Perú: la caída de Merino y el ascenso de Sagasti

Tiempos turbulentos

La movilización popular barrió con la presidencia de Manuel Merino en menos de una semana. Tras la derrota de la izquierda en el Congreso, el nuevo presidente, un ingeniero con una larga carrera en organismos internacionales, llama a poner fin a las protestas que piden una reforma constitucional y a seguir un tránsito pacífico hacia las elecciones del año próximo. Sin embargo, el descrédito de las instituciones llegó para quedarse.

Francisco Sagasti en la ceremonia de asunción presidencial, en Lima, el 18 de noviembre. b style="font-variant: small-caps;">BAFP, Luis Iparraguirre

Si hay algo estable en la política de Perú es la inestabilidad. Es difícil encontrar un gobierno en este país que se haya visto interrumpido (y no son pocos) sin dejar muertos y heridos. Y presidentes presos o procesados. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no fue la excepción; sin embargo, los coletazos de su caída han sido más prolongados de lo habitual. Tras Martín Vizcarra (2018-2020), destituido por el Congreso, y Manuel Merino, obligado a renunciar tras cinco días en el cargo por las multitudinarias manifestaciones en su contra, Francisco Sagasti asumió finalmente el cargo de primer mandatario. Llegó allí en calidad de presidente del Poder Legislativo y deberá dirigir un gobierno de transición que entregará el mando en julio, tras las elecciones del 11 de abril.

La caída de Merino comenzó la noche del sábado con la muerte del joven manifestante Jack Bryan Pintado, de 22 años, quien recibió diez perdigones de plomo de la Policía: dos en el cráneo, dos en la cara, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho. A Pintado le seguiría minutos después Inti Sotelo, de 24, impactado por cuatro disparos policiales, uno de ellos en el corazón. Jaqueado por los jóvenes en la calle, la situación del fugaz presidente era insostenible. Sin embargo, por aquellas horas el mandatario era inubicable hasta para el propio presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz. Pasada la medianoche, ante la pregunta de un medio de comunicación de qué le pediría al presidente, el jerarca respondía: «Que me conteste el whatsapp», y respecto de una posible renuncia de Merino, afirmaba no tener «ni la más remota idea». Flores-Aráoz ignoraba, también, que ya habían dimitido la mayoría de sus 18 ministros.

TERRUQUEO E INDISCIPLINA

Así de dramática, así de absurda era la situación en Perú el pasado fin de semana. Solo, exigido por el Congreso y sin siquiera el apoyo de su partido, Acción Popular, al mediodía del domingo Merino se dirigió al país para anunciar su renuncia. Entonces comenzaron los cabildeos. La primera candidata a ocupar la presidencia del Congreso, gracias a una lista consensuada por los voceros de las bancadas presentes en una sesión de emergencia, fue Rocío Silva-Santisteban, una diputada izquierdista, defensora de los derechos humanos y poeta. De inmediato se dio rienda suelta al terruqueo, peruanismo que consiste en descalificar al adversario como terrorista o proterrorista por las razones más absurdas. «¡Para esto han muerto dos jóvenes protestando en las calles! ¡Para que Julio Guzmán y su bancada morada entreguen el país a la extrema izquierda! Mañana o esta misma noche tendremos fuga de capitales, habrá despidos, parálisis de inversiones. Yo, por principios, no puedo tener una “camarada” como presidente. Mi voto es en contra», gritó con militar voz de mando Daniel Urresti, exgeneral que fuera ministro del Interior en el gobierno de Ollanta Humala y que está acusado en la Justicia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos durante los años de guerra interna en Ayacucho.

La disciplina partidaria no es una virtud del Legislativo peruano, por lo que el consenso negociado tras la candidatura de Silva-Santisteban no se reflejó en la votación. La idea rectora (reclamada al unísono por las manifestaciones callejeras) era no postular a ningún congresista que hubiera votado por la destitución de Vizcarra. Por supuesto, el hecho no era del agrado de la mayoría de los diputados, que quedaban así descartados de plano, y ese malestar se reflejó en la votación contra Silva-Santisteban. Las horas avanzaban y Perú seguía sin presidente de la república ni del Congreso. Afuera continuaba la represión.

Las protestas en Perú fueron reprimidas por la Policía, y dejaron como saldo dos muertos y varios heridos. AFP, Ernesto Benavídez

GESTOS TRADICIONALES

El lunes hubo humo blanco. Se bajó la candidatura de la poeta y, finalmente, con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, se impuso una lista única, encabezada por Francisco Sagasti Hochhausler. Ingeniero industrial, investigador y escritor de 76 años, Sagasti ocupó cargos públicos vinculados a Ciencia y Tecnología en las dictaduras de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el primer mandato de Alan García (1985-1990). El ingeniero también fue alto ejecutivo del Banco Mundial y asesor de la Unesco, las Naciones Unidas, el BID, la CEPAL, la OEA, entre otros organismos internacionales.

