Terapia grupal – Brecha digital

Terapia grupal

Diputadas del MPP y de Asamblea Uruguay recomiendan votar en contra del gobierno en un polémico proyecto sobre las funciones de los fisioterapeutas, resistido por los médicos fisiatras.

Consultorio de fisioterapia - Foto PRESIDENCIA.

Lobby, cabildeo: “Colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad”. En la política estadounidense, a juzgar por Hollywood, es casi una profesión liberal, donde el “vos me das, yo te doy” puede perfectamente quedar estampado en un documento formal. En Uruguay el lobby es el arte discreto de explotar relaciones y deslizar sugerencias al estilo de lo que popularmente se atribuye a la masonería.

Un ejemplo de lobby es el interesante y revelador proceso de elaboración y reelaboración de un proyecto de ley para definir y reglamentar la actividad de los profesionales fisioterapeutas, unos 1.500 licenciados de Udelar.

El prolongado recorrido de los fisioterapeutas en pos de definir por ley sus funciones y competencias –y su colegiación– tuvo una instancia decisiva en 2012 cuando concluyó sus trabajos una comisión tripartita integrada por delegados del Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República y la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay. El resultado fue un proyecto de ley que el ministerio elevó a la Presidencia para su análisis en el Consejo de Ministros.

Con la firma del presidente Mujica y de la totalidad de los ministros, el proyecto fue cursado al Poder Legislativo en setiembre de 2012. Ingresó en la Cámara de Diputados y fue derivado a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social en marzo de 2013. En julio la comisión, presidida por el colorado Daniel Bianchi e integrada por el blanco Antonio Chiesa, el independiente Walter Lascano (que sustituyó al miembro permanente Daniel Radío) y las frenteamplistas Ivonne Passada y Berta Sanseverino, aprobó un texto que contenía importantes modificaciones al proyecto original. La mayoría de la comisión está controlada por la oposición, pero resulta significativo que el nuevo texto fuera aprobado también por los representantes del oficialismo (Passada, mpp, y Sanseverino, Asamblea Uruguay), en una clara –y excepcional– expresión de independencia.

Los objetivos del proyecto de ley (debidamente argumentados en el texto elevado por Presidencia) fueron detallados, en una de las primeras sesiones que la comisión destinó al tema, por representantes de la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay, a partir de una solicitud de invitación cursada por el diputado frenteamplista Ruben Martínez Huelmo. Los fisioterapeutas explicaron que “nuestro perfil profesional dice que somos integrantes del equipo de salud cuyas acciones se desenvuelven en el área de la promoción, prevención, recuperación, reeducación y rehabilitación físico y sensorial a nivel individual, familiar y comunitario, lo que nos diferencia de los técnicos que éramos antes”. Informaron que “el licenciado en fisioterapia se de-sempeña en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye a las instituciones de atención médica colectiva, los seguros parciales o totales e institutos de medicina altamente especializada, en clínicas privadas, en centros de atención de la tercera edad, en clubes deportivos amateurs y profesionales y centros recreativos, en instituciones de enseñanza y en investigación en estudios vinculados a la especialidad”. Del total de fisioterapeutas, 78 por ciento trabajan en instituciones privadas de salud y 9 por ciento en instituciones públicas. Respecto de la práctica privada, el 7 por ciento trabaja en su propio consultorio y el 6 por ciento se dedica a hacerlo a domicilio; “como se ha detallado anteriormente, la mitad de quienes ejercen lo hacen en más de un empleo”.

Pero en la siguiente sesión, a la que concurrieron representantes de la Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras, encabezados por su presidenta, Graciela Borelli, el proyecto ya había recibido algunas modificaciones, según explicó el diputado Antonio Chiesa: “Quiero aclarar que el proyecto que se está analizando es el original y que los integrantes de la comisión elaboramos un proyecto modificatorio en el cual eliminamos algunos elementos que plantea la doctora Borelli”, es decir, una oportuna coincidencia. La doctora Borelli puntualizó, “con humildad”, que “es muy complicado dejar libradas a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo las funciones de los fisioterapeutas”; a su juicio “los fisioterapeutas están capacitados para el cumplimiento de un plan terapéutico prescripto por el médico o el equipo de rehabilitación”, es decir, en un plano de dependencia, que la diputada Sanseverino se encargó de argumentar: “No me gusta que en el proyecto de ley el licenciado quede como una figura que no se relaciona, que no recibe ordenanzas ni líneas de tratamiento, que se mueve solo en el universo de la medicina. Por eso nos parecía muy importante conocer vuestra opinión”. También el diputado Radío consignó que “este proyecto de ley no me gusta”, pero reconoció que “como viene con la firma de 13 ministros, uno de ellos el de Salud Pública y otro ex ministro de esa cartera, a uno le pesaba decirlo”.

Descalificada la iniciativa del Poder Ejecutivo, la discusión del proyecto incursionó en el nudo del problema: la confrontación de intereses entre fisiatras y fisioterapeutas. Por ejemplo, en la sesión del 16 de abril de 2013 se argumentó que el proyecto “podría incidir en las potestades que tienen los médicos fisiatras”, por lo que, en una segunda visita a la comisión, los representantes de la Asociación de Fisioterapeutas argumentaron que “nuestro proyecto no incide en las potestades de los médicos en general, ni en la de los médicos fisiatras en particular, porque no existen problemas de competencia entre los médicos fisiatras y los fisioterapeutas, ya que nuestra formación, nuestras funciones y nuestras competencias, son diferentes”.

La confusión, dijeron, puede explicarse por las similitudes en las denominaciones: “Nuestra relación laboral es similar, por ejemplo, a la que existe entre el psiquiatra y el psicólogo, o entre el otorrinolaringólogo y el foniatra. Nuestra función es totalmente diferenciada de la del fisiatra; trabajamos con ellos como lo hacemos con otras especialidades médicas; no trabajamos exclusivamente con el fisiatra”. Y afirmaron: “Los médicos –no sólo los fisiatras sino también otros con los que trabajamos directamente, como los intensivistas, los neurólogos, los traumatólogos, los reumatólogos, los deportólogos, los cirujanos internistas–, además de nuestros compañeros en el equipo de salud, son nuestros proveedores. Entonces, mal podríamos los fisioterapeutas embarcarnos en una competencia estéril y destructiva en pro de intereses mezquinos”.

Sin embargo quedaba claro que el punto en cuestión era consagrar la dependencia de los fisioterapeutas respecto de los fisiatras. La posición de los médicos fisiatras que concurrieron a la comisión –postura que no era avalada por el Sindicato Médico del Uruguay, ni por la Facultad de Medicina, ni por el Ministerio de Salud Pública– fue finalmente incorporada al proyecto sustitutivo, que introdujo modificaciones que los fisioterapeutas consideraron inaceptables. Por ejemplo la que establece que “según un plan terapéutico prescripto por el médico, el acto terapéutico es de su competencia, no así su prescripción”; o la que define que los fisioterapeutas pueden “efectuar los tratamientos de fisioterapia definidos por el médico y el equipo de salud en el plan terapéutico, así como evaluar los resultados en el área específica de fisioterapia”.

El respaldo a esas modificaciones fue unánime en la Comisión de Salud, y el proyecto está previsto que comience a ser debatido por la Cámara de Diputados el martes 2 de setiembre. Es posible que el presidente y sus 13 ministros se hayan equivocado notoriamente al impulsar el proyecto de ley. Pero la iniciativa de la comisión aún no fue debatida por la bancada de diputados frenteamplistas, donde muchos prefieren estudiar detenidamente el asunto antes de votar en contra del gobierno.

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