Los términos de implantación de megaproyectos transnacionales son complejos, atraviesan múltiples etapas y procedimientos, que van desde la negociación legislativa hasta la construcción de opinión pública. Aun más complejos son sus efectos, aunque se insista en reducirlos a medición de impactos. En el marco actual del Consenso de los Commodities,1 la tríada desarrollo sustentable‑responsabilidad social empresarial‑gobernanza configura una maquinaria que, a pesar de tener objetivos comunes, está en tensión.
La construcción de un sentido común afirmativo respecto de los beneficios sociales que trae consigo para el país otra planta de Upm es condición necesaria para el neodesarrollismo exitoso. La promoción de planes y programas educativos emerge, entonces, ya no como una resultante de las obligaciones sociales empresariales, sino como parte del engranaje para su implantación.
En la nota publicada el 14 de agosto de 2019 en estas páginas,2 Alma Bolón traza un mapa claro y exhaustivo que cartografía la injerencia de Upm en la educación uruguaya. Comienza señalando que debe tenerse “presente que desde hace ya tiempo Upm, bajo la forma Fundación Upm, tiene una actividad lo suficientemente intensa en Uruguay como para expandirse en todos los niveles y ramas del sistema de enseñanza: escuelas, ciclo básico, bachillerato, liceo técnico, formación docente, estudiantes de magisterio, docentes en ejercicio no titulados, docentes en ejercicio con formación de grado, posgraduación, familias de escolares, universidad, centros de investigación”. El texto –de obligada lectura– resume y a la vez desarrolla de manera relacional cómo la citada fundación ha ido desplegando y acordando el patrocinio y el apoyo económico de numerosos planes educativos, sobre todo en la zona de influencia de la futura planta. También cuáles son las obligaciones que el Estado uruguayo ha asumido y debe cumplir en relación con lo anterior: “Uruguay está obligándose a organizar y financiar políticas educativas que, explícitamente, son impuestas por una empresa extranjera ante la cual Uruguay está obligándose a rendir cuentas”.
Los impactos y las consecuencias del establecimiento de megaproyectos transnacionales no se reducen a mediciones cuantificables. Son “efectos derrame”, al decir de Eduardo Gudynas, ya que “se ‘derraman’ más allá de las medidas específicas propias de cada emprendimiento, afectando los entendimientos y sentidos de diversas políticas públicas, como las ambientales, sociales o económicas, así como los sentidos por los cuales se entiende el desarrollo, la política, la justicia, la democracia y la naturaleza”.3
El jueves 5 de setiembre hubo dos convocatorias a movilización pública. De mañana, Un Solo Uruguay anunció una concentración en las inmediaciones del Palacio Legislativo y una marcha posterior para denunciar la situación que atraviesa el sector agropecuario. A las 18 horas, la Asamblea contra Upm y su injerencia en la educación también llamó a una movilización. Dos convocatorias que partían de posiciones muy distintas y con objetivos políticos diferentes fueron, en el correr del día, asimiladas por la opinión pública como un continuo indefinido.
Sin embargo, fue en la segunda movilización que hubo manifestantes detenidos. Primero, videos particulares que capturaban persecuciones, enfrentamientos y agresiones comenzaron a circular junto con testimonios en redes sociales que describían un estado particular de inquietud. Luego, mensajes y posteos de personas en las paradas de ómnibus o las ventanas de sus casas que relataban aquello que se levantaba cual espectáculo no mediatizado: corridas, balas de goma y amenazas. Finalmente, la red, siempre una red, que a través del murmullo virtual se organizaba para darle visibilidad a lo que ya era de orden público: cinco detenidos, incomunicados y probablemente heridos. Luego, se sumarían dos detenidos más. Los siete detenidos fueron liberados el fin de semana, por no haber pruebas.
Las manifestaciones en el espacio público han sido históricamente una herramienta de gran potencia: activan y a la vez desarticulan diferentes dimensiones de la vida social y producen un efecto discursivo y político de fuerte impacto. Hay una situación regional sostenida de criminalización de la protesta; son tiempos de contradicciones, porque el sistema está en crisis de legitimidad. En este marco, la infantilización y la ridiculización de los movimientos con impronta ecologista y la invisibilización de las posiciones críticas con Upm provenientes tanto de la academia (vale decir, de la Udelar, ya que tanto la Universidad de Montevideo como la Universidad Católica son instituciones asociadas a la Fundación Upm) como de las organizaciones y los actores sociales desembocan directamente en la reproducción de fórmulas binarias: en contra o a favor del progreso, en contra o a favor del desarrollo, en contra o a favor del trabajo.