En su último discurso como legislador del centroderechista Partido Morado, el ahora presidente llamó a la conciliación: «Tenemos una tarea conjunta todos nosotros: debemos trabajar en el marco legal para prevenir los actos de violencia en nuestro país […]. Cuando un peruano muere, más aún si es joven, todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación. No bastó la pandemia, la crisis económica, tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para darnos cuenta de la realidad y que nos motive a trabajar». Al día siguiente, ya investido en su nueva función, realizó una autocrítica de la desprestigiada clase política peruana y llamó a que esta mejore su nivel de credibilidad. Con la presencia como invitados de honor de los familiares de los jóvenes muertos el sábado, Sagasti les pidió perdón en nombre del Estado.

Anunció, además, pero sin ahondar mucho, algunas medidas generales en temas como la corrupción, la educación y las dificultades en el acceso a la educación a distancia (sólo el 3,7 por ciento de los hogares en las zonas rurales tiene acceso a Internet, mientras que en el ámbito urbano, sin considerar Lima, la penetración es del 35,7 por ciento. En la capital la cifra llega al 61,8 por ciento). También se refirió al combate al covid-19 y llamó a la unidad y a la paz social: «Debemos remediar esto con un sentido de urgencia, dejando de lado los rencores y los resentimientos, aceptando que es indispensable trabajar juntos y reconociendo que sólo con humildad y generosidad podremos reiniciar nuestra travesía por un camino que intuyeron los próceres de la independencia. Es necesario mantener la calma. No confundamos esto, por favor, con pasividad, conformismo o resignación. Tomemos estos tiempos turbulentos como el compromiso para todos los peruanos y peruanas y cambiar esta situación».

El miércoles en la tarde presentó a su nuevo gabinete, compuesto por ocho mujeres y diez hombres. Sorprendió el regreso de Pilar Mazzetti, responsable de la salud en el gobierno de Vizcarra, una cartera que ha recibido feroces críticas por su actuación durante la pandemia, que ya provocó más de 35.300 muertes en el país. La presidencia del Consejo de Ministros, en tanto, quedó en manos de Violeta Bermúdez, una respetada abogada defensora de los derechos de la mujer y activista feminista. Designados los nuevos cargos, juraron la mayoría de ellos sobre la Biblia, por Dios y los Santos Evangelios. Y con la amenaza de que, si no ocuparan el cargo con lealtad y fidelidad, deberán rendir cuentas ante Dios y la patria…

Mientras tanto, como era de esperar siguiendo la tradición, el expresidente Merino tendrá que vérselas con la Justicia: la Fiscalía ya abrió una investigación preliminar contra él, su jefe de gabinete y su ministro del Interior por «abuso de autoridad y homicidio doloso» en el caso de los jóvenes muertos durante las protestas. Nadie puede, sin embargo, asegurar tranquilidad en el futuro que se aproxima. Mientras Sagasti comienza la transición de cara a las elecciones de abril, en la calle siguen muchos jóvenes que no están conformes y exigen una nueva constitución que reemplace a la heredada de los tiempos del fujimorismo.

Con la historiadora Natalia Sobrevilla

«No hay convicción de igualdad»

Natalia Sobrevilla es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Londres y desde 2007 enseña esa disciplina en la Universidad de Kent. Ha publicado más de una docena de artículos sobre temas de historia política, social y militar de los Andes. En este momento se encuentra terminando un libro sobre el Ejército y la creación del Estado peruano en el siglo XIX. Para ella, la causa histórica de la inestabilidad política en el Perú actual es una sola: la desigualdad. «Muchos tienen poco y pocos tienen mucho», dice a Brecha. «No hay convicción de igualdad, así de simple», agrega.

—¿Esto fue siempre así?

—Hubo intentos al inicio de la república de instaurar un sistema representativo con un sistema extendido de educación, pero no se logró, por falta de dinero o por intervención de la Iglesia, entre otras causas. Cuando llegaron los liberales, abolieron la esclavitud y compensaron a los dueños, mas no a los liberados. Abolieron también la contribución indígena, pero posibilitando, finalmente, la compra de tierras a los hacendados. En ningún caso hubo intentos de construir un Estado inclusivo ni de establecer una base tributaria. Hasta el día de hoy no se quiere pagar impuestos. El país se ha financiado con recursos naturales: el guano, el caucho, el petróleo, los minerales. El resultado es un Estado que no depende de las personas y, por ende, las deja sin derechos.

