales abonados”, además de errores en la liquidación de horas extra.
Mientras el personal uruguayo era inscripto de esa “peculiar” forma (tal es la palabra que utiliza el informe), las bolivianas –que comenzaron a llegar en mayo de 2011 y fueron paulatinamente sustituyendo a las uruguayas– no fueron registradas hasta después de la inspección del mtss, a comienzos de agosto de 2012. En ese momento, y antes de que el bps actuara, el matrimonio intentó remendar los hechos inscribiendo a las tres que cumplían funciones en esos días. Pero optaron una vez más por formas “poco comprensibles (y de dudosa utilidad práctica)”, puesto que usaron registros de industria y comercio “claramente no idóneos para regularizar (aun a medias) al personal doméstico”, dice el documento, que también señala que las fechas de ingreso al trabajo declaradas por los patrones no eran las verdaderas. Fernández admitió, en declaración jurada, que se estableció un acuerdo para que las trabajadoras extranjeras no se tomaran el día de descanso, que sería abonado como descanso trabajado. De esa forma se evitaban las horas extras. Dijo también que los pasajes desde Bolivia eran pagados por la agencia de colocación de personal contactada, versión que difiere con lo narrado a Brecha por las empleadas, quienes aseguraron que ese costo fue, al menos en un caso, pagado por la familia y luego descontado del salario.
Entre la documentación que los Fernández Manhard entregaron al bps figuran las boletas que oficiaban de “recibos de sueldo” donde, en el mes correspondiente al egreso, los patrones hacían estampar la firma de las empleadas luego de establecer que éstas se iban teniendo claro que allí no había “nada que reclamar”.
* Como parte del personal estuvo registrado en las empresas de Manhard y otra parte en las de Fernández, el bps realizó las actuaciones por separado. La cifra publicada es la suma de las deudas imputadas a cada uno. La situación de irregularidad total de las ciudadanas bolivianas fue imputada a Fernández, y corresponde decir entonces que el grueso de la deuda recayó sobre él.
** Fue la organización que amparó y asesoró legalmente a las mujeres que brindaron su testimonio.
Ayuda memoria
En agosto de 2012 tres ex trabajadoras contaron a Brecha cómo llegaron a Montevideo con promesas de trabajo digno pero, además de no inscribirlas en el bps, los empresarios les exigieron largas jornadas de trabajo, se les anuló el tiempo libre, se les limitó el alimento y se las sometió a maltrato verbal y psicológico.
Nathalie. Ella es el “pilar” que hoy sostiene el emporio textil conformado por Parisien, la Casa de las Telas, Indian Emporium e Indian Outlet. La cadena de tiendas constituye el principal importador de ropa proveniente de China. Tiene bajo su cargo a 1.000 empleados y sus tiendas están en todo el país. Aunque el dueño es Enrique, su padre, Nathalie se encarga junto a su hermano de la gestión. En 2011 un importante conflicto de fuecys dejó clara su forma de trabajo: sueldos ínfimos, represión sindical y paupérrimas condiciones de trabajo. Uno de los testimonios recogidos por Brecha el año pasado también señaló a su padre como empleador de ciudadanas bolivianas que no eran registradas en la seguridad social.
Javier. Él es dueño de la empresa Frimaral, dedicada al diseño y desarrollo de contenedores y módulos tanto para transporte y depósito de mercadería como para soluciones habitacionales. Su padre, Alberto Fernández, es el conocido dueño de Fripur, la empresa de procesamiento de pescado famosa por las multas que ha debido pagar a causa de la sistemática violación de las leyes laborales y su constante represión sindical.
El caso sigue abierto
El pasado 3 de mayo en el programa radial En Perspectiva se informó que el Poder Judicial había archivado el caso que vincula a la familia Fernández Manhard en una presunta red de trata de personas. Sin embargo, el fiscal de la causa, Juan Gómez, desmintió el dato y aseguró que el expediente radicado en el juzgado del crimen organizado, a cargo del juez Néstor Valetti, sigue abierto. El pasado 19 de enero las autoridades nacionales enviaron a Bolivia un exhorto para que colaborara con la investigación, puesto que varias testigos viven en el país andino. Hasta la fecha el juzgado uruguayo no recibió respuesta.