Hay preguntas que continúan siendo incógnitas. ¿Por qué se preserva la información para el inversor? ¿Se ha violado, durante el proceso, el derecho de acceso a la información pública? ¿Cómo puede interpretarse desde el presente la ley forestal aprobada en 1987? ¿Cuál fue la responsabilidad de aquellos gobernantes y cuáles los intereses proyectados? La ley de riego discutida en 2017, ¿es inconstitucional (tal como lo ha planteado la Comisión de Defensa del Agua y la Vida)? ¿Qué relaciones históricas pueden trazarse entre la forestación, los dueños de la tierra, las plantas de Upm y la situación actual de los caudales de agua del país? ¿Cómo ha sido el lazo entre la Utec y las transnacionales? ¿Por qué las universidades privadas han alcanzado el rol de formación y perfeccionamiento de educadores? ¿Con qué base de datos sobre biodiversidad cuenta el país? ¿Hay autonomía en el monitoreo de la ecodiversidad territorial a largo plazo? ¿Cuáles han sido los términos y las condiciones que se han aceptado en nombre del mantra progreso‑desarrollo?
Lo ocurrido el jueves 5 de setiembre no es un evento aislado, sino parte de este estado de excepción permanente, en el que estigmatizar las luchas en defensa de la tierra, los recursos naturales y los cuerpos en territorio es parte de las prácticas del control social que legitima la criminalización y la judicialización de la protesta. Como menciona el comunicado público de la Udelar,4 puede recordarse lo ocurrido en la Marcha por el Agua del pasado 22 de marzo: además de cultivarse un peculiar estado de nerviosismo que develaba sospecha y vigilancia, hubo represiones aisladas por calles periféricas y dos detenidos.
La construcción de subjetividades –y la desarticulación de identidades colectivas– a través de la educación es la herramienta legitimadora de las transnacionales. Esto constituye parte del entramado que los megaemprendimientos tejen como nueva forma de colonialismo y sus efectos derrame no son medibles a corto plazo ni, menos aun, cuantificables. Por eso, es de orden reiterar que no se estaba convocando a una marcha contra la pastera, sino, específicamente, “contra la injerencia de Upm en la educación”. Tampoco tenía vínculos con la concentración de la mañana ni con los intereses que promueve esa organización. La pregunta por la expansión de planes y programas en la zona de influencia de la próxima planta es una pregunta sobre la educación pública. Y también sobre las formas y los mecanismos de control que penalizan socialmente las preguntas cuando las respuestas basadas en datos cortoplacistas no son suficientes. La insistencia en subestimar y justificar la represión bajo las formas estigmatizantes y vacías del “siempre los mismos”, “inadaptados”, “ultras”, “encapuchados” que “rompen la ciudad” (el uso de las hipérboles merecería un texto aparte) hace que se diluya el foco del problema.
La disputa ya no es por el alcance crítico, sino, tal vez, más básica. El sentido único afirmativo impide distinguir las causas y, sobre todo, las diferencias entre los discursos contrarios a Upm. La intención uniformizadora de los discursos, por un lado, y la estigmatización mediática del activismo, por otro, no hacen sino alimentar ese sentido común afirmativo que silencia y reprime, que modula subjetividades.
Está claro que el contexto regional del capital no es favorable para la economía uruguaya y que, frente a esto, las inversiones supondrían una salida concreta. Pero menos auspicioso es el contexto político latinoamericano en cuanto a la defensa y la protección de la naturaleza y las comunidades. Sería oportuno, entonces, hablar de política, porque se están poniendo en el juego del mercado neodesarrollista los recursos naturales y, sobre todo, la soberanía presente y futura.
1. Svampa, Maristella (2017). “Reconfiguraciones del clivaje Norte/Sur. Una mirada desde la geografía de la extracción”. Disponible en Internet.
2. “Upm y la enseñanza pública uruguaya”, Brecha, 19‑VI‑19.
3. Gudynas, Eduardo (2015). “Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame”, en La Revista, boletín 76: 13‑23; Sociedad Suiza Americanistas, pág 15. Disponible en Internet.
4. Udelar, “Declaración sobre represión policial en la marcha contra injerencia de UPM”, http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/43782.