—¿Y en el siglo XX?

—José Carlos Mariátegui y la APRA [Alianza Popular Revolucionaria Americana] surgen a principios de siglo con propuestas radicales, pero de escaso éxito. Con Oscar Benavides [presidente en los períodos 1914-1915 y 1933-1939] se dan algunos cambios progresivos en la seguridad social, y con Manuel Odría [1948-1956] se amplían las carreteras y se crean grandes unidades escolares. Pero siempre se mantiene el modelo exportador. Perú tiene el liberalismo económico más arraigado de la región, con enormes desigualdades económicas, étnicas, lingüísticas. Recién a partir de la década del 80 todos pueden votar: hasta el 56 sólo votaban los hombres, luego se incorporaron las mujeres, pero aún sólo quienes sabían escribir. A eso hay que sumarle la proscripción histórica de partidos como la APRA y el Comunista.

—¿Y la revolución de Juan Velasco Alvarado?

—Velasco, en el fondo, lo que hizo fue evitar una revolución más profunda, más radical. No es que la reforma agraria le entregara tierras a cada campesino, sino a cooperativas formadas por ellos. Pero, finalmente, se exacerbaron los conflictos, por el control del agua, de las mejores tierras. En el campo de la educación, la reforma no sirvió realmente para aumentar las oportunidades de los marginados.

—¿Qué cambia en los años setenta y ochenta?

—Los fenómenos migratorios de esos años hacen posible la aparición de nuevos grupos de poder informales. Surgen personajes como «el rey de la papa» y «la reina del maíz», nacen pequeños imperios empresariales y nuevos grupos que no están ligados a los tradicionales. Además, la producción de cocaína se filtra a la economía formal mediante las operaciones de lavado. Aparece la minería informal, la extracción de madera. Todo eso genera dinero y corrupción.

—Luego vienen tiempos violentos…

—El del 79 al 92 es un período de mucha inestabilidad, con el crecimiento expansivo de la producción de droga, la monstruosa inflación del gobierno de Alan García, la aparición violenta de Sendero Luminoso y la no menos violenta reacción del Estado. A pesar de todo, Fernando Belaúnde [1980-1985] y Alan García [1985-1990] llegan al poder con mayoría en el Congreso y pueden gobernar sin mayores sobresaltos. No es el caso de [Alberto] Fujimori [1990-2000], que entonces saca los tanques a la calle, disuelve el Parlamento e impone una nueva Constitución, que sólo beneficia al poder económico: incluye, por ejemplo, la aparición del sistema privado de pensiones y la privatización de la salud y la educación. Exonera de impuestos a la educación privada, transformándola en el tercer negocio más lucrativo del país y disminuyendo su calidad. La exoneración se hizo extensiva también a la gran minería.

—El sistema político tampoco ayuda a la estabilidad.

—No. A esta inestabilidad contribuye un sistema político que no es ni presidencialista ni parlamentarista. Un híbrido en el que el Parlamento debe darle su apoyo al presidente. Sin mayoría en él, no es posible gobernar. Eso es clarísimo en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que, con una mayoría opositora fujimorista en el Congreso, termina renunciando tras una amenaza de destitución. Los dos poderes tienen bombas para lanzarse uno al otro: así lo hizo también el Ejecutivo al disolver el Congreso en el caso de [Martín] Vizcarra. Pero, además, no hay un sistema realmente representativo, los legisladores electos no dan cuenta de sus acciones a quienes los votaron, no existe esta necesaria relación entre el representante y el representado. La no reelección de los legisladores que fue votada recientemente no permite construir carreras políticas: los congresistas saben que sólo van a estar cinco años. Y en este último período las consecuencias fueron peores: sabían que sólo iban a estar un año en funciones, en el que sólo responderían a los intereses de quienes los pusieron en el Legislativo –como la minería informal y algunas universidades–. Por otro lado, el rechazo a la bicameralidad –por razones tan simples como el aumento del gasto del Estado, el desprestigio de la clase política (que, se intuye, sólo asume para engordar su billetera) y la posibilidad de que se saltaran la no reelección transformándose en senadores– impidió que exista una Cámara Alta que pueda contrapesar y subsanar las decisiones de la Cámara Baja y eso sólo aumenta el desgobierno.

—¿Por dónde podría empezar un cambio para lograr mayor estabilidad política en Perú?

Una de las demandas más interesantes de estos días es el pedido de una nueva Constitución, pero debe buscarse un modelo para formularla que no implique a los congresistas, por el descrédito que tienen. Son necesarios otros ámbitos de discusión, asambleas populares, consultas en las regiones. Sería una buena forma de empezar a dejar de ser tan desiguales.

 

Con el antropólogo Raúl Castro Pérez

Decepciones permanentes

Licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Comunicación, Cultura y Sociedad por la Universidad de Londres, Raúl Castro Pérez es en la actualidad decano de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur. Sus investigaciones se han centrado en la juventud peruana, la violencia social y el uso de los medios de comunicación.

—¿Cuál es la relación de los peruanos con la democracia?

—Pese a las severas crisis que hemos tenido en los últimos 20 años, los peruanos nos aferramos a la idea de democracia, aun cuando tenemos una altísima insatisfacción con ella, como indican permanentemente todos los estudios de opinión, incluidos el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. Esta insatisfacción tiene que ver con la debilidad de las instituciones, que demuestran estar cooptadas por la primacía de grupos de interés cuyo papel en la arena política es únicamente gestionar en beneficio propio.

—Hay mucha decepción popular…

—Los peruanos cargamos con decepciones permanentes desde la llegada a la presidencia de Alejandro Toledo [2001-2006], en aquella fugaz primavera democrática, con su Marcha de los Cuatro Suyos y sus acciones para tirar abajo el espurio régimen de Alberto Fujimori. Toledo encarnó una nueva narrativa en el siglo XXI: era quechuahablante, de un pueblo andino en la sierra norte de Perú. Representaba una esperanza, pero cayó estrepitosamente como el peor de los ladrones. Lo mismo ocurrió con el Humala de la segunda postulación, cuando cambió el polo rojo por el blanco, alejándose de la izquierda y jurando sobre la Biblia. Creo que no hay cambios radicales en el horizonte. La crisis política en Perú es sistémica, la insatisfacción es contra toda una clase política y esa insatisfacción puede hacernos oscilar entre los extremos.

—¿Qué papel ha jugado la prensa?

—Los medios son parte de esas instituciones que despiertan insatisfacción. En esta crisis, buena parte de la prensa ha jugado un papel poco decoroso, actuando con poca responsabilidad y sin encuadrar la información adecuadamente. ¿Vizcarra cometió delitos? Nadie niega que hay indicios en ese sentido, pero en ningún momento la prensa peruana contextualizó toda esta fanfarria informativa en el marco de la acción de grupos que hacen un uso mercantil de la política y vienen demoliendo la credibilidad del sistema. Los periodistas que ocupan cargos de dirección tendrían que hacer un acto de constricción y reflexionar sobre su rol en estos hechos.

—¿Las protestas peruanas están relacionadas de alguna manera con lo que ha ocurrido recientemente en Chile?

—Por supuesto. No es que haya habido una copia, sino que es una nueva cultura política emergente, compartida por millones de personas con alta competencia informativa y habilidades en las redes sociales, que tienen una misma forma de ver el mundo, de resistir el mercantilismo que ha copado la política. Son protestas llenas de despliegues artísticos, de performances, en los que los manifestantes se movilizan pensando también en el producto comunicativo, en el efecto en los medios sociales.

—¿Cuál fue el detonante de lo sucedido los últimos días?

—El detonante, la gasolina que prendió el fuego de una indignación ya acumulada por los sucesivos actos de descaro mercantilista, con casos de crimen organizado en el Poder Judicial, fue la lucha por la calidad de la educación, la lucha en defensa de la llamada reforma universitaria, comenzada bajo el gobierno de Vizcarra. Con la asunción de [Manuel] Merino se hizo flagrante que la bancada Telesup (debido a que su líder y financista, el congresista José Luna, es también dueño de la clausurada universidad Telesup) quería maniobrar para darles una oportunidad más a sus negociados. O sea, tenían ahora el camino libre para crear leyes con nombre propio y aprovechar su situación de dominio y poder para beneficio mercantil. Ello provocó una enorme indignación. Eso explica que sean los estudiantes quienes mayoritariamente salieron a la calle, pues sienten peligrar el camino de la reforma universitaria, un futuro basado en una mejor educación para los jóvenes.

—¿Habrá cambios profundos?

—Está por verse, pero no lo creo. Hay, hasta ahora, un consenso alrededor de la economía de mercado. Sí habrá demandas por un mayor monitoreo a la gestión pública. Por otro lado, todavía hay recelo para con la izquierda por la historia reciente de Sendero Luminoso. Después de esa insanía caímos en el autoritarismo represor de Fujimori. Todo eso fue un proceso traumático, que recién estamos dejando atrás.

